Pensiones: La Central Obrera Regional de Oruro amenaza con medidas de presión si el Gobierno no consensúa el proyecto de ley.

ANF y La Prensa.- El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, aclaró que los jubilados del antiguo sistema de pensiones no serán tomados en cuenta por la nueva Ley de Pensiones para que puedan acceder al beneficio de la fracción solidaria.

“No, los jubilados del sistema de reparto tienen su propio régimen, el Estado va a seguir pagándoles como hasta ahora y la ley está siendo legislada para la gente que hoy está aportando al (nuevo) sistema (de pensiones). Las rentas (del antiguo sistema) están en un nivel aceptable”.

El analista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Carlos Arze explicó que los únicos sectores que se beneficiarán con la fracción solidaria son los actuales rentistas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y los trabajadores que actualmente realizan sus aportes para su jubilación.

“Pero los otros 126 mil jubilados del Servicio Nacional de Reparto (Senasir), ésos ya tienen sus rentas definitivas porque ellos no eran parte del (nuevo) sistema; entonces, a ellos no les van ha recalificar” para beneficiarse de la nueva norma que proyecta el Gobierno, aclaró.

El analista considera que este hecho podría causar un conflicto social porque hay personas que perciben rentas menores a las percibidas por los actuales pensionados de las Administradoras de Fondos de Pensioens, quienes van a reclamar por una nivelación de dicho beneficio.

Según el proyecto de Ley de Pensiones del Ejecutivo, las rentas de los jubilados de las AFP, cuyo número asciende a 26 mil, serán recalificados para que se incremente con recursos del Fondo Solidario, lo que no ocurrirá con los jubilados del antiguo sistema de pensiones.

El secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Felipe Machaca, lamentó que la nueva propuesta siga guardando los principios del neoliberalismo, como es el aporte individual y la exclusión de los jubilados del antiguo sistema.

Germán Charcas, dirigente de la Central Obrera Regional de Oruro, señaló que su sector decidió dar un plazo de 48 horas, hasta mañana, para que el Gobierno consensúe con todos los sectores su planteamiento normativo. Si no, se iniciará medidas de presión, que no quiso adelantar.

Mientras que el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Armando Gumucio, denunció que el Ejecutivo no consideró para nada las sugerencias que realizó su gremio y calificó a las reuniones con funcionarios gubernamentales como poco productivas e insuficientes porque, lamentablemente, prevalece la política sobre la economía.

Según el CEDLA, el proyecto de ley establece rentas bajas y advirtió que el Fondo Solidario no es estable porque podrá ser revisado cada cinco años. Según el reporte, el cálculo realizado por el Gobierno establece una renta solidaria mínima de 476 bolivianos, 679, 890, 1.110, 1.200 y 1.300 bolivianos. Éste es el primer grupo que determinó el Ejecutivo. El otro grupo de personas está relacionado a rentas desde 476 hasta 2.400 bolivianos como máximo y el último conjunto está relacionado a los mineros.

Este hecho, dice el CEDLA, es la confesión del Gobierno de que el sistema de capitalización individual sólo puede otorgar rentas bajas e insuficientes para el sostenimiento de los trabajadores en su vejez.

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