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Prensa Indígena • Bolivia: Críticas a la Ley de hidrocarburos

Equipo Nizkor, 27 de enero.- Surgen críticas de fondo a la modificación propuesta por el gobierno de la ley de hidrocarburos. El nuevo ministro de Hidrocarburos, Luis Fernando Vincenti, prometió ayer, sábado, que en su gestión se realizarán avances significativos en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos para cumplir con los compromisos de provisión de gas a mercados externos. Vincenti, hizo este anuncio a los medios tras el acto en que el presidente Evo Morales nombró a su nuevo gabinete de Gobierno en el inicio de su segundo mandato. Señaló que una de las principales tareas del Ministerio de Hidrocarburos será “avanzar significativamente en la exploración y desarrollo de campos petroleros” para que el país pueda cumplir con sus “compromisos internacionales y generar excedentes para la industrialización” del gas. En Bolivia, que exporta gas natural a Brasil y Argentina, opera una docena de trasnacionales de los hidrocarburos, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la británica British Gas y la franco-belga TotalFinaElf. Otra de las metas del nuevo ministro será “cerrar el déficit de abastecimiento” de combustibles para el mercado interno. En los últimos años, el país ha tenido que importar gasóleo e incluso gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) para atender la demanda local de estos energéticos. Fernando Vincenti, un ingeniero nacido en Santa Cruz, fue miembro del directorio de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en los últimos cuatro años y reemplaza en el cargo a Óscar Coca, que pasó a hacerse cargo del Ministerio de la Presidencia. Por su parte, el nuevo ministro de Minería, el ex dirigente sindical Milton Gómez, afirmó que una de sus principales misiones será “reactivar” la minería en las áreas estatal, pequeña, privada y cooperativista, además de aprobar la nueva normativa que regirá a ese sector. Gómez también tiene el desafío de continuar la labor desarrollada por su antecesor, Luis Alberto Echazú, en el proyecto para la industrialización del litio del salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, con el fin de “generar recursos económicos para el país”. El Gobierno de Evo Morales está levantando actualmente en ese yacimiento una planta piloto para producir carbonato de litio en pequeña escala que comenzará a operar plenamente este año. »»Surgen observaciones a proyecto de nueva ley.- La exploración y explotación de yacimientos hidrocarburíferos, la renta petrolera, el fortalecimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los derechos indígenas y la protección del medio ambiente son algunos de los puntos que son observados en el proyecto de la nueva ley de Hidrocarburos. Para el analista económico Hugo del Granado este proyecto de ley “está repitiendo más de lo mismo” y se inmiscuye en el ámbito político e ideológico. “La Ley de Hidrocarburos debería ser un instrumento estrictamente técnico que es producto de un régimen y marco jurídico establecido en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, lo que vemos son enormes párrafos en los que se hacen planteamientos de carácter ideológico que no deberían estar incluidos en un instrumento como debería ser la ley”, señaló Del Granado. Gustavo Rodríguez Cáceres, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) identificó -además de los cinco puntos que debilitan el nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos- inconsistencias en el carácter institucional de la estatal petrolera. Además, la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) difundió un diagnóstico del Ministerio de Hidrocarburos y Energía -preparatorio para la reformulación de la ley sectorial- en el que se señalaba que las negociaciones y las consultas a los pueblos indígenas respecto a la explotación de yacimientos frenaban la inversión petrolera en el país por lo que debían reglamentarse. Tales declaraciones fueron criticadas por sectores ambientalistas así como por representantes de los pueblos indígenas, como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) que defiende la consulta y participación de los pueblos sobre los proyectos de explotación de recursos naturales. Según Rodríguez, otro de los defectos de esta propuesta es que el Ministerio de Hidrocarburos no ha socializado debidamente el debate de esta nueva ley, al sectorizar el análisis y no difundirlo a toda la ciudadanía. “Hay diapositivas mal hechas de una síntesis de las discusiones que está promoviendo el ministerio con las organizaciones sociales, instituciones no gubernamentales, empresariales y sectores sobre la ley de Hidrocarburos. La información que ha sacado el ministerio no contribuye a una discusión; debería socializarse el proyecto con todos los bolivianos y no sólo con los directos involucrados”, agregó. En tanto, el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), Magela Bernardes, sugirió al Gobierno conformar una “política de Estado” para el rubro de los hidrocarburos con la aprobación de una ley que asegure inversiones y desarrollo del área. “Siempre hemos reclamado la necesidad de una política estatal sobre los hidrocarburos, dejando de lado la miopía y la demagogia”, además que el sector “ha observado que las decisiones deben pasar por el criterio técnico-comercial con una visión desarrollista y no rentista”, dijo Bernardes. »»Observan el pago de renta petrolera.- Según el análisis del CEDIB, el tema de la renta petrolera es uno de los más delicados y no está bien explicado en la propuesta de ley. Actualmente, la renta petrolera está compuesta por regalías y participación, con el 18 por ciento, y el Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) con el 32 por ciento que hacen el 50 por ciento de la producción. En opinión de Rodríguez Cáceres, en la repartición de los beneficios de la renta petrolera se dice, en el proyecto, que YPFB tendrá una participación a través de la conformación de un fondo de inversiones con una parte de las regalías y otra del IDH que corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN). “El problema que subyace en la ley es la visión de distribución y difuminación de la renta petrolera. Sucede que cuando recibimos los ingresos petroleros se la distribuye en las universidades, municipios y prefecturas y lo que compete al TGN se lo distribuye a la Policía, al fondo indígena, pero con ello se está dispersando y se está quitando la capacidad de la inversión. Lo que sucede es que los recursos naturales se agotan y no sólo nos pertenecen a nosotros sino a las generaciones futuras. Por ello es necesario asegurar el crecimiento de estos ingresos a las siguientes generaciones”, agregó. El tema de la redistribución de la renta petrolera con la regalías de los hidrocarburos continúan generando incertidumbre en la nueva ley. [Fuente: Correo del Sur, Sucre, 24ene10] Para mayor información haga clic aquí

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