Según el presidente Evo Morales, esta medida cambió la historia de Bolivia, porque permitió la liberación económica de las transnacionales y del “imperio”..

Hoy se recuerdan 10 años de la nacionalización de los hidrocarburos. El presidente Evo Morales afirmó ayer que dicha medida económica cambió la historia de Bolivia, porque permitió la liberación económica de las transnacionales y del “imperialismo”.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, expresó que ahora el reto es acentuar más los proyectos de exploración hidrocarburífera para así cumplir el objetivo de convertir al país en el centro energético de la región.
“Lo importante hoy y el reto importante del Estado boliviano es la exploración, hoy tenemos un plan inmediato de exploración de 86 proyectos en 63 áreas”, expresó Sánchez en una entrevista con la ABI.

A su vez, Morales contó que antes de la fundación del Movimiento Al Socialismo, los políticos tradicionales intentaron reclutarlo a filas del Movimiento Nacionalista Revolucionario con el argumento de que “el neoliberalismo es como una locomotora”, que si te pones al frente “te tritura”.

“Decidimos con los campesinos ponernos al frente de esa locomotora y finalmente no nos ha triturado, más bien hemos derrotado el neoliberalismo. Es el resultado de esta gestión”, expresó el jefe de Estado en un acto público en el municipio cochabambino de Sipe Sipe.

El 1 de mayo de 2006, tras cumplirse 100 días al frente del país, el mandatario promulgó el Decreto Supremo 28701 Héroes del Chaco, de nacionalización de los hidrocarburos, norma con la que definió una nueva política para el sector, vigente hasta hoy. Ese día, los campos hidrocarburíferos y las refinerías amanecieron militarizadas.

El artículo 1 del decreto supremo establece: “En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país. El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”.

El ministro Sánchez remarcó que en los 10 primeros años de nacionalización, el país encaró proyectos industriales, entre ellos, la construcción de las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y Gran Chaco, la Planta de Urea y Amoniaco y las factorías de plásticos (propileno y polipropileno) que se construirán en Tarija.
Recordó que en 2005, antes de la nacionalización, las reservas de Bolivia estaban cifradas en 9,9 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural, y aunque en los últimos 10 años se consumieron grandes cantidades para garantizar la demanda interna y cumplir los cupos de exportación a Brasil y Argentina, las canteras del país aumentaron a casi 11 TCF al cierre de 2013.

Por esa razón, afirmó que es importante continuar los proyectos de exploración en las áreas reservadas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tomando en cuenta que el objetivo es llegar a 18 TCF hasta 2022.

De acuerdo con datos del Gobierno -publicados el 22 de enero de este año- entre 2006 y 2015 el Estado boliviano obtuvo ingresos por más de 31.000 millones de dólares por concepto de la renta petrolera, derivada del proceso de nacionalización.

Desde Cochabamba, Morales puntualizó que en 10 años su gobierno se encamina a la industrialización para apuntalar aun más la economía. Puso como ejemplo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que antes de su gestión era una “empresa residual” de menos de 100 millones de patrimonio y que está a punto de convertirse en una firma internacional que prestará servicios en otros países de la región.

“Tenemos solidez económica, no se va a parar la inversión porque tenemos una macroeconomía sólida. Eso ayuda bastante, las reservas internacionales han crecido, el Producto Interno Bruto ha crecido. ¿Qué valora el mundo sobre Bolivia?, por qué nos dicen que somos un país modelo. Cuando llegamos a Bolivia el PIB era 9.000 millones de dólares; el año pasado, pese a la rebaja del precio del petróleo, hemos llegado a 34.000 millones, imagínense ese avance”, expresó.

Por su parte, el director general de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), Fernando Salinas, informó el viernes que la nacionalización de los hidrocarburos, promulgada el 1 de mayo de 2006, permitió el incremento de la conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) en más de 700%.

Sánchez recordó que la estatal petrolera es una de las principapes proveedores de gas a los países de Latinoamérica.

“Hoy YPFB es la empresa que provee el 30% de gas a la Argentina, que provee gas a toda la industria de Sao Paulo (Brasil), que es la industria más importante de toda Sudamérica, provee Gas Licuado de Petróleo a países como Paraguay, Perú, Brasil y Uruguay, y exportaremos Gas Natural Licuado a Uruguay, hoy tenemos la posibilidad de exportar urea, tanto a Brasil, como Paraguay. El rol de juega YPFB en la región es muy importante”, remarcó la autoridad.

