El proyecto de Ley de Reforma de Pensiones prevé una serie de mecanismos para garantizar el buen manejo del aporte de los trabajadores, que será administrado por la gestora estatal, y además establece sanciones de cinco a 10 años de cárcel para los funcionarios que incurran en delitos de corrupción.

“En el tema de los administradores es de cinco a 10 años de cárcel si es que se comprueba que ellos han malversado los recursos”, dijo el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén.

Agregó que la cantidad de recursos que administrará la futura gestora pública de seguridad social es enorme y por ello el proyecto de ley prevé ocho mecanismos de control que garantizan el buen manejo de los fondos que serán invertidos en otros sectores como el fomento al desarrollo de la pequeñas, medianas y microempresas (pymes).

En este momento, las actuales administradoras de pensiones (AFP Futuro y BBVA Previsión) tienen un fondo aproximado de 4.500 millones de dólares que serán transferidos a la gestora pública.

El viceministro Guillén explicó que entre los mecanismos de vigilancia figuran la creación de un ente fiscalizador, la implementación del control social que estará conformado por los trabajadores y el sector patronal.

“Todas las inversiones que la administradora estatal haga también tienen que estar depositadas en una tercera entidad, no estará en su caja fuerte, esto para que todos sepamos dónde está y en qué se ha invertido”, manifestó la autoridad.

Agregó que se realizarán auditorías tanto a la gestora como a los fondos que administra. En ese sentido, el profesional auditor no podrá estar más de tres gestiones seguidas, es decir que será reemplazado de sus funciones en el cuarto año, lo que permitirá fiscalizar el trabajo del anterior funcionario.

Otra medida de control consiste en que cada seis meses el ente estatal de pensiones pasará un informe detallado de sus funciones tanto al Presidente de Bolivia como a la propia Asamblea Legislativa Plurinacional.

Un último mecanismo de control se refiere a que cada trabajador tendrá un reporte completo de su estado de cuenta y dónde se está invirtiendo y a cuánto asciende, agregó Guillén.

En la actualidad, esta última medida es ejecutada por las AFP, que emiten su informe cada seis meses. Sin embargo, el Órgano Ejecutivo espera reducir este tiempo.

En opinión del viceministro, los anteriores sistemas carecían de control y “eran muy discrecionales las facultades que tenían los propios administradores”, que invertían el fondo de los aportes “en lo que querían”, ya sea en compra de casas, líneas telefónicas y otros.

El proyecto fue aprobado en su estación en grande el pasado martes en la Cámara de Diputados y ayer se inició el debate y tratamiento de la norma en detalle por tiempo y materia, como sugirieron las autoridades del Órgano Ejecutivo.

SOSTENIBILIDAD

De acuerdo con Guillén, el nuevo sistema de pensiones será sostenible por lo menos 35 años, porque está muy ligado al tema demográfico y la situación económica del país.

En ese contexto, explicó que en diferentes regiones del mundo todos los sistemas de pensiones tienden a renovarse muchos años antes del término de su vigencia prevista.

“En la medida que la demografía vaya cambiando, uno tiene que ir modificando su sistema de pensiones, entonces de aquí a 20 ó 25 años ya se tendrá que empezar a analizar nuevamente las variables demográficas para empezar a hacer reformas”, sostuvo la autoridad.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas espera que a principios del próximo año se inicien los primeros trámites de jubilación bajo el nuevo sistema, que incrementa las rentas bajas de los beneficiarios.

Ejecutivo traslada iniciativa de choferes a la Asamblea

El Gobierno aceptó la propuesta de los choferes sindicalizados del país de incorporar un artículo en el proyecto de Ley de Pensiones que permita al sector acceder a un mecanismo de jubilación. La petición será planteada a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración, informó ayer el viceministro de Pensiones, Mario Guillén.

“Se va a proponer a la Asamblea, nosotros no podemos obligar (incluir ese artículo) a esta instancia”, indicó Guillén.
El artículo en cuestión señala que “los trabajadores del sector público contribuirán al sistema integral de pensiones a través de una modalidad solidaria de recaudaciones a ser definida mediante decreto supremo”.

Según Guillén, la iniciativa de los choferes viene a fortalecer el proyecto de ley porque da señales de que la población empieza a confiar en el nuevo sistema de pensiones.

Sostuvo que esto incidirá en el registro que hará la gestora pública en su primera etapa, de unos 180 mil nuevos trabajadores independientes, cuando otros sistemas en 14 años captaron sólo 30 mil personas.

Cedla quiere a trabajadores al frente de la administración

Carlos Arze, economista del Centro de Estudios Políticos y Sociales (Cedla), sugirió que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que se creará en reemplazo a las actuales administradoras de fondos de pensiones (AFP), sea dirigida por los trabajadores.
Arze señaló que esa administración debe anular los vicios del pasado, cuando los dirigentes asumían estos cargos y los recursos eran mal administrados. Para ello sugiere que el cargo sea revocable y que los sueldos no sean tan cuantiosos.

En opinión de Arze, así sí se cambiará de administración a la actual que está en manos de las AFP y que por años han dado un “servicio ineficiente” y que acumularon “dinero sin hacer nada”.

De acuerdo con el proyecto de Ley de Pensiones, el directorio de la gestora estará conformado por el presidente y cuatro directores. El presidente y los cuatro directores serán designados por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia de ternas aprobadas por dos tercios de votos de los miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados.

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