Guillermo Vilela *
Desde hace algunos años la situación de los y las trabajadoras, no ha sido de las mejores y menos aún, no han merecido la atención necesaria, de los poderosos de turno, esos personajes que manipulan los temas nacionales, para favorecer los intereses partidarios y de grupos económicos.

Los grandes avances tecnológicos y sociales del siglo XXI, no han influido significativamente, en los derechos de las y los trabajadores que han sido violados debido a la omisión de las autoridades y la ausencia de políticas públicas, para evitar la discriminación laboral, que afecta principalmente a: mujeres, adultos mayores, homosexuales, jóvenes, niños, niñas, adolescentes y migrantes.

La vigencia del D.S. 21060, contradice los avances y la intención política de los tiempos de cambio en los que nos encontramos. Los lineamientos, en la búsqueda de la no discriminación laboral, una remuneración justa y equitativa, la prohibición del trabajo forzoso y la servidumbre, la negociación colectiva, el pago de horas extras, nocturno y dominicales, aún son derechos reconocidos, pero no concretados.

La situación de las y los trabajadores continúa siendo la misma, a pesar de las buenas intensiones: 6 de cada 10 trabajadores no cubre sus necesidades mínimas, el porcentaje de subempleados por ingresos es más alto entre las mujeres (64%) que entre los hombres (57%); El Alto es la ciudad donde los salarios e ingresos del trabajo son más bajos, se ha elevando el subempleo al 72%; (según el CEDLA).

El ente regulador de las actividades laborales, que en nuestro caso viene a ser el Ministerio de Trabajo, que está seriamente limitado en su accionar, porque las atribuciones legales que le han atribuido, son insuficientes y carecen de la fuerza coercitiva. Así señala, en informes proporcionados por esa repartición estatal, que los casos que más frecuentemente requieren su atención, están relacionados con demandas de incremento salarial, el pago de beneficios sociales, despidos injustificados, estabilidad laboral, respeto al fuero sindical, e incumplimiento de convenios.

A pesar de las características populares de la actual administración gubernamental, el movimiento sindical boliviano, está afectado por las limitaciones en el ejercicio del derecho a la sindicalización. Desde la aplicación del D.S. 21060, se ha procedido a sistemáticas y frecuentes acciones en contra la sindicalización; las estrategias empresariales pasan, desde el amedrentamiento e incertidumbre laboral, hasta la marginación y discriminación en la adopción de mejores oportunidades. Estos hechos se resaltan en situaciones en empresas petroleras, bancarias, distribuidoras de energía eléctrica, e instituciones estatales.

Violaciones más frecuentes:

• Los derechos laborales de los trabajadores son burlados sistemáticamente por algunos empleadores (desconocimiento de las conquistas sociales, el pago de dominicales, la interrupción de contratos que evitan el cumplimiento de obligaciones laborales y la discriminación al embarazo de las mujeres, entre otros).
• La seguridad industrial en el país es deficiente, deficitaria y en algunos casos inexistente (existe un pleno desentendimiento y ausencia de las normas de seguridad e higiene industrial que garanticen la seguridad de los trabajadores y la calidad de servicio).
• La seguridad social de las y los trabajadores es considerada una carga para las empresas, antes que un derecho laboral de las personas que trabajan (hemos registrado denuncias que evitan las afiliaciones y en otros casos el pago a las cajas de salud y a los fondos de pensiones).
• La falta de empleo permanente y el subempleo, continúa afectando la calidad de vida de las familias bolivianas.
Para garantizar el derecho al trabajo se deben terminar con:
• El desconocimiento de las conquistas sociales.
• La ausencia de una norma de protección de los trabajadores migrantes.
• La flexibilización y la desregulación de las relaciones laborales con las y los trabajadores.
• La penalización de la protesta social.
• La inequidad de género: falta de oportunidades y desigual salario.
• La práctica del acoso sexual en las fuentes de trabajo.
• La explotación laboral de la niñez y juventud trabajadora.
• La insuficiente cobertura del seguro social a todas y todos los trabajadores.
• La falta de empleo y la ausencia de beneficios sociales reconocidos por ley.
• El desconocimiento del derecho a la sindicalización, y autodeterminación e independencia de los sindicatos.
• La práctica de la servidumbre y explotación a las familias guaraníes cautivas.

* Director ODHPS.

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