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La Patria • Trabajadores rechazan el anteproyecto gubernamental del Código del Trabajo

Una veintena de organizaciones laborales expresaron su desacuerdo con el Anteproyecto del Código del Trabajo propuesto por el gobierno. Lamenta que el proyecto no sea “socializado” con los verdaderos actores.

Fabriles, mineros, asalariados del campo, de educación, salud y servicios públicos, entre otros, debatieron esta propuesta en la Plataforma por el Derecho del Trabajo (PDT), coordinada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

“No se ha socializado el código (del gobierno) y en su elaboración, tampoco, ha contado con la participación de los trabajadores”, denunció el secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vitaliano Mamani.

El Ministerio de Trabajo, mediante la Resolución Ministerial 131/10 ha facultado solamente a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) nominar a los delegados a los talleres de discusión, lo que habría derivado, incluso, en la participación de trabajadores sin relación laboral.

“No es posible que la COB admita la aprobación de este documento, porque no es de conocimiento de los trabajadores (…) no hemos sido convocados a un solo ampliado para debatir, no sólo ésta, sino otras leyes que el gobierno está aprobando”, denuncia José Luís Delgado, representante de los trabajadores en Salud Pública.

El Ministerio de Trabajo, que encabeza la comitiva para socializar el documento, tiene previsto entregar el documento “consensuado” el 13 de abril al Poder Ejecutivo, y luego, el 1 de mayo, enviarlo a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y posterior aprobación.

La PDT resume la perspectiva de los trabajadores en el sentido de que una nueva norma debe superar las limitaciones históricas, exclusiones, discriminaciones y otros problemas establecidos en la legislación en actual vigencia, en la perspectiva de fortalecer el ejercicio pleno de los derechos laborales -individuales y colectivos- de todos los trabajadores asalariados, sin exclusión alguna.

De manera unánime, manifestaron que todos los trabajadores del sector público, de las micro y pequeñas empresas, del campo y de otras formas de trabajo, deben ser protegidos en la nueva ley.

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