Después de conocer la decisión de Apple de excluirla de su lista de proveedores de estaño por el empleo  de mano de obra infantil, la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) advirtió que interrumpirá relaciones con las mineras que utilicen a menores en la producción de concentrados que se entregan a la fundición.    

“Considerando la existencia de supuesto trabajo infantil  en la cadena de suministro de concentrados de estaño de la EMV, se  asumirán acciones como la de  interrumpir relaciones comerciales con proveedores que incumplan estos  lineamientos (destinados a  erradicar el trabajo infantil)”, precisó la estatal.

Página Siete informó ayer que  el gigante tecnológico  Apple excluyó como proveedor a la EMV porque presume que utiliza mano de obra infantil para producir el estaño que le hace llegar a través de intermediarios.

La estatal  reconoció anoche  que las cooperativas mineras entregan el 10% de los concentrados de estaño que se procesan en la fundición ubicada en Oruro. Un 90% es aportado por las estatales  Huanuni y Colquiri.

Aclaró que Vinto   se encuentra comprometida con las políticas públicas nacionales orientadas a la erradicación progresiva del trabajo infantil. En ese sentido contribuyó con 13 millones de bolivianos al bono Juancito Pinto de permanencia escolar.

Añadió  que   está disponible para someterse a nuevos procesos de auditorías externas de organismos independientes y competentes, relacionados a la cadena de suministros para demostrar que sus actividades están libres de conflicto.

Además tomará acciones para poner en conocimiento de las cooperativas las regulaciones y normativa internacional con preminencia y lo establecido en la Constitución, el Código Niño, Niña y Adolescente y Ley General del Trabajo, que prohíben el trabajo de menores.  Se compromete a  difundir y aplicar esos principios normativos en su cadena de suministros.

El experto en temas mineros   Rolando Jordán aseguró que la participación de las cooperativas en el suministro de concentrados de estaño a la fundición estatal es “significativa”.
El informe Estado  de situación de niños, niñas y adolescentes que viven en el Cerro Rico y trabajan en la actividad minera, del Defensor del Pueblo, publicado en 2014,  identificó  a 145 menores de edad que realizaban actividades en los yacimientos de ese centro minero.

El informe subrayó  que casi todas las empresas dedicadas a la extracción de mineral en el Cerro Rico son cooperativas, que pagan a los menores de edad entre 1.200 y 3.400 bolivianos mensuales por  cuatro horas diarias de trabajo. “A cambio, ellos ponen en riesgo su vida, abandonan la escuela  y se les vulneran sus derechos laborales y de salud”, menciona el documento, que fue presentado por el entonces defensor Rolando Villena.

El estudio, que contó con la colaboración de la organización Tierra de Hombres-Holanda, se realizó en los sectores Robertito, La Plata, Caracoles y Pailaviri, del Cerro Rico, donde se entrevistó a los niños mineros, sus familiares, profesores y autoridades, quienes confirmaron que tenían un vínculo laboral con las cooperativas de la zona.

En ese sentido, el también economista Jordán apuntó que, basado en su experiencia “las cooperativas sí recurren al  trabajo infantil, pese a la legislación social” que protege a este segmento de la sociedad.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, negó que exista algún tipo de “explotación o trabajo infantil” en Vinto. “Queremos desmentir de manera categórica que en la Empresa Metalúrgica Vinto  trabajan niños, absolutamente  lo podemos garantizar”, recalcó.

Ramiro Paredes, asesor de las cooperativas mineras,   aseguró que  la participación de menores de edad en la fundición es “prácticamante imposible”, por la complejidad  de las labores, aunque no descartó que sí se emplee esa mano de obra en algunas  de estas asociaciones de cuentapropistas mineros.

Pese a críticas, la Ley 548 autoriza el trabajo desde los 10 años

El Estado boliviano promulgó el 17 de julio de 2014 un nuevo código de la infancia y la adolescencia (Ley 548, Capítulo VI) que autoriza con carácter excepcional y oficial el trabajo infantil a partir de los 10 años.

Esa  decisión provocó una fuerte indignación y preocupación en las organizaciones locales e internacionales de defensa de la infancia, además de las ONG que trabajan para erradicar el trabajo infantil.

“La controversia que ha desatado esta ley se debe a que nuestro país incumple los convenios internacionales, además de que vulnera los derechos a la salud, a la educación, a la recreación y al desarrollo pleno e integral de los niños”, manifestó el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en el boletín informativo titulado “Legalización del trabajo infantil”, de octubre de 2017.

En explicación del CEDLA, la Constitución Política del Estado, en los artículos 60 y 61, establece  la necesidad de velar por el interés superior de la niña, niño y adolescente, así como la prohibición del trabajo forzado y la explotación infantil, derechos que, en su análisis, se ven vulnerados con el nuevo código.

En diciembre de 2013, cuando ya la ley del sector era debatida, el presidente Evo Morales defendió el trabajo infantil, al asegurar que lo que se debe evitar es la explotación de los niños.

“No debería eliminarse el trabajo de niños, niñas y adolescentes, pero tampoco deberíamos explotar o insinuar a que trabajen. Algunos por necesidad trabajan, pero, además, eliminar el trabajo de niños es como eliminar que tengan conciencia social”, mencionó en una conferencia de prensa en La Paz.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) catalogó a la minería como una de las peores formas de trabajo infantil y, a base de la información obtenida a través del censo 2012, se conoce que esta actividad económica es la séptima en importancia que emplea a  niños en el país, con al menos 1.175 empleados en alguna cooperativa.

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