Algunos resultados

Juancito Pinto El bono Juancito Pinto fue establecido el 26 de octubre de 2006 y tiene como principal objetivo fomentar el estudio y evitar la deserción escolar. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es la principal firma financiadora de este bono dado que destinó recursos para pagarlo desde 2006. Además, mediante recursos de YPFB se crearon otros bonos sociales como la Renta Dignidad y el Juana Azurduy.

Logros Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la nacionalización de 2006 permitió la reducción de la extrema pobreza, la generación de fuentes de trabajo, la instalación de gas domiciliario, la triplicación de las inversiones en el sector hidrocarburífero y el incremento en la producción de gas.

Obras Cifras del Gobierno expresan que fruto de la renta petrolera se construyeron caminos, escuelas, hospitales, e incluso campos deportivos.

Punto de Vista
Carlos Arze Vargas
Investigador del CEDLA

“No Pasa del Discurso”

La denominada nacionalización de los hidrocarburos, que cumple 10 años de vigencia este 1 de mayo, ha significado la casi quintuplicación de la renta fiscal por ese concepto: de 608 millones de dólares para 2005 a poco más de 2.800 millones de dólares para 2014.

Sin embargo, el uso de estos enormes recursos no ha servido para diversificar el aparato productivo del país.

Contrariamente se ha agravado su carácter primario exportador; en 2005 la participación de las industrias extractivas (hidrocarburos y minería) en el PIB era de menos del 10%, participación que en los últimos años ha alcanzado cerca del 15%. En el mismo sentido, la oferta exportadora está compuesta actualmente en cerca del 70% por hidrocarburos y minerales, cuando en los años previos a la nacionalización esa participación alcanzaba sólo alrededor del 50%. Asimismo, el Estado ha adquirido una marcado carácter rentista, pues más del 44% de sus ingresos corrientes proviene de la explotación de los hidrocarburos.

Contrariamente al discurso oficial de superación de la economía primaria exportadora, la política gubernamental ha acentuado la explotación de estos recursos naturales no renovables buscando incrementar las rentas fiscales que le permiten ejecutar sus medidas populistas asistenciales.

La industrialización de los hidrocarburos no pasa del discurso, pues no sólo que las principales plantas en operación (por debajo de su capacidad instalada) son sólo plantas de separación de líquidos, sino que los productos petroquímicos y los plásticos que se producirían a fines de esta década están destinados casi en su integridad al mercado externo.

Por esas razones la economía boliviana ha aumentado su vulnerabilidad frente a las condiciones de la economía internacional. Frente a la crisis en los precios internacionales su “solución” es hacer más de lo mismo, otorgando beneficios impensados en octubre de 2003 a las transnacionales.

En el actual escenario de caída de precios internacionales de las materias primas, Bolivia enfrenta problemas de disminución acelerada de reservas de hidrocarburos que la escasa inversión de las compañías extranjeras -que detentan el 85% de la producción- no es capaz de revertir. Esto ha llevado al Gobierno a agudizar su política entreguista, abriendo las reservas naturales y atentando los derechos indígenas para permitir la afluencia de capitales transnacionales que busquen nuevos yacimientos, pues los contratos de la “nacionalización” no obligan a las petroleras a reponer las reservas explotadas.

Asimismo, ha decidido optar en los próximos años por compensar la caída de ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos, con la exportación de electricidad que, con seguridad, utilizará mayoritariamente el gas natural como combustible. Es decir, continúa refrendando el carácter primario exportador, aunque el discurso autocomplaciente del “socialismo comunitario” bautice esta nueva estrategia como “industrialización”.

Finalmente, la política gubernamental ha ido disminuyendo paulatinamente la participación estatal en el excedente petrolero al incrementar la retribución a las compañías extranjeras a través de incentivos monetarios -otorgados desde 2012 y mejorados con la Ley de Incentivos de 2015- con el objetivo de aumentar la inversión en exploración. Tanto así, que en el caso del petróleo, la distribución del valor bruto de la producción beneficia a las empresas transnacionales que se llevan el 75%, quedando el 25% para el Estado, porcentaje muy lejano al de la propaganda oficial sobre la “nacionalización” y que revierte incluso lo dispuesto por la Ley 3058 de 2005.

Asistimos, entonces, al final de una década de imposturas, de acciones que contradicen el discurso “anti-capitalista” y “anti-imperialista”, y de traición a las reivindicaciones planteadas por la heroica Guerra del gas protagonizada por el pueblo boliviano.

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