Marcela Revollo • Las burocracias sindicales avalan las acciones del MAS • 6/06/2014

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Marcela Revollo • Las burocracias sindicales avalan las acciones del MAS • 6/06/2014

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El peor conflicto por el que puede atravesar el pueblo es no tener instancias que defiendan sus derchos, peor aún cuando estas responden a intereses partidarios. Sobre este tema publica CEDLA, en el siguiente artículo.

CEDLA:

LAS BUROCRACIAS SINDICALES AVALAN LAS ACCIONES DEL MAS – ALERTA LABORAL 74

Bruno Rojas Callejas

Las dirigencias de la Central Obrera Boliviana (COB) y de organizaciones matrices nacionales de varios sectores laborales (maestros urbanos y rurales, fabriles, luz y fuerza, petroleros, mineros y otros) ya no representan los intereses de clase de los trabajadores del país por su subordinación a los intereses del gobierno de Evo Morales, que representa y defiende los intereses de los capitalistas.

Por sus frutos los conoceréis…

Las burocracias sindicales avalan las acciones del MAS

En el primer trimestre de 2014, igual que en períodos anteriores, las luchas de los trabajadores asalariados bolivianos continuaron cuestionando y resistiendo las políticas y acciones del gobierno de Morales, así como las conculcaciones de derechos por parte de los empresarios, frente a la inoperancia de las dirigencias nacionales por canalizar conquistas a tono con los intereses de los trabajadores asalariados por superar las condiciones de explotación y alta precariedad laboral reinante en la actualidad. Entre el 2011 y 2013, casi una quinta parte de los conflictos acaecidos en el país, correspondieron a las luchas de los trabajadores asalariados, esencialmente de aquellos vinculados a sindicatos de base de diversos sectores y regiones, como demostración que los trabajadores continúan luchando mientras los dirigentes transitan por el camino de la subordinación al régimen político vigente.

No debe olvidarse que en noviembre de 2013, las burocracias nacionales y dirigentes de organizaciones sociales afines al gobierno, promovieron que el ampliado nacional de los trabajadores resuelva aprobar la alianza COB-gobierno con el propósito de respaldar la candidatura de Evo Morales. A partir de entonces, los dirigentes de la COB y de otras entidades nacionales sindicales que intervinieron desde hace varios años para frenar el avance de las luchas de los trabajadores, actúan abiertamente como instrumentos preferidos para imponer muchas políticas gubernamentales repudiadas por los trabajadores de base.

La ruptura entre las dirigencias y las bases, observada en períodos anteriores, se agrandó en estos últimos años en desmedro de los derechos y reivindicaciones laborales de la clase trabajadora. Varias políticas y acciones propiciadas por el gobierno que fueron avaladas por los dirigentes nacionales y  por algunos sindicatos son una clara prueba de este estado de situación.

AVALANDO LA LEY DE PENSIONES 65

El proyecto de modificación de la ley de pensiones propuesto por el gobierno así como su aprobación e implementación posterior, fueron resistidos por la clase trabajadora que denunció su orientación neoliberal por mantener el aporte individual de los trabajadores como fuente principal de financiamiento de la jubilación, liberando a los empresarios y al Estado de su obligación, y por condenarlos a rentas miserables. Las demandas de cambio sustancial de esta medida estaban contenidas en la propuesta de modificación a la ley de pensiones elaborada tiempo atrás por la COB, la misma que fue abandonada por los dirigentes al interior de  la Comisión negociadora conformada por representantes del gobierno, de la COB, de las organizaciones nacionales de maestros urbanos, fabriles, maestros rurales, mineros y de otros sectores laborales.

Esta comisión terminó por refrendar las modificaciones a la ley de pensiones planteadas por el gobierno, desatendiendo las voces de rechazo de los trabajadores. De esta manera, las  demandas de los trabajadores, como la revisión de algo más de 30 artículos de la ley, la jubilación con el 100%, aporte tripartito como fuente de financiamiento, el cálculo de la pensión referencial de jubilación sobre los últimos 12 salarios, la participación de representantes laborales en la nueva Gestora Pública, entre otras, quedaron atrás. La negociación se redujo al incremento parcial de las escalas de la pensión solidaria, sin afectar la orientación neoliberal de la norma (Ley 430, 06/11/13). En este proceso las voces y demandas de los trabajadores fueron minimizadas por los dirigentes nacionales, imponiéndose la política gubernamental. A propósito de este hecho, el Secretario Ejecutivo de la COB no tuvo el menor reparo en señalar “Esto es un avance significativo para seguir avanzando y seguir luchando y mejorando las condiciones económicas de nuestros compañeros trabajadores del país”, en señal de sujeción a las decisiones del gobierno del MAS.

