Jornada/Editorial • Unos 4 millones de ciudadanos viven en la informalidad
Mal de muchos, consuelo de tontos, señala un dicho popular. Al terminar el año, el mundo globalizado confirma un saldo desolador del desempleo con 210 millones de personas sin trabajo, la cifra más alta de la historia. Desde 2007 a la fecha se agregaron 30 millones de nuevos desempleados. El crecimiento anual de la población activa es del 1,6% (45 millones de personas), lo cual requeriría la creación de 440 millones de nuevos empleos anuales para frenar el avance del desempleo.
Bolivia no ha sido la excepción y no ha podido salir del círculo vicioso del desempleo, que en la primera década del siglo XXI ha dejado a millones de bolivianos sin trabajo, obligando a muchos a abandonar el país. Se estima que nuestro país tiene cerca de un 25% de su población total viviendo en España, Argentina. EE.UU. y otros países. Se trata de la tasa “más significativa” de América Latina en términos proporcionales, según el Defensor del Pueblo. Esto significa que más de dos millones y medio de compatriotas se fueron en busca de oportunidades.
En Bolivia el desempleo es gigantesco y se lo esconde con cifras engañosas, que cubren a la gente que sobrevive en el sector informal como si tuviese empleo fijo y digno. La Cámara Nacional de Comercio (CNC), informó de que cerca de 4 millones de bolivianos, 3,7 millones de puestos de trabajo en el país, lo que representa el 74%, se encuentran en el sector informal.
Esta informalidad afecta al aparato productivo del país, y es necesario encontrar una solución a este problema. Los casos extremos de informalidad están en Potosí, con un 81,5% y Santa Cruz, con el 71%.
Esta información se encuentra en un reciente estudio denominado: El derecho al empleo digno en el marco de las autonomías.
Los informes oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que en el último trimestre de este año Bolivia alcanzó una tasa de desempleo del 7,3%, la cual fue medida en las ciudades capitales y El Alto. Sin embargo, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), registran que la tasa de desempleo mayor, ya que existe datos escondidos bajo un aparente empleo, especialmente gente que se gana la vida con empleos temporales, revendiendo, vendiendo a comisión, que apenas consiguen algo para pasar el día. A esta gente según los indicadores oficiales no se la considera desempleada.
Lo peor es que el país se apoya en la economía informal para disfrazar el desempleo, y da pie a tremendas injusticias. El 90 por ciento de la gente que trabaja para el sector informar carece de beneficios sociales. Si se la despide no tiene indemnización, no aporta para su jubilación ni tiene seguro de salud.
Es necesario recordar que la economía informal abraza a más el 60 por ciento de la Población Económicamente Activa, es el principal generador de puestos de trabajo precarios y aporta con el 25% al Producto Interno Bruto. El sector gremial, que es mas activo opera en gran parte en la informalidad y está fuera del alcance de la protección del Estado, apoyo del sistema financiero o de las previsiones de la seguridad social.
Los artesanos, comerciantes minoristas, campesinos, talleres de diversa índole, algunos servicios, transportistas, albañiles, parte de los gastronómicos, gran parte de los manufactureros de prendas de vestir y otros mueven una economía sin la que el país no podría subsistir.
Todos este mundo de la informalidad genera un movimiento económico muy grande que, lamentablemente, por las características en las que se desenvuelve, elude el pago de impuestos y apenas aporta con el 0,8 por ciento a las recaudaciones del SIN. Lo peor es que en este campo se mimetiza los contrabandistas, los grandes y pequeños, que se acogen en el régimen simplificado para evadir el pago de impuestos.
Ha llegado el momento de que el tema de la informalidad, el desempleo y la protección social a los trabajadores, sea tomada con mayor seriedad, y se pase del discurso político a la acción y se logre incorporar a millones de bolivianos a la actividad productiva nacional legal, protegida, y contribuyente al erario nacional.
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