Julio H. Linares

No se puede negar que causó curiosidad saber si el minero boliviano rescatado, Carlos Mamani, volvía o no a su Patria luego de la invitación personal del presidente Morales. Sin embargo, cuando el minero llegó a La Paz, más curioso fue aún observar que no sólo él comunicaba que aceptaba y agradecía los ofrecimientos del Mandatario, sino que luego ministros y viceministros comentaban, con la sonrisa en la boca, que el héroe se quedaba en Bolivia. Lo que no escuché es si algún reportero les preguntó por qué creían que Carlos había salido de nuestro país. Hubiera sido interesante escuchar la respuesta. Pero claro, es evidente que convencerlo no fue fácil, pues tuvo que ponerse nomás en la mesa una pega segura de jefe en el sector público con un sueldo de 7.000 bolivianos y de premio extra una casa.

Sobradas son entonces las razones para que Carlos se quede, porque si alguna duda todavía tiene, debo decirle —con sumo respeto— que rechazar la oferta sería un desaire, no sólo para el Presidente, sino para más de 200.000 personas que en este momento (según datos del CEDLA) están buscando un empleo en las calles de nuestras ciudades y para más de un millón de personas que están trabajando hoy pero que no saben si lo harán mañana, pues se encuentran en el frío rango estadístico de población sin un trabajo estable.

Son esas personas, más otro millón de descontentos subempleados en nuestro país, que ganan un promedio de mil bolivianos —sueldo promedio mensual en el país en 2009, de acuerdo con el INE— que no verían con buenos ojos que alguien rechace un sueldo inalcanzable de 7.000 al mes. Y no sólo es eso, seguro los movimientos “sin techo” y otros 500.000 jefes de familia (de acuerdo con Caboco) se rasgarían las vestiduras si Mamani no aceptara la casita en Cochabamba. En resumen, según la ONU, todavía son seis millones de pobres en Bolivia que darían todo por tener esta oportunidad.

Quién sabe, quizá, lo que Carlos observó fue la visión de país de los líderes de nuestros vecinos chilenos y las de este nuestro terruño, que —salvando distancias— se la pasan más discutiendo sobre cierres de medios de comunicación, encarcelamiento a opositores, sexo entre adolescentes y los fabulosos cuerpos de las actrices de novelas, que de dar empleo, ¡de una vez!

Para muestra un botón, pues desde el día de la refundación de Bolivia como Estado Plurinacional, se promulgaron 45 leyes; de ellas, 31 (el 69%) tratan de normas político–institucionales (electorales), aspectos y reformas judiciales, administrativas y de acuerdos formales internacionales, que dirán los fundamentalistas son necesarias para continuar con “el proceso”.

Se observan también 11 leyes que viabilizan préstamos internacionales para ejecución de proyectos, en su mayoría de carreteras, recursos naturales y energía. Sin embargo, tan sólo existe una norma que a la larga se materializará en el manejo de la inversión pública y la dotación de servicios públicos a la población, como es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Lo malo de ésta es que lo primero que comenzó a cumplirse de su articulado es el trámite de suspensión de alcaldes y gobernadores, político por donde se lo vea.

Pero como usted puede notar, van 45 y ninguna ley delinea hasta ahora una nueva estructura del desarrollo productivo, de creación de empleo, de igualdad de oportunidades, de creación de empresas y microempresas, de atracción de la inversión y otras que se ocuparían de lo que es primordial, mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Mientras eso suceda, Mamani es un privilegiado y no cabría pensar que rechace semejante oferta.

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