LA LEY AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PÉREZ EN MARCHA

En diciembre de 2010, fue promulgada la Ley “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” como parte de las reformas sociales promovidas por el gobierno. Previamente, el anteproyecto de ley educativa fue cuestionado por varias organizaciones de maestros urbanos y rurales por el contenido de  las bases, finalidades y orientación de la educación en el país (descolonizadora, despatriarcalizadora, científica, integral, etc.) y, particularmente, por sus  implicaciones para las condiciones laborales de los trabajadores del magisterio y la calidad de la educación. En el proceso de elaboración de esta ley, los dirigentes de las confederaciones del sector asumieron una posición no sólo acrítica, sino de abierta legitimación de su orientación y contenidos, desconociendo los cuestionamientos de las organizaciones y trabajadores de base que veían en la norma el inicio de un proceso educativo y laboral regresivo e “involutivo” (Reporte OBESS 4 a 7/02/12).

Las recientes disposiciones gubernamentales dirigidas a la implementación de la nueva malla curricular, constituyen  atentados  a los derechos de los trabajadores y la calidad de la educación: la ampliación de la carga horaria sin una remuneración correspondiente y sin infraestructura  de trabajo adecuada, la fusión de cursos, el cierre de colegios con menos estudiantes suponen la reubicación de maestros o la pérdida de derechos adquiridos. En suma, se trata de medidas que confirman las críticas y preocupaciones iniciales de los trabajadores respecto a la ley y sobre el papel político que juegan sus dirigentes nacionales.

MAYOR PRODUCTIVIDAD SIN DERECHO A HUELGA

En octubre de 2013, el gobierno de Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 1775 que determinó el pago del incentivo a la productividad para los trabajadores de la estatal Empresa Minera Colquiri equivalente a un “sueldo mensual referencial” por año, siempre y cuando se supere la meta mensual programada de producción y los trabajadores no efectúen paros o huelgas declarados ilegales (Art. 1). Si bien la norma aclara que esta última determinación no implica la renuncia al derecho a la huelga, en la experiencia nacional, todas las huelgas acaban siendo declaradas ilegales. En consecuencia, condicionar el pago del incentivo salarial a la renuncia de los obreros a realizar huelgas, significa no sólo la tácita negación de este derecho colectivo, sino la intención de incrementar la explotación laboral para conseguir mayores ingresos fiscales. Lo lamentable de todo esto es que la medida fue respaldada por los dirigentes del sindicato de la empresa y consagrada en el reglamento de aplicación del  decreto. También resulta llamativo que sea una empresa estatal la que promueva una medida conculcadora de derechos, lo que no ocurrió ni siquiera en tiempos de la transnacional Sinchy Huayra.

ABANDONO DE LA DEMANDA DEL SALARIO MÍNIMO VITAL

En 2011, varios sectores laborales afiliados a la Central Obrera Boliviana retomaron la demanda de un Salario Mínimo Vital, acorde al costo de la canasta de consumo familiar, frente a los tradicionales planteamientos de incremento salarial referido a la inflación pasada, que sellan la continuidad de la política neoliberal de contención de salarios a favor de los beneficios empresa-riales. En esa ocasión, la COB estableció el costo de una canasta familiar en 8.309 bolivianos, poniendo en evidencia los míseros salarios de la mayoría de los trabajadores y colocó en la agenda laboral la necesidad de luchar por un salario que refleje el valor real de la fuerza de trabajo en el país. De hecho, en ese año y en los siguientes, la demanda del  Salario Mínimo Vital cobró relevancia entre los trabajadores, suscitando movilizaciones de alcance nacional.

Este año, esa reivindicación fue abandonada por la dirigencia de la COB y por otras entidades nacionales afines al gobierno. A esta situación habría contribuido la alianza electoral pactada por la entidad matriz y sus acuerdos con el régimen para garantizar estabilidad política a fin de lograr un buen resultado en las elecciones. El acuerdo COB-gobierno de incremento salarial para el 2014 resulta una prueba irrefutable del grado de subordinación de la burocracia sindical a los preceptos del régimen actual.

NUEVA LEY DE MINERÍA ACORDE A LOS INTERESES EMPRESARIALES

Un reciente hecho que ratifica el rol que juegan actualmente los dirigentes nacionales tiene relación con la promulgación de la nueva ley minera. La Comisión responsable de todo el proceso de discusión y elaboración de esta norma estuvo conformada por representantes del gobierno, de los empresarios mine-ros y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia que avalaron su contenido. Como se sabe, la ley aprobada no sólo puso en evidencia la violación de algunos artículos de la CPE, sino fundamentalmente, su orientación anti estatista y anti indígena. Como concluye una investigación del CEDLA, esta medida está destinada a impulsar  la privatización de la actividad minera a través de empresas y cooperativas, al consolidar la presencia de la Gran Minería garantizándole estabilidad de las condiciones tributarias, competitividad y protegiendo sus inversiones, y al priorizar a las cooperativas que liberan al Estado de su obligación de generar empleo en el país.  Por lo tanto, relega la presencia estatal y no prioriza la industrialización de los recursos mineros (Control Ciudadano, abril 2014). Por tanto, las consecuencias adversas de esta  norma  para los intereses del país y de los trabajadores, constituyen también responsabilidad de los dirigentes de la FSTMB.

Fuente: http://www.cedla.org/content/43553

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