A raiz de un estudio multidimensional de pobreza elaborado por el Cedla, se incorporó a la contraversia electoral un tema central: la inequidad, exclusión y pobreza en Bolivia.

Lo esperable es pasar de la controversia al análisis y la reflexión, y de las consideraciones adjetivas a la indagación sustantiva y a la formulación de propuestas frente a una problemática que afecta, según la medición por ingresos, al 36,4% de los hogares (INE 2017) y según el enfoque multidimensional al 61% de los hogares (Cedla 2017).

Ni duda cabe que el nivel de ingresos es clave para la subsistencia de los hogares, pero cabe preguntarse ¿será que la pobreza se explica solo por la disparidad de ingresos? ¿cuál es el origen de los altos niveles de inequidad? ¿no será que es tan o más importante no solo medir el nivel de pobreza, sino indagar sobre los multiples factores que la generan? El análisis multidimensional nos dice que entre los factores generadores de la pobreza, además de considerar el nivel de ingresos, corresponde incluir dimensiones del contexto político institucional, económico, social y político junto a las desigualdades en el acceso a recursos, oportunidades, poder y voz y seguridad humana, originadas en buena parte en las discriminaciones por razones de adscripción étnico cultural, de género o generacional.

En suma, de lo que se trata es de pasar del enfoque de la consideración de los ciudadanos, como seres carenciados sea por ingresos o por necesidades básicas insatisfechas, a la consideración de sujetos de derecho, es decir de propietarios legítimos de derechos exigibles a la sociedad y los gobiernos, lo cual permite indagar sobre las estructuras sociales que favorecen o limitan el acceso a recursos y al desarrollo de las oportunidades para el acceso a un nivel de vida digno.

Puesto que la condición de pobreza se origina en una dinámica social que produce desigualdad y no solo en la falta de capacidades, habilidades o destrezas de los individuos para aprovechar o usar los bienes y servicios con los que podrían contra, la desigualdad remite a condiciones estructurales, enraizadas en formas históricas, que asumen las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, generando formas particulares de discriminación y de exclusión que afectan de manera específica a los diferentes grupos de la sociedad, en función del género, la adscripción étnica o la clase social.

Por ello traducir las necesidades en derechos y los derechos en términos de políticas públicas es el primer desafío hacia un nuevo enfoque de políticas orientadas a la superación de los altos niveles de pobreza, inequidad y exclusión, bajo un enfoque de derechos humanos, puesto que la igualdad social está indisolublemente imbricada con la construcción de una sociedad democrática.

Para traducir los derechos en términos de políticas públicas es necesario trabajar no solamente del lado de la oferta de los servicios, sino también de lado de la demanda social.

Empleo, educación, salud, cultura, entendidos solo como servicios son competencia prioritaria de especialistas; sin embargo, entendidos como derechos resultan asunto y competencia de todos los ciudadanos. Por lo tanto, no debe ser más considerada la ciudadanía como un mero conjunto de carencias e incapacidades a las que se debe asistir; por el contrario, es sujeto de derecho y responsabilidad: éste es el cambio de contenido que debemos producir en las políticas públicas orientadas a la superación de la inequidad, la pobreza y la exclusión social.