ESTADO Y EMPRESARIOS DEBEN APORTAR A LA JUBILACIÓN

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ESTADO Y EMPRESARIOS DEBEN APORTAR A LA JUBILACIÓN

La Paz, 8 de agosto de 2008.- Reponer el aporte tripartito (estatal-patronal-laboral) es una de las demandas de los trabajadores que han respondido a una encuesta realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Si bien un 84% de los encuestados manifiesta su disposición para cambiar de sistema –si el nuevo incluyese mejores prestaciones de salud– un 61% de esta población propone que debe recuperarse uno de los componentes del antiguo Sistema de Reparto Simple (SRS): la tripilaridad. Estos son algunos de los resultados a los que arribó el estudio del CEDLA, realizado en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y El Alto, centros urbanos donde se concentra la mayoría de las personas afiliadas a ambos sistemas de jubilación: Seguro Social Obligatorio (SSO) y Sistema de Reparto Simple (SRS). Llama la atención que un 42% apoye volver al SRS; frente a sólo 38% que recomienda la permanencia en el actual sistema SSO. Debilitamiento de la solidaridad El estudio mencionado revela que el actual sistema de pensiones no responde a las perspectivas que tienen los trabajadores para garantizar su renta de vejez. Al respecto, los encuestados manifestaron que, contrariamente a lo que se esperaba, la desprotección al trabajador se ha recrudecido. Una manifestación de ello, se expresa en la Ley 3785 dictaminada el 13 de noviembre de 2007 por el presidente Evo Morales, que establece el pago de una pensión mínima equivalente a un salario mínimo nacional (Bs. 577.5) como si este pago compensara los largos años de aporte de los trabajadores que esperan una pensión que cubra sus necesidades básicas. De ahí que la demanda de los trabajadores es cambiar las condiciones para acceder a la jubilación, fijando una edad de 55 años para los varones y 50 para las mujeres y una renta que incorpore principalmente las contribuciones de los empleadores y del Estado. En el tema de cobertura de afiliados se puede evidenciar que del número de afiliados existentes sólo el 46% aporta. En1996, bajo el Sistema de Reparto, la cobertura alcanzaba a 314 mil personas y para fines del 2007; en el actual SSO, es de un poco más de un millón de personas, de ellas sólo unas 400 mil personas aproximadamente son aportantes regulares. Además de ello, se marginó de la jubilación a miles de trabajadores que no pueden ahorrar lo suficiente para una renta, considerando sus bajos ingresos y la alta inestabilidad laboral en que se encuentran. El actual sistema impuso también la lógica individualista imponiendo la mayor carga del ahorro en los trabajadores y alentó la competencia entre ellos. Pese a que alrededor de un tercio (1/3) de los trabajadores califica positivamente el principio de solidaridad del antiguo sistema y que la opción de recomendar el mantenimiento del SSO es la que ocupa el último lugar en las preferencias de los segmentos poblacionales vinculados a la seguridad social, más del 50% de los afiliados y poco más del 40% de los jubilados muestra una postura proclive al ahorro individual sobre el que se basa el SSO. Esta lógica –más arraigada en los afiliados jóvenes de 26 a 35 años– puede considerarse como una de las consecuencias más nocivas de la propagación de una cultura individualista impuesta por el neoliberalismo como respuesta a la extrema vulnerabilidad a la que se enfrenta el trabajador, enalteciendo la solución individual, exhortando al mayor sacrificio, a la frugalidad y a la competencia entre trabajadores. Los intereses empresariales continúan siendo los prioritarios Según la misma encuesta, se ha evidenciado que la percepción de los trabajadores es que con el actual SSO el objetivo empresarial es el de incrementar las ganancias; propósito que no cambia en esencia con la actual propuesta gubernamental y garantizar la acumulación del capital mediante la formación de enormes fondos para nuevas inversiones. Y aún en ese intento también la reforma neoliberal fracasó: debido a que los recursos del Fondo de Capitalización individual (3.200 millones de $us más del 20% de PIB), sólo financian gastos corrientes del Estado incrementando la deuda pública interna, la misma que es pagada posteriormente por la propia población a través de impuestos. A su vez, la ausencia de fiscalización ha permitido un elevado nivel de mora por parte de los empleadores. Además, por tratarse de recursos que provienen del salario, los trabajadores señalan que no puede admitirse injerencia ajena –privada o pública– en su administración. La falta de información sobre todo en los aportantes del nuevo sistema denota diversidad de contradicciones, entre las que destaca la lógica individualista como mecanismo para plantear la seguridad de largo plazo. El documento del CEDLA concluye que en un contexto caracterizado por una economía poco desarrollada industrialmente y la persistencia de políticas públicas favorables a los monopolios extranjeros y contrarios a los trabajadores, se reduce la probabilidad de contar con una jubilación acorde a las necesidades esenciales. Así la seguridad social, entendida como un derecho fundamental está sometida, en nuestro país, a los vaivenes de la economía y a la debilidad del Estado.

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