RETRATO

Las personas que sufren algún tipo de limitación permanente, también denominadas personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más vulnerables en nuestro país y en los últimos meses se ha evidenciado la marginación en la que se encuentran. Este conflicto, entre otras cosas, arrastra la interrogante acerca del número de personas que viven con algún tipo de limitación permanente o de largo plazo, entre ellas: limitaciones físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales.

Si bien se han manejado diferentes cifras sobre esta población, la encuesta de hogares del INE-2014 reporta un total de 151.882 personas que viven con algún tipo de limitación permanente; la mayoría tienen edades que están por encima de los 49 años (60%), una tercera parte se encuentra comprendida entre las edades con mayor propensión a la actividad económica (15 a 49 años), mientras que el resto son niños, niñas y adolescentes menores, de 15 años. Según esta fuente, los casos más comunes de discapacidad corresponden a la limitación auditiva que afecta al 34,2% de esta población, luego se encuentra la falta o inamovilidad de piernas reportada por el 29,7%, y la limitación visual o ceguera que aqueja al 22%. Con porcentajes menores se observa la falta o inamovilidad de brazos (13,3%), la limitación para hablar, comunicarse o conversar (13,1%) y finalmente, otro tipo de limitación entre la que destaca aquella de carácter intelectual.

Independientemente del tipo de limitación que presenten (leve, moderada, grave o muy grave), gran parte de las personas con discapacidad provienen de hogares de escasos recursos. Pero los obstáculos que deben hacer frente no solo son de tipo económico sino también aquellos relacionados con los prejuicios de una sociedad que los relega y los margina privándoles del ejercicio pleno de sus derechos.

El 29,7% de esta población no tuvo ningún tipo de oportunidad de ingreso al sistema educativo. A pesar que la Ley 223 señala que el Estado Plurinacional de Bolivia “garantiza el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo, en el marco de la educación inclusiva e integral”, las restricciones para esta población persisten hasta ahora. En 2014, el 38% de los que se encuentran en edad escolar no asistía a la escuela, otro 38% no aprobó ningún curso de la primaria y solo el 24% había llegado a la educación secundaria. Entre los mayores, de 19 años, solo el 3% pudo acceder a la educación superior.

En 2014, seis de cada diez personas con alguna limitación permanente no tenían trabajo y no estaban disponibles para trabajar, es decir que formaban parte de la población inactiva en forma involuntaria por su condición de enfermo o discapacitado. Mientras que cuatro de cada diez estaba trabajando o buscaban un trabajo activamente, es decir que formaban parte de la fuerza laboral del país.

De acuerdo con la información oficial, las personas con algún tipo de limitación permanente que tienen un trabajo representan el 1% de todos los ocupados del país con 54.190 personas. De este total, solo el 32% son asalariados o son personas que dependen de la venta de su fuerza de trabajo y de un salario fijo para subsistir, una proporción similar a la que registran los demás ocupados, lo que expresa que la norma que establece un cupo de 4% de la planilla de las empresas y entidades públicas para el empleo de este grupo de personas no se cumple.

En consecuencia, la mayoría se ocupa por su cuenta en el sector informal (68%). Las personas con discapacidad se ocupan en actividades agropecuarias, el comercio, la manufactura, actividades de alojamiento, servicio de comidas y la construcción. El 44% trabaja más de 48 horas por semana para compensar los bajos ingresos que perciben, ya sea como asalariados o independientes. La mitad de los ocupados obtiene un ingreso igual o menor a un Salario Mínimo Nacional (SMN), fijado en 1.440 bolivianos para 2014; con un ingreso de estas características, la demanda de un bono de 500 bolivianos mensuales es justa y aunque se anticipa que no resolverán su precaria situación económica, al menos les permitirá paliar sus necesidades más apremiantes.

Finalmente, solo dos de cada diez ocupados aporta para su jubilación, reflejando la desprotección social a la que están expuestos, la misma que se extiende al área de atención de su salud.

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