Defensoría señala que el lugar que registró mayor cantidad de denuncias fue La Paz con 719 casos, seguido por El Alto con 390, Tarija con 188, Oruro con 174 y Beni con 117.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, alertó que la vulneración de derechos laborales se ha incrementado considerablemente y que ahora ocupa el primer lugar en denuncias recibidas por la institución en la gestión 2014. Alcanza 2.294 casos, 24% más que en 2013 cuando se recibieron 1.747 denuncias.

Las denuncias giran en torno a situaciones como la negación de salario justo, vacaciones, permisos por salud y horarios de lactancia, además de despidos injustificados, consultorías y casos recurrentes de acoso laboral. También señaló que la población más vulnerable son las mujeres, jóvenes y los niños trabajadores.

Con base en los resultados, el Defensor señaló que «el ejercicio de los derechos laborales, en general, se encuentran en situación preocupante en sus distintos componentes, especialmente por la precariedad de un alto porcentaje de los empleos, ya que la mayoría corresponden al sector privado, donde debido a la falta de normativa adecuada y de mecanismos de seguimiento y vigilancia desde el Estado, se observa el incumplimiento de derechos como la vacación, el salario justo, la estabilidad e incluso la aplicación de medidas de seguridad y protección para las y los trabajadores, además de graves falencias en el acceso a la seguridad social de corto y largo plazo”.

El departamento que registró mayor cantidad de denuncias fue La Paz con 719 casos, seguido por El Alto con 390, Tarija con 188, Oruro con 174 y Beni con 117, aunque también existe una cantidad considerable en las otras capitales y en ciudades intermedias como Llallagua, Caranavi, Puerto Suárez y Riberalta.

El informe muestra también una mayor vulneración de los derechos laborales de la mujeres por su condición de género. «Nos preocupa especialmente la situación de poblaciones específicas como las mujeres que son sometidas de manera recurrente a la discriminación, al acoso laboral y al acoso sexual en sus fuentes de trabajo, los que se ven agravados por la vigencia de un sistema patriarcal y machista que aplica altos niveles de discriminación contra las mujeres embarazadas, adultas mayores incluso las mujeres indígenas”, señaló Villena.

Según una revista Oxígeno de 2013, las mujeres, que representan 45 por ciento de la población trabajadora en Bolivia, son las más explotadas en el mercado laboral, pues reciben salarios menores a los de los varones y desempeñan sus labores en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo en el mercado informal.

En el caso del trabajo juvenil, la situación es igual preocupante, especialmente para quienes ingresan por primera vez al mercado laboral y sufren con mayor rigor la explotación, el acoso, los ingresos insuficientes y la negación de vacaciones, horas extras o estabilidad. Además se refirió a la situación de las niñas, niños y adolescentes que trabajan muchas veces en situación de alto riesgo, ante la ausencia de mecanismos de vigilancia y protección desde el Estado.

Según el CEDLA un 55,7% de los jóvenes tienen empleos informales y siete de cada 10 cuentan con empleos inestables, temporales o eventuales, con ingresos que no alcanzan ni para cubrir los alimentos básicos. Unicef sostiene que existen 850 mil niños y adolescentes trabajadores, el 58% son menores de 14 años y que el 90 % del trabajo infantil es informal.

Villena se refirió también a las limitaciones y afectación del derecho a la libre organización de trabajadoras y trabajadores en el país. «El derecho a la sindicalización es uno de los más importantes y aquí también tenemos problemas ya que la organización sindical continúa siendo vista por los empresarios y por el sector público como un mecanismo peligroso que atenta contra los intereses patronales y en muchos casos se lo proscribe directa o indirectamente”, afirmó la autoridad.

Sobre la situación de los servidoras y servidores empleados como consultores de línea que representan un porcentaje importante en el gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías, observó que están sometidos a una discriminación constante ya que las actuales leyes vigentes les niegan el derecho a la vacación, a la seguridad social e incluso a la licencia por embarazo, lo que los transforma en una especie de servidores de segunda clase que son despedidos con cada cambio de autoridades.

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