El Deber • Arce alerta que el pedido de Bs 8.390 anula inversión pública • 06/04/2013

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El Deber • Arce alerta que el pedido de Bs 8.390 anula inversión pública • 06/04/2013

ESCENARIO LABORAL

Arce alerta que el pedido de Bs 8.390 anula inversión pública

El Tesoro General del Estado tendría que desembolsar los recursos que ya están presupuestados para obras en todo el país. Expertos lanzan críticas

Agencias / EL DEBER – eldeber.com.bo

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, fue categórico al precisar que no podrá atenderse la demanda salarial de la Central Obrera Boliviana (COB), de Bs 8.390, porque anularía la inversión pública 2013 ($us 3.752 millones) en el país.

Señaló que el Tesoro General del Estado (TGE) tendría que erogar $us 3.300 millones que solo cubriría los sueldos del 8% de la masa laboral del país que pertenecen al sector público.

El 92% de la población trabajadora corresponde al sector privado. También mencionó que serán las microempresas las más afectadas en afrontar esta responsabilidad.

Otro riesgo observado por la autoridad es que se pondría en riesgo la estabilidad económica, porque se tendría un incremento del 10% en el déficit en el sector público y se tendría que incrementar las recaudaciones tributarias un 59% para poder atender la demanda salarial.

La autoridad recordó que, en la actualidad, el Tesoro General del Estado (TGE) destina para el pago de sueldos y salarios Bs 8.803 millones ($us 1.265 millones) un monto que se elevaría a Bs 29.260 millones ($us 4.204 millones), en caso de que el salario mínimo se elevara a Bs 8.390.

Los proyectos en riesgo

Destinar la plata de la inversión pública al incremento salarial significaría dejar de construir proyectos que el Gobierno ya tiene presupuestados, como el teleférico entre La Paz y El Alto, el aeropuerto de Alcantarí, en Chuquisaca; la doble vía La Paz-Oruro, el aeropuerto de Chimoré o la instalación de gas a domicilio en las urbes alteña y paceña, solo por mencionar algunos de los muchos proyectos estatales.

Ampliado de trabajadores

A la salida del ampliado previo a la reunión con el Gobierno, el secretario general de la COB, Ermo Pérez, informó de que la determinación más importante fue la de mantener la demanda de la canasta familiar de Bs 8.390.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, advirtió que la demanda de la COB puede generar inestabilidad económica y poner en riesgo las fuentes de trabajo.

Firmas unipersonales
Según el vicepresidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Guillermo Pou Mont, un incremento desproporcionado puede provocar el cierre de micro y pequeñas empresas. También se hizo notar que la realidad económica de cada empresa del país difiere de otra.

Otro aspecto de alto riesgo que se mencionó para el sector fue que la mayoría de las empresas en Bolivia son unipersonales

Claves

Realidad de las microempresas

1 Para el Gobierno, las micro y pequeñas empresas iniciaron sus operaciones, en su mayoría, con créditos del estatal Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

2 Esas pequeñas unidades empresariales, según el Ejecutivo, contribuyeron en el último sexenio a disminuir la tasa de desempleo, que en 2005 superaba el 8%, y en la actualidad descendió al 3%.

Cedla estima costo mínimo en Bs 4.532

Analistas e investigadores de economía difieren sobre las propuestas del Gobierno y de la Central Obrera Boliviana (COB) para el incremento salarial, que por un lado se encara sobre el porcentaje de la inflación anual acumulada (4,54%) y, por el otro, sobre una canasta familiar de Bs 8.309; ambos extremos son observados.

En base a una investigación realizada en 2012, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) concluye que el costo mínimo de una canasta familiar es Bs 4.532.

No obstante, más allá de las cifras de la COB y lo que pretende otorgar el Gobierno, ni siquiera un aumento del 20% al salario mínimo alcanzaría para cubrir la canasta básica.

Bruno Rojas, investigador del Cedla, va más allá cuando expone datos de 2010 y 2011 y recuerda que el 65% de los trabajadores de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz ganaban por debajo del requerimiento mínimo para costear una canasta básica, por lo que el pedido de la COB pasa más por una demanda histórica de reposición del salario.

En los últimos años se ha utilizado el porcentaje de la inflación acumulada reportada por el INE para negociar el alza salarial, pero el Gobierno ha cedido ante la presión sindical.

La inflación de 2012 fue de un 4,54%; sin embargo, la Fundación Milenio, en su boletín sobre la Inflación real en Bolivia, critica al INE por la inconsistencia técnica en el cambio del año base del IPC y la modificación en la composición de la canasta de bienes y servicios.

Sumando los incrementos salariales y comparando con la estimación de las diferencias entre la inflación con la canasta base de 2007 y la canasta base de 1991, entre 2008 y 2012, Milenio advierte que hay una pérdida para los asalariados del 27,6%. /HU

Diferencias puntuales

Disposición nacional

El salario mínimo nacional es el indicador que permite utilizar una referencia para pagar por un servicio. Es decir, nadie debe ganar menos que lo dispuesto, en este caso Bs 1.000.

Referencial como base
Sobre este monto se calcula los bonos que perciben los trabajadores, como por ejemplo el de antigüedad, de frontera y de productividad; se aplica en el sector público y privado.

Funcionarios públicos
En el país hay alrededor de 400.000 funcionarios públicos y el Gobierno ha propuesto subir un 20% al salario mínimo nacional para compensar el alza de los productos.

Alerta por recursos
Por cada punto porcentual que se incremente al salario mínimo nacional, sobre todo en salud y educación, el Estado debe erogar entre $us 10 y $us 15 millones más del Presupuesto General 2013.

Contradicción por el básico
Sobre el incremento generalizado para públicos y privados (8%) hay una contradicción. Para este año se presupuestó un 16% más para partidas de sueldos y salarios.

Aclaración necesaria
Es incierto si ese 16% es para salarios o para subir la cantidad de empleados públicos. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha brindado una explicación al respecto.

Fuente: Carlos Schlink

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