CEDLA / Alerta Laboral

De acuerdo a la encuesta realizada por el CEDLA en julio de 2021, el acceso desigual que tiene la población a recursos monetarios y no monetarios; a oportunidades para tener trabajo, salud y educación; a participar e influir en decisiones que les afectan; y a la seguridad humana, tanto física como alimentaria, se ha profundizado con la irrupción de la pandemia del COVID-19 en 2020 y sus efectos acumulados dejan ver que esta situación no habría cambiado el año 2021¹. Tomando en cuenta que antes de la emergencia sanitaria, el 62% de la población —alrededor de 7,1 millones de personas— era pobre considerando todas estas dimensiones, la situación de los hogares es preocupante y presenta grandes desafíos para la política pública y para las organizaciones de la sociedad.

A continuación, se indican y analizan algunas de las problemáticas centrales.

Caen los ingresos monetarios de los hogares y aumenta la desigualdad

Una de las mayores repercusiones de la pandemia sobre el bienestar de los hogares bolivianos ha sido en su situación económica y en la profundización de la desigualdad de ingresos entre hogares pobres multidimensionales y no pobres. A finales de 2020, con datos de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), siete de cada 10 hogares pobres reportan un ingreso igual o menor a 1,5 salarios mínimos nacionales (SMN) o el equivalente a Bs 3.200, esta situación contrasta con el ingreso de los hogares no pobres que habrían mejorado su participación en el tramo superior de ingresos, donde seis de cada 10 tienen ingresos mayores a Bs 5.200 (2,5 SMN).

Con datos de la encuesta realizada por el CEDLA, el 65% de los hogares ha visto disminuir sus ingresos y el 80% señala que ya no les alcanza para llegar a fin de mes o les alcanza justo. Tal como sucedió al inicio de la pandemia, para cubrir sus gastos los hogares recurren al uso de sus ahorros, a la venta de activos, a un menor consumo (alimentos, educación y salud) o a nuevos préstamos en dinero y en especie. Ese mismo año, el 48% de los hogares estaba endeudado y, en la mitad de estos, se informaba que no estaban pudiendo pagar sus deudas.

Crece la inseguridad alimentaria y física de las personas

Como consecuencia de la disminución de ingresos y de las restricciones para sostener los procesos productivos en algunas regiones, los hogares —en particular los más pobres— enfrentan dificultades para acceder a los alimentos en la cantidad y calidad adecuadas. Durante el mes anterior a la encuesta, junio de 2021, cuatro de cada 10 hogares disminuyeron el consumo de alimentos nutritivos (carnes, frutas, verduras y hortalizas); dos de cada 10 no tenían alimentos suficientes para desayunar, almorzar o cenar; y en uno de cada 10 alguna persona se durmió con hambre. Esto confirma que uno de los resultados de la pérdida de ingresos durante la pandemia ha sido la mayor inseguridad alimentaria.

Por otro lado, es innegable que la seguridad física de las personas está cada vez más amenazada debido a que los efectos económicos y sociales de la pandemia han exacerbado los factores de riesgo y han debilitado los factores de protección del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes: entre enero y julio de 2021 el país había registrado 70 feminicidios y 22 infanticidios.

La pandemia ha desnudado las falencias estructurales del sistema de salud

El sistema de salud boliviano en sus tres componentes (público, privado y seguro social) se ha visto rebasado frente a la magnitud, la duración y las variantes del coronavirus. La pandemia ha desnudado fallas estructurales del sistema de salud en infraestructura, equipamiento, recursos humanos y financiamiento que resulta en el acceso inequitativo a una atención oportuna y adecuada.

La cobertura efectiva de la protección social en salud es extremadamente reducida. Mientras más del 50% de los encuestados declara estar registrado en el seguro público de salud, solo el 13% pudo tratarse del coronavirus en el mismo, una situación similar fue reportada por los asegurados a una caja de salud. En realidad, siete de cada 10 personas contagiadas se habrían tratado en su vivienda con automedicación (fármacos y remedios caseros), y entre estos, pocos tuvieron seguimiento médico.

A mediados de 2021, Bolivia se encontraba entre los países con mayor letalidad por covid-19. El 15% de los entrevistados señala que hubo alguna persona fallecida en su hogar con diferencias según área urbana y rural, en esta última la proporción disminuye al 4%. La tasa oficial de mortalidad acumulada era de 150 personas por 100 mil habitantes y apenas el 21% de la población estaba vacunada contra el virus.

Los déficits en la atención médica registrados desde el inicio de la pandemia tanto en el seguro social como en el seguro público —falta de insumos y materiales de bioseguridad, pruebas para la detección del virus, unidades de aislamiento, falta de oxígeno y medicamentos— no han sido subsanados hasta la fecha; la mayor parte de la población está excluida del ejercicio del derecho a la salud, no solo con referencia a la pandemia, sino más allá.

Maestros y alumnos sin medios y habilidades suficientes para el aprendizaje virtual

La digitalización y el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en actividades laborales y educativas han sido impulsadas por la pandemia, aunque la conectividad y el uso del internet en el país todavía son limitados. Mientras las modalidades de educación presencial y semipresencial se vieron interrumpidas por la pandemia y la insuficiente implementación de protocolos para prevenir contagios, la modalidad de educación a distancia o virtual mediante la utilización de formatos y plataformas tecnológicas diversas fue en ascenso en medio de grandes desigualdades de acceso a recursos digitales (dispositivos electrónicos, conexión a internet) y habilidades para su manejo.

