Jueves 27 de febrero 2014
– En uno de los giros más drásticos de los once años de kirchnerismo, el Gobierno se comprometió a lanzar una importante emisión de deuda a elevadas tasas de interés y con garantías extraordinarias para indemnizar a Repsol por las acciones de YPF que le arrebató hace casi dos años.
La Casa Rosada y la empresa española anunciaron un acuerdo que incluye la entrega de bonos soberanos por un máximo de 6000 millones de dólares, lo que implica un incremento respecto de los 5000 millone s establecidos en el preacuerdo presentado en noviembre. Ese plus se incluyó para cubrir a Repsol de los descuentos que sufren en los mercados los títulos de la deuda pública argentina: la petrolera española se aseguró que le entrarán en caja los 5000 millones de dólares establecidos como compensación por el 51 por ciento de su participación en YPF.
La ingeniería del acuerdo contempla la entrega de cuatro tipos de bonos, con rentabilidad en dólares que va de 7 a 8,75 por ciento y que el Estado empezará a pagar el año próximo, al filo del recambio de gobierno, y saldará del todo dentro de 20 años.
El ministro de Economía y cerebro de la expropiación, Axel Kicillof, festejó el entendimiento, con el que busca mostrar al mundo su intención de «normalizar» la situación financiera del país. Lo hizo con un anuncio sosegado, lejos del tono desafiante con que en 2012 llegó a advertir que los españoles «jamás» cobrarían lo que reclamaban.
La de ayer fue una presentación pública inusual, en la que rodeaban a Kicillof el habitualmente invisible Carlos Zannini (secretario legal y técnico) y Julio De Vido (ministro de Planificación). Casi en tándem, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, demonizado durante meses por el kirchnerismo, difundía un video en el que expresaba su «satisfacción» por esta «resolución amigable» del conflicto.
El pleito ensombreció las relaciones entre la Argentina y España durante los últimos dos años.
«Hoy iniciamos una nueva etapa más potente desde el punto de vista financiero», dijo el ejecutivo catalán después de la reunión en la que el consejo de administración que él preside dio el visto bueno al acuerdo.
Por su parte, en Buenos Aires, Kicillof convocó a una conferencia de prensa en la que, con tono mesurado y el acento puesto en los aspectos técnicos, celebró el trato con el grupo español.
«El gobierno se complace en informar que Argentina y Repsol alcanzaron un acuerdo de compensación por la expropiación de YPF», abrió el ministro de Economía.
«Repsol nunca podrá recibir» en concepto del cobro de indemnización «una cifra que supere los 5000 millones de dólares» en valor de mercado, agregó Kicillof.
«El propósito de este convenio es que si bien no se está pagando en efectivo, se recononoce el pago en títulos, pero con determinado valor de mercado», explicó el funcionario, por lo que -agregó- Repsol «no va a cobrar más de lo que marca la tasación de la compañía».
Antes de la firma definitiva del contrato, falta que la junta de accionistas de Repsol apruebe la operación (está citada para el 28 de marzo) y que el Congreso vote las nuevas emisiones de deuda.
En Buenos Aires se anticipa un debate áspero: la oposición ya anticipó que pasará factura al Gobierno por su cambio de postura, de la retórica nacionalista que acompañó la estatización a la aceptación de un plan de pagos con condiciones extraordinarias, que blanquean la baja credibilidad financiera del país.
Con Kicillof y Zannini a la cabeza, el Gobierno negoció en los últimos tres meses los detalles de un entramado financiero de máxima complejidad. La gestión pasó momentos de zozobra en enero a raíz de la fuerte devaluación del peso. Pero existía una firme voluntad política de sellar la paz, que la presidenta Cristina Kirchner encuadra en otras operaciones de alto impacto, como la regularización de la deuda con el Club de París y el sinceramiento de la inflación.
Urgido de dólares, y por ende de confianza internacional, el Gobierno se avino a algunas de las pretensiones de los españoles que en los orígenes consideraba excesivas.
Según las precisiones que publicó la empresa en Madrid, entre las garantías se añade una cláusula por la cual los bonos se entregan a Repsol «pro solvendo»: la deuda sólo se dará por pagada cuando la petrolera ingrese en caja 5000 millones de dólares, ya sea con la venta anticipada o con el cobro al vencimiento.
A diferencia de lo que suele ocurrir en grandes emisiones de deuda pública, se permite a la empresa desprenderse de los títulos desde el primer día. Además, el Gobierno reconoce a Repsol el derecho a reclamar un arbitraje internacional ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en caso de incumplimientos totales o parciales. Y, además, el contrato estará protegido por el Acuerdo de Protección de Inversiones entre España y la Argentina.
La emisión más importante será de un bono nuevo (Bonar 2024) por 3250 millones de dólares, a 10 años, con una tasa del 8,75 por ciento y amortizaciones anticipadas en el cuarto año. A eso se sumarán US$ 500 millones en Bonar X (vence en 2017, con una tasa del 7 por ciento) y US$ 1250 millones en Discount 33 (20 años; a 8,26 por ciento). Este último incluye adicionalmente intereses capitalizados por US$ 500 millones, informó Repsol.
En la compañía calculan que los US$ 5000 millones nominales tendrían un valor real de mercado de entre un 10 y un 15 por ciento menos.
Para cubrir esa brecha, el Gobierno aceptó sumar eventuales emisiones de Boden 2015 (hasta US$ 400 millones), Bonar X (hasta US$ 300 millones) y Bonar 2024 (hasta US$ 300 millones).
El monto final de ese extra se definirá de acuerdo con el valor real promedio de los bonos argentinos durante los 90 días previos a la firma del contrato. Si se diera la previsión de la empresa (calculada según el comportamiento actual de los mercados), el monto de emisión final estaría entre los 5500 y los 5900 millones de dólares (a lo que se deben sumar los 500 millones de interés capitalizado del Discount 33).
El acuerdo indica que la compensación adicional no superará en ningún caso los US$ 6000 millones y aclara que Repsol se tendrá que dar por satisfecha si la cuenta si consigue embolsar US$ 4670 millones. En el improbable caso de que la venta de los bonos le reportara más de 5000 millones deberá devolver el excedente a la Argentina.
A cambio del dinero, Repsol desistirá de sus juicios contra YPF y suspenderá su demanda contra el país ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), dos obstáculos que trababan las inversiones extranjeras necesarias para explotar el megayacimiento de Vaca Muerta. (APFDigital)
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