No se pueden cerrar compañías privadas con los argumentos de la baja productividad y rentabilidad, que se usaron para detener la producción en la textilera

Mediante el Decreto Supremo 2822, el Gobierno prohibió a los empresarios privados que cierren empresas y despidan empleados, como se hizo en la textilera estatal Enatex.

«Los conceptos y las disposiciones legales que contiene el Decreto Supremo 2765, de 14 de mayo de 2016, por ningún motivo y bajo ninguna justificación se aplicarán para el cierre de empresas y/o despido de trabajadoras en el sector privado, siendo nula de pleno derecho y sin validez legal cualquier acción que realicen a su amparo las empleadoras y los empleadores”, precisa el artículo 2 del decreto 2822.

El decreto 2765, en su parte considerativa, señala que «ante la baja productividad y rentabilidad de Enatex, es necesaria su modificación de Empresa Pública a Entidad Descentralizada”.

Esa norma determinó el cese de operaciones de la textilera estatal, que dejó sin puestos laborales a 1.000 trabajadores.

Además, dispuso su transformación en una firma de prestación de servicios denominada Servicio Nacional Textil (Senatex).

La norma especificó que la nueva compañía es una Institución Pública Descentralizada, con duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, sujeta al régimen legal de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público.

Según el ministro de Educación, Roberto Aguilar, este decreto eliminará la susceptibilidad de que el decreto de cierre de Enatex se emplee también para proceder de la misma forma en otras empresas públicas o privadas. «Con este decreto no hay ninguna posibilidad de impacto en el sector privado y público, porque el sector privado se encuadra y se rige por la Ley General del Trabajo”, aclaró.

Además, la norma garantiza que los trabajadores de sindicatos del sector público se rijan bajo la Ley General del Trabajo y no sean transferidos a otro régimen, como el de la Ley del Estatuto del Funcionario Público.

La autoridad explicó que estos dos decretos fueron aprobados en el marco de los acuerdos alcanzados con la Central Obrera Boliviana (COB).

Aguilar dijo que se esperará una respuesta escrita de la COB para reanudar el diálogo, pues queda pendiente un punto referido a la reincorporación laboral de al menos 180 trabajadores en la nueva empresa Senatex, lo cual está todavía en análisis.

No se cumplirá

El investigador del Centro de Estudios Laborales y Agrarios (CEDLA) Bruno Rojas explicó que no hay ninguna garantía de que no se cierren empresas y se despida a obreros en los sectores público y privado.

El Ejecutivo consolida cierre de la textilera con el decreto 2823

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 2823, que ratifica el cierre de Enatex y abroga una disposición anterior que dejaba bajo la regulación del Estatuto del Funcionario Público a los trabajadores de la nueva empresa Servicio Nacional Textil (Senatex).

La nueva norma modifica el artículo 2 del Decreto Supremo 2765, que determinó el cese de operaciones de la Empresa Pública Nacional Textil (Enatex) y la creación del Senatex.

«Se modifica la naturaleza jurídica de Enatex, de Empresa Pública Nacional Estratégica a Institución Pública Descentralizada con duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cuya denominación a partir de la fecha será Enatex”, expresa la norma.

Se eliminó de este artículo la parte que señalaba que la nueva empresa estaba sujeta al régimen legal de la Ley 2027 o Estatuto del Funcionario Público.

El nuevo decreto 2823, además, consolida el cierre de Enatex y el retiro de sus 800 trabajadores.
«A la publicación del presente decreto, cesarán las operaciones empresariales de Enatex debiendo procederse a la desvinculación de los trabajadores y las trabajadoras. Las obligaciones sociales generadas hasta el cambio de la naturaleza jurídica deben ser canceladas en los plazos establecidos por la normativa laboral vigente”, ratifica.

La COB planteó la recontratación de 180 de los empleados en el Senatex al amparo de la Ley General del Trabajo.

El dirigente de los trabajadores de Enatex, Gerónimo Cori, afirmó que se debe resolver la situación no sólo de los 180 que no cobraron sus liquidaciones, sino también de 266 que buscan su reinserción laboral.

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