La Paz, 30 de marzo de 2010.- Trabajadores fabriles, mineros, campesinos, de educación, salud y servicios públicos, entre otros, expresaron su desacuerdo con el Anteproyecto del Código del Trabajo propuesto por el gobierno. Delegados de más de una decena de organizaciones laborales debatieron esta propuesta en la Plataforma del Derecho del Trabajo (PDT), coordinada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Si bien, el gobierno anunció la socialización del anteproyecto, los trabajadores denunciaron no haber participado en su elaboración y ni siquiera tener conocimiento de su contenido. “No se ha socializado el código (del gobierno) y en su elaboración, tampoco, ha contado con la participación de los trabajadores”, señala el secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vitaliano Mamani.
Después de 50 años el gobierno intenta adecuar el nuevo Código del Trabajo a la Constitución Política del Estado vigente, normativa legal que sustituirá a la Ley General del Trabajo y sus normas anexas. El Ejecutivo tiene previsto enviar el documento a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo para su tratamiento y posterior aprobación.
Los trabajadores interpelaron, además, el papel de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana en la aprobación del anteproyecto gubernamental “no es posible que la COB admita la aprobación de este documento, porque no es de conocimiento de los trabajadores (…) no hemos sido convocados a un solo ampliado para debatir, no solo ésta, sino otras leyes que el gobierno está aprobando”, denuncia José Luís Delgado, representante de los trabajadores de Salud Pública.
Exclusiones del código del gobierno
Pero no solamente por estas razones los trabajadores rechazan la aprobación del Anteproyecto de Código del Trabajo del gobierno, sino porque no se sienten representados en el mismo “en un Estado plurinacional incluyente como éste, el Código (del gobierno) no toma en cuenta al sector asalariado del campo, así como no lo hace el proyecto de la COB, ni siquiera la Ley General del Trabajo”, apunta Martín Quispe, representante campesino.
Al respecto, la representante de la Federación del Magisterio Urbano de La Paz, Vilma Plata considera que tampoco las demandas de su sector han sido incorporadas en el código del gobierno, tampoco en el de la COB y que incluso la Ley General del Trabajo los ha excluido desde que está en vigencia “… los maestros no tenemos muchos beneficios que tienen los asalariados. No tenemos indemnización ni desahucio; lo único que tenemos los maestros es el escalafón docente…”.
Desde la perspectiva de los trabajadores
La PDT resume la perspectiva de los trabajadores en el sentido de que una nueva norma debe superar las limitaciones históricas, exclusiones, discriminaciones y otros problemas de la legislación laboral vigente, en la perspectiva de fortalecer el ejercicio pleno de los derechos laborales –individuales y colectivos– de todos los trabajadores asalariados.
Asimismo plantea recuperar los principios del derecho del trabajo para avanzar en la consolidación de los derechos adquiridos e incor-porar otros derechos fundamentales para todos los trabajadores asalariados.