El Cedla prevé secuelas económicas “abrumadoras” en Bolivia por el coronavirus

Página Siete

Mientras la difundida “informalidad” del empleo obstaculiza el cumplimiento de la cuarentena, su mayor precarización –como producto de la inactividad forzada de los trabajadores– puede convertirse en un agravante severo de la situación económica, en especial del empleo, advierte un reciente análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, que sugiere acciones concretas de política pública.

“La reducida magnitud del ‘bono familia’ no permite solventar ni siquiera una canasta básica alimentaria para una familia tipo, y el retraso en su pago  contrasta con la intención gubernamental de vaciar las calles”, remarca el Cedla.

Requiere atender con prioridad las necesidades de la población trabajadora antes que la ganancia de las empresas privadas y los capitales financieros, rompiendo la rigidez de las recetas neoliberales acerca del déficit público y el endeudamiento.

Alerta la entidad académica que “un sesgo inopinadamente represivo” conspira en contra la eficacia de las acciones estatales  y genera contraproducentes reacciones populares, por lo que no se justifica la asunción de posturas autoritarias.

La superación de esta crisis, debería ser, al contrario, “un escenario para reactivar y potenciar la iniciativa y la participación de la sociedad civil, en un marco de respeto y garantía del más amplio ejercicio de los derechos humanos, sociales y políticos de todo el pueblo boliviano”, añade el pronunciamiento del Cedla ante los efectos “abrumadores” de las crisis sanitaria y sus consecuencias económicas.

Advierte que el tiempo que dure la emergencia será un período de “escasa generación –sino de ausencia total– de ingresos para más del 70% de la población urbana y otra parte importante de los productores campesinos”.

Acciones concretas

Entre las acciones concretas que sugiere el Centro de estudios está gestionar el diferimiento del pago del servicio de deuda pública externa con organismos financieros internacionales y  países acreedores, para liberar recursos de urgente necesidad, además de evaluar la condonación de impuestos a los sectores económicos más débiles, en dirección hacia una reforma tributaria más progresista.

Se debe considerar, asimismo, la compra y estocamiento de minerales por parte del Estado que “en el caso de los minerales tradicionales como el estaño, permita la estabilidad del empleo y la subsistencia de las empresas estatales, las cooperativas y las pequeñas empresas productoras, y en el caso de la producción aurífera, la obtención de ingresos fiscales, dado el creciente papel de refugio de este metal en la actual crisis”.

Alternativas para adecuar  y/o reconvertir pequeñas industrias (proveedoras de insumos médicos, de bioseguridad, de alimentos y de otros bienes básicos) por el tiempo que dure la emergencia, con el objeto de garantizar el empleo, deberían ser evaluadas, lo mismo que la necesidad de establecer el seguro de cesantía para los asalariados, beneficio  que en el corto plazo podría financiarse con los recursos acumulados en el Fondo de Colectivo de Riesgos del sistema de seguridad social.

Plantea el Cedla utilizar los recursos descontados a los gobiernos subnacionales para incentivar a las empresas petroleras trasnacionales, sería otra alternativa para generar programas de empleo e ingresos de emergencia para la población pobre de los municipios.

Las autoridades deberían asumir también las modificaciones presupuestarias y otras medidas extraordinarias de mayor alcance, “con la seguridad de que están justificadas por la utilidad pública y el bien mayor de la salud del soberano”.

Contra el coronavirus

Con todo, se subraya que el destino inmediato del gasto público debería priorizarse hacia algunas acciones de mayor impacto, especialmente al reforzamiento de la capacidad operativa del sistema sanitario.

Para evitar mayores efectos de la cuarentena social sobre la economía, se debiera incrementar la identificación de casos de contagio (mediante análisis masivos en grupos de riesgo, método aplicado exitosamente en Corea del Sur) y el consecuente aislamiento de personas contagiadas, lo que permitiría reducir la propagación del contagio y facilitaría el tratamiento de la ciudadanía contagiada.

Con una cantidad extraordinaria de recursos económicos, el gobierno puede financiar  el establecimiento de más laboratorios para los análisis y la compra de ‘kits’ de análisis; siendo recomendable una política más activa de relacionamiento con países que pueden donar  equipos de pruebas o venderlos.

El Cedla señala que ayudaría a este propósito el procesamiento más riguroso de información (sobre lugares de contagio y de recorrido de los contagiados) con herramientas informáticas, y la elaboración de mapas que se difundirían públicamente para promover la identificación voluntaria de casos potencialmente sospechosos.