PENSIONES | Invertir en valores sin calificación de riesgo, como los de la PyME, o el uso de recursos de parte del Gobierno para inversión o gasto podrían poner en riesgo los fondos, según el investigador Carlos Arze

Respecto a las inversiones que puede realizar la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo (GPSS) con recursos de los fondos que administrará, la Ley 065 de Pensiones establece que puede invertir en valores emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) y el Banco Central de Bolivia (BCB), así como en valores emitidos por pequeñas y medianas empresas (PyME) a las que exime de contar con calificación de riesgo.

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, advierte que los recursos corren el riesgo de ser usados por el Gobierno para inversiones o gasto público ante problemas de recaudación fiscal, a causa de las bajas cotizaciones internacionales del petróleo, y también si se invierten en valores emitidos por empresas sin calificación de riesgo como las PyME.

Respecto a las inversiones que puede realizar la GPSS con recursos de los fondos que administrará, la Ley 065 dispuso que deben ser “exclusivamente en valores o instrumentos financieros de oferta pública” y en proporción de 10 por ciento de cada fondo en valores de un solo emisor o grupo de emisores vinculados; hasta 60 por ciento del monto de una misma emisión por fondo; hasta 5 por ciento en valores emitidos por PyME; y hasta 20 por ciento del capital social de una Sociedad Anónima (SA).

Arze señala que, como ya sucedió en el periodo denominado neoliberal, el Gobierno “se vea tentado a utilizar el ahorro de los trabajadores mediante su ‘privilegio’ legal de absorber sin límites los recursos de los fondos mediante títulos valores emitidos por el BCB y el TGN, para realizar inversiones o gastos”.

Afirma que no se trata de una conjetura considerando las alusiones del Vicepresidente del Estado y de otros funcionarios acerca del ahorro con que “cuenta Bolivia” para el tiempo de “vacas flacas”. Así, “el riesgo podría venir por la ineficiencia en el uso de los recursos y eventuales dificultades fiscales para honrar la deuda (…) oportuna y adecuadamente”.

Como la norma permite invertir en entidades y empresas públicas (a pesar de que no se aprobó el reglamento), Arze destaca que del total de empresas estatales, 98,4 por ciento de las utilidades en 2014 provino únicamente de tres empresas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), “lo que muestra que muchas de las empresas creadas por el Gobierno no son rentables (…) y que los ingresos (…) provienen principalmente de una empresa extractiva como YPFB, sometida a los vaivenes del mercado internacional de materias primas”.

Sobre el riesgo de invertir en PyME, Arze dice que deriva fundamentalmente de la elevada vulnerabilidad que les imprime la precariedad económica y tecnológica en la que operan y que se agrava en contextos de caída de la actividad de los sectores productivos y de los ingresos de los trabajadores asalariados, que constituyen su principal demanda.

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