En todos los departamentos del país, los trabajadores y las trabajadoras se movilizaron para solicitar mejores condiciones laborales, para denunciar la vulneración de sus derechos y para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados y de las sentencias que salieron a su favor, en la mayoría de los casos, de reincorporación a su fuente laboral.

CEDLA / Alerta Laboral

El año 2022 también es de lucha para los trabajadores y las trabajadoras del país. Desde el mes de enero, maestros, fabriles, personal de salud, obreros de la construcción, mineros, trabajadores municipales y de empresas públicas, entre otros, recurrieron a marchas, bloqueos, paros, huelgas de hambre y mítines para que sus demandas sean escuchadas, aunque no siempre lograron que sean atendidas. En total, hasta el 15 de abril de este año, fueron 60 los momentos en los que se movilizaron en los diferentes departamentos del país, de acuerdo a un registro realizado por el Observatorio Boliviano de Derechos Laborales y Seguridad Social (OBESS) del CEDLA¹.

Los trabajadores del sector público, es decir, maestros, personal de salud, trabajadores municipales y de empresas públicas, fueron los que más movilizaciones protagonizaron, 25 en total; seguidos de los trabajadores fabriles e industriales, con 21; y el resto de trabajadores (mineros, obreros de la construcción, trabajadores de servicios, entre otros), con 14.

Entre las principales demandas están la reincorporación de trabajadores despedidos de manera ilegal, el cumplimiento de los acuerdos y las sentencias favorables a los trabajadores, el pago de salarios y beneficios sociales adeudados, el incremento salarial, la estabilidad laboral, la asignación de más ítems y presupuesto para el sector (en el caso de maestros y trabajadores del sector salud), entre otros.

Trabajadores del sector público, los que más se han movilizado

Los médicos y los trabajadores en salud fueron los que más movilizaciones realizaron en estos primeros meses del año, 9 de las 25 del sector. Entre sus pedidos están: la dotación de más ítems y no contratos, la asignación de un mayor presupuesto para el sector y, en varios casos, la renuncia de los directores o gerentes de las oficinas nacional o departamentales de la Caja Nacional de Salud (CNS).

En este grupo, también están los trabajadores de instituciones o empresas públicas. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes casos: los trabajadores del ex Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) de la Gobernación de Tarija pedían la restitución de sus fuentes laborales; los trabajadores municipales de Sucre solicitaban que se mantengan sus contratos dentro de la Ley General del Trabajo y los trabajadores de la recientemente creada Naabol demandaban el pago de finiquitos a los trabajadores que pertenecían a Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) y que fueron recontratados por esta empresa pública.

También los maestros urbanos protagonizaron movilizaciones en diferentes puntos del país exigiendo más recursos para su sector para incrementar el número de ítems y una mejora salarial; además de rechazar el plan de optimización de cursos.

Trabajadores fabriles, más de dos años de lucha para la reincorporación

En el país hay más de 5.000 trabajadores de este sector que han sido despedidos de manera ilegal desde el año 2019 y que, pese a haber logrado más de 15 fallos favorables, aún sus demandas no han sido atendidas, de acuerdo a las declaraciones públicas de Edgar Arraya, asesor legal de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Según Arraya, son alrededor de 45 las empresas que realizaron despidos ilegales alegando casos de fuerza mayor o fortuitos.

Entre los afectados están los trabajadores de las fábricas Totai Citrus, IncerCruz, Belén y Cerámica Santa Cruz que, hasta el cierre de esta nota (18 de abril), llevan 26 días de vigilia en el Palacio de Justicia de Santa Cruz exigiendo el cumplimiento de las sentencias constitucionales de reincorporación laboral que han salido a su favor. En la misma situación están los más de 100 trabajadores de la empresa Lara Bisch, en La Paz, cuya vigilia lleva más de un año; y los trabajadores de la intersindical Incerpaz que emitieron una resolución pidiendo la reincorporación de quienes fueron despedidos en la Industria Cerámica Oruro (Inceror).

Además de estos pedidos de reincorporación, los trabajadores fabriles también se movilizaron solicitando el cumplimiento de acuerdos y convenios, el pago de salarios adeudados y de beneficios sociales.

Trabajadores de empresas chinas también exigen mejores condiciones laborales

Los trabajadores de los campamentos de Sapoco, San Rafael, Miraflores y la Fortuna de la empresa China State Construction Engineering Corporation Ltda., que se adjudicó la construcción de la carretera San José de Chiquitos-San Ignacio de Velasco en el departamento de Santa Cruz, ingresaron en paro el 31 de enero demandando el cumplimiento del convenio firmado en octubre de 2021 con la empresa, que establecía el pago de salario dominical, bono de transporte y recargo nocturno. Después de varios días de protestas, firmaron un acuerdo con la empresa el 8 de febrero.

Al respecto, hay que mencionar que, el pasado 17 de febrero, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 4668 que regula “la aplicación de los derechos laborales adquiridos por las trabajadoras y los trabajadores, sujetos al régimen laboral de la Ley General del Trabajo”. Esta norma sería, supuestamente, una respuesta a las múltiples denuncias de vulneración de derechos de los trabajadores. El decreto señala que un derecho laboral adquirido sería aquel que es “creado bajo el mandato de una ley laboral”, como también “todo aquel beneficio creado, definido o reconocido mediante contratos individuales de trabajo, convenios o contratos colectivos de trabajo o laudos arbitrales”.

Pero el caso mencionado no fue el único. Los trabajadores del Grupo 1 de la empresa Sinohydro, que está a cargo de la construcción de la planta hidroeléctrica Ivirizu en el departamento de Cochabamba, realizaron una vigilia para exigir el pago de horas extras que no fueron canceladas. Por su parte, los trabajadores de las empresas encargadas de la construcción de la Siderúrgica Mutún, junto a la Central Obrera Regional de la provincia Germán Busch, realizaron varias medidas de presión para exigir un incremento salarial. Lograron firmar un acuerdo el 2 de abril.

Además de estas demandas, los trabajadores vinculados a las empresas chinas que operan en el país denunciaron maltrato laboral, mala alimentación y la no dotación de equipos de trabajo.

El CEDLA solicitó información sobre estos conflictos al Ministerio de Trabajo y a otras instancias de los trabajadores, sin embargo, aún no se recibió una respuesta al respecto.

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1. Esta información fue recopilada por el OBESS a partir de una revisión de notas de prensa de medios de comunicación a nivel nacional y de publicaciones en las cuentas de Facebook de las centrales obreras de cada departamento.

 

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