La mayoría de los hogares no cuenta con conexión de internet fija para todo uso, tampoco con computadoras o celulares en un número suficiente para responder a las exigencias de la educación virtual o semipresencial, muchas veces estos dispositivos deben ser compartidos entre padres e hijos y entre hermanos dificultando el proceso de aprendizaje. En las ciudades, el 41% de los hogares tiene dispositivos solo para algunos de sus miembros o no tienen, mientras que en el campo este porcentaje llega al 84%.

En esta perspectiva, se evidencia que tanto maestros como alumnos no tienen los mismos medios y habilidades suficientes para seguir una forma de aprendizaje en línea para la que, además, no están preparados. Como resultado de los déficits señalados, una parte de los niños, niñas y adolescentes no participan regularmente en las actividades y tareas escolares o lo hacen parcialmente, aumentando el riesgo de rezago y abandono escolar.

Desempleo y aumento de la precariedad laboral: la informalidad llegó al 71%

El aumento de la inestabilidad laboral, la disminución de ingresos laborales y la falta de cobertura de los sistemas de salud y de pensiones —característicos del trabajo precario—, junto al desempleo y la inactividad forzada, muestran que el ritmo de reactivación económica en el país y su composición por sectores de actividad son insuficientes para la recuperación del empleo y para frenar el deterioro de su calidad.

Con datos a junio de cada año, la tasa de desempleo urbano aumentó de 4,9% en 2019 a 7,6% en 2021. Las mujeres y los jóvenes continúan reportando una tasa de desempleo más alta que el promedio (8,5% y 12,2%, respectivamente). Mientras la pérdida de empleos asalariados formales todavía no se logra revertir —ahora solo hay un trabajador asalariado por cada dos independientes y familiares no remunerados—, la ocupación informal o sin derechos laborales aumentó hasta el 71%, abarcando a la mitad de los asalariados y a casi todos los independientes.

Por otra parte, el derecho a un ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta de bienes y servicios, como garantía para una vida digna, está siendo ampliamente vulnerado: el 70% de los trabajadores gana menos que antes de la crisis sanitaria y seis de cada 10 tienen un ingreso igual o menor al salario mínimo nacional (Bs 2.164). Mientras unos vieron reducir y otros aumentar su jornada laboral, son las mujeres las que dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado, lo que para muchas ha significado menos empleo y pérdida de autonomía económica.

En 2019, la mitad de los trabajadores en las ciudades vivía en condición de pobreza multidimensional, de ellos, el 20% era asalariado (obreros y empleados) y el 30% era independiente (trabajadores por cuenta propia y de unidades económicas familiares); la situación de los trabajadores del campo era aún más dramática pues el porcentaje de pobres multidimensionales llegaba al 70%. Como se puede observar, contar con un empleo o una ocupación por cuenta propia no asegura que los trabajadores tengan condiciones para salir de la pobreza considerando la satisfacción plena de sus necesidades esenciales y las de sus familias.

Organizaciones con menor capacidad para afiliar, representar y prestar servicios

A mediados de 2021, solo el 25% de los entrevistados a nivel nacional pertenecía a una organización sindical o gremial, lo que ratifica el debilitamiento y la disminución progresiva de la capacidad de las organizaciones para afiliar, prestar servicios y representar demandas.

La falta de interés, la falta de tiempo, o el hecho de que no representen sus intereses o no sean útiles, son las razones que anteponen los entrevistados para no participar en alguna organización laboral o social. Lo que la mayoría percibe es que actualmente su participación y su voz tienen poca influencia en las decisiones de política y acción, vale decir que los espacios democráticos de incidencia parecen estar cerrados y eso afecta su actitud hacia la organización, participación y acción colectiva. Por tal motivo, recuperar la participación (poder) y la voz (influencia) para avanzar en la exigibilidad de derechos y vivir con dignidad es un tema de análisis y reflexión pendientes.

A un año y medio de la pandemia: incertidumbre y pesimismo

A tiempo de valorar los cambios en aspectos importantes de su vida económica y laboral durante la pandemia, para la mayoría de los entrevistados su situación empeoró o permanece igual: seis de cada 10 vieron afectados su empleo y sus condiciones de trabajo, y siete de cada 10, su economía. Tomando en cuenta el contexto económico, sanitario y político en el país, no sorprende que el 70% de la población vea el futuro con incertidumbre y pesimismo.

Este escenario plantea grandes desafíos para la política pública y las acciones gubernamentales, así como para la participación efectiva de la población en las decisiones que les afectan. Una condición para avanzar en esta perspectiva pasa por la democratización de los espacios para la deliberación e influencia de la sociedad en la construcción de caminos hacia la igualdad, la equidad y la integración social.

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1. El análisis corresponde a una síntesis del informe sobre Pobreza Multidimensional y efectos del COVID-19 en Bolivia elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Está basado en una encuesta nacional de hogares (cara a cara) aplicada entre mayo y julio de 2021. Para acceder al documento siga el siguiente enlace: https://cedla.org/publicaciones/obess/desigualdades-y-pobreza-multidimensional/serie-desigualdades-y-pobreza-multidimensional-pobreza-multidimensional-y-efectos-de-la-crisis-del-covid-19-en-bolivia-2021-2/