Un estudio especializado sobre las políticas oficiales que plantea el Gobierno para la industrialización de los hidrocarburos, afirma que tanto el Plan Nacional de Desarrollo como en la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos “se pueden encontrar inconsistencias y promesas demagógicas a las regiones o poblaciones locales”. Explica que en el Plan Nacional de Desarrollo se definen tres programas específicos de industrialización de hidrocarburos: termoeléctricas, GTL y petroquímica, que hasta ahora se mencionan, pero no se desarrollan. Además, dice el estudio del Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas, del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), existe un proyecto específico referido a la ampliación de la refinería Carlos Montenegro de Sucre. Sin embargo, no se menciona cuándo se iniciará la ejecución de estos proyectos. En el capítulo referido a inversiones del periodo 2006-2010, sólo aparece un título “hidrocarburos” que representa el 2.7%, con 188 millones de dólares de inversión pública total para el periodo. Ese monto, no contempla ni siquiera el inicio de la ejecución de los proyectos mencionados en el periodo, se agrega. En tanto que en la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, se proponen tres polos de desarrollo petroquímico: Villamontes en Tarija, Entre ríos en Cochabamba, y Puerto Suárez en Santa Cruz. Sin embargo, las inversiones y la identificación de proyectos sólo se hacen para los dos primeros. El proyecto más importante mencionado es el complejo petroquímico de la provincia Gran Chaco, que incluye una planta de amoniaco-urea y otra de etileno-polietilenos, con un presupuesto conjunto para estudios de pre factibilidad de 400 millones de dólares en el año 2008. Asimismo, se menciona el proyecto de planta de fertilizantes de la provincia Carrasco, cuyo estudio de factibilidad debería estar listo para el año 2009. En lo referente a GTL (industrialización) y LGN (no industrializado), se menciona que se destinarán 30.000 dólares el año 2008 para los estudios de pre factibilidad de plantas de LGN de pequeña escala. “Esto muestra que no se asigna al tema de la industrialización la importancia que merece, en franca contradicción con el Plan Nacional de Desarrollo que plantea que las plantas de LNG alimentarán las necesidades de gas natural en los departamentos de Beni y Pando”. Recuerda que la inversión ejecutada en el sector de hidrocarburos en los años 2007 y 2008 fue exclusivamente en construcción, ampliación y mantenimiento de las redes de distribución de gas natural, es decir, no existen inversiones para la industrialización. Y la inversión propuesta para el año 2008 en estudios de pre factibilidad de las plantas petroquímicas del Chaco no se ha ejecutado. El estudio, además, advierte sobre contradicciones en la propia Constitución respecto a la propiedad de los recursos naturales. Señala que la Constitución define que esos recursos, como son hidrocarburos, agua, aire, espectro electromagnético, bosques, biodiversidades, etc., son de propiedad del pueblo y serán administrados por el Estado. Agrega que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. “El Estado ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización”, dice el Artículo 359 de la Constitución. El estudio advierte que esos conceptos pueden dar origen a varias confusiones. Por ejemplo, se incluyen los hidrocarburos que provienen de otros procesos de producción, distintos a la explotación de hidrocarburos fósiles (proyectos de combustibles obtenidos a partir de productos agrícolas o de descomposición de desechos sólidos). También cuando se menciona “comercialización”, puede incluirse la comercialización de derivados de petróleo, gasolina o diesel, y también la de gas natural por redes, dado que tanto la gasolina como el diesel, el GLP, el gas natural y otros son hidrocarburos (compuestos orgánicos de carbono e hidrógeno) “Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera ni ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores ni los podrá utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. La anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado”, dice el Artículo 357 de la Constitución. El estudio subraya que esa restricción no está incluida en los nuevos contratos petroleros. Para mayor información haga clic aquí