Dos ministras designadas están en lista de morosos del Crédito Fondo Solidario

CHILE –  Javiera Herrera y Alvaro Guerrero – 08/02/2014
Claudia Barattini y Fernanda Villegas
Se trata de las futuras titulares de Cultura, Claudia Barattini, y de Desarrollo Social, Fernanda Villegas.
En el listado elaborado en enero de este año por el Consejo de Rectores también aparecen tres intendentes nombrados por Michelle Bachelet.
En 650 páginas, las universidades tradicionales informaron el nombre de todas las personas que se encontraban morosas al 31 de enero por el Crédito Fondo Solidario (antes conocido como Crédito Fiscal), que se entrega para financiar carreras de educación superior.
La publicación de este documento obedece, según se establece en el mismo texto, a una notificación a los deudores para que después la Tesorería General de la República retenga, si es que corresponde, la devolución de impuesto a la renta para saldar la obligación existente. “El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas se ve en la obligación de notificar a los deudores morosos del crédito universitario en la presente publicación (…), quienes serán sujetos de retención de impuestos por sus deudas vencidas e impagas del Crédito Solidario Universitario”, señala el texto.
Tras un cruce realizado por La Tercera, se pudo determinar que en este listado figuran dos futuras ministras, además de tres intendentes designados por Michelle Bachelet. A ellos les restan cinco días hábiles para regularizar su situación, de cinco ya transcurridos, y así se les elimine del registro.
La próxima secretaria de Cultura y las Artes, Claudia Barattini Contreras (53), figura con una deuda de 119,4 UTM -cerca de $ 4,9 millones- en la U. Metropolitana de Ciencias de la Educación.
A través de un correo electrónico, la futura ministra señaló que “contraje una deuda por crédito fiscal mientras estudié en la U. Metropolitana (Umce) en los años 80, que voy a cancelar en cuanto se reabran las oficinas de la universidad”.
Agregó: “Viví fuera de Chile durante 12 años y nunca recibí avisos de cobranza de esta deuda, razón por la cual no he regularizado esta situación hasta ahora”.
La socialista Fernanda Villegas Acevedo (50), próxima titular del Ministerio de Desarrollo Social, también aparece mencionada con una deuda de 4,79 UTM -cerca de $ 196 mil- en la U. Católica de Valparaíso. La teóloga trabajó en el comando de Bachelet y, previo a eso, acompañó a la mandataria durante su primer período en el “segundo piso” de La Moneda.
Este medio intentó contactar a la futura secretaria de Estado para conocer su versión, lo cual no fue posible.
Para chequear los registros de morosidad se revisaron los datos de cada una de las autoridades designadas y se realizó un cruce con el RUT que es entregado por el Consejo de Rectores para identificar a cada uno de los morosos. Además, se revisó que cada plantel con el que se mantiene la deuda sea el mismo que las futuras autoridades señalaron en su currículum vitae como lugar de estudio.
INTENDENTES
Los futuros intendentes que figuran en el listado son los de la Región de Antofagasta, de Atacama y del Maule.
Hugo Veloso Castro (51), próximo jefe regional de la VII Región, aparece en la lista por una deuda de 106,92 UTM ($ 4,7 millones) en la U. de Talca. Sobre esta situación, el abogado PPD, que también se desempeñó en la Seremi de Justicia, reconoció que puede tratarse de un monto que se arrastra desde el 2013 y agregó que va a regularizar su situación. “Iré a la universidad a aclarar la deuda, porque puedo tener una morosidad, pero desconocía el monto de la deuda (…). Me pondré al día”, dijo el jurista.
Valentín Volta Valencia (49), quien ocupará la cabeza de la II Región, figura con una deuda de 16,25 UTM ($ 650.000) en la U. de Tarapacá. Ya en 2012 Volta, quien también fue candidato a diputado en las últimas elecciones, figuraba como moroso del Fondo Solidario en la página web de ese plantel.
Al respecto, el democratacristiano señaló que dicha deuda existía, pero que fue cancelada a su plantel a través de dos transferencias realizadas el 31 de enero y el 1 de febrero. Dichas fechas son posteriores a la emisión del informe, lo que explicaría que figure en el documento de las instituciones tradicionales.
Además, el actual director regional del Sernac de Atacama y futuro intendente de esa región, Miguel Vargas Correa (46), aparece mencionado con una deuda de 236 UTM -casi $ 9,6 millones- en la U. de La Serena.
La autoridad señaló que dicha morosidad es inexistente, pues en diciembre del año pasado repactó con su plantel. “La deuda que aparece informada por el Consejo de Rectores ya no existe con la U. de La Serena, porque fue regularizada mediante un convenio de pago, el que ya estoy cancelando”. El socialista agregó que se trata de un “error de la institución” al no entregar sus datos actualizados para la publicación del consejo.
Previo a esta situación, en diciembre este diario informó que existían más de 3.500 funcionarios públicos que se encontraban morosos del Fondo Solidario, de los cuales cuatro eran seremis. En la nómina actual de deudores, ninguno de estos secretarios regionales ministeriales aparece como deudor.
Según establece el documento del Consejo de Rectores , la importancia del pago del crédito, al cual pueden optar jóvenes de los primeros cuatro quintiles de ingresos, es que funciona como “un fondo”. “El retorno de un crédito permite que otros jóvenes también tengan acceso a la educación universitaria”, dice el informe.
SITUACIONES PREVIAS
Previo a la aparición de estos datos, autoridades del futuro gobierno ya habían sido cuestionadas por sus antecedentes.
La primera fue la renunciada subsecretaria de Educación, Claudia Peirano, quien tiene una agencia técnica que asesoró a colegios de su ex marido, Walter Oliva (DC), junto con la publicación de una carta donde aseguraba que la prioridad no debía ser la gratuidad total en educación superior.
A este caso se suma una condena por ofensas al pudor contra el subsecretario del Ministerio de Bienes Nacionales, Miguel Moreno (PRSD), por un incidente con una mujer en el Metro de Santiago, y una querella por presuntos delitos económicos presentada contra el subsecretario de Agricultura, Hugo Lara, quien no ha sido formalizado por este casos.
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