La sociedad demandante exigió en un principio $us 40 millones, pero después subió sus pretensiones. Al final, el Estado le pagó $us 42,6 millones.

Bolivia pagó 2,6 millones de dólares adicionales al monto que en un principio exigió la sociedad Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax, que al presentar su demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) pretendía recibir una compensación de 40 millones de dólares.

Entre 2006 y 2009, la parte demandante indicó que aceptaría ir a negociación por el monto citado. Es más, los primeros días de septiembre de 2009, medios como Los Tiempos, la agencia ANF y hasta el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), entre otros, informaron que el entonces ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, había anunciado que el arbitraje quedaría archivado y que la minera chilena renunciaría a todo resarcimiento económico por la anulación de sus concesiones en el salar.

El 8 de septiembre de 2009, el entonces ministro de Defensa Legal del Estado anunció que se había llegado a “un acuerdo mutuo” con la parte demandante, como resultado de un trabajo de “varios meses”, y agregó: “Hay un principio de acuerdo” con Quiborax y “posiblemente sea cerrado en los próximos días”.

No obstante, después de frustrado el arreglo, la parte demandante “infló” sus pretensiones hasta los 66,4 millones de dólares; y más tarde, en el mismo proceso de arbitraje, “actualizó” el monto a 150,8 millones.

El documento Decisión sobre medidas provisionales, emitido por el CIADI  el 26 de febrero de 2010, muestra que además del incremento de los montos pretendidos, la sociedad empresarial solicita al tribunal que ordene a Bolivia a pagar cuatro millones de dólares, “en concepto de daño moral sufrido por los demandantes debido a la expropiación ilícita y los actos de hostigamiento de Bolivia…”.

Al respecto, el ahora ministro de Justicia y Transparencia explicó a Página Siete que sí hubo “predisposición” de la parte demandante para archivar el arbitraje sin ninguna compensación, pero que la empresa desistió de sellar el acuerdo.

La autoridad, que por entonces realizaba la defensa legal del Estado, precisó que la sentencia condenatoria del 14 de agosto de 2009, en contra de David Moscoso, por falsificación, fue utilizada por la defensa para plantear a NMM-Quiborax que desistan de continuar con el proceso.

Sin embargo, la parte demandante, después de que en una primera instancia aceptó el trato, el 14 de septiembre de 2009 presentó su memorial de demanda ante el tribunal arbitral  para solicitar, entre otras cosas, que se paralicen los procesos penales.

En mayo pasado, el Estado acordó cerrar el arbitraje con un pago compensatorio de 42,6 millones de dólares en favor de Non Metallic Minerals y Quiborax.

Sobre el arbitraje

• Sentencia  La compañía  Quiborax, en septiembre de 2015, fue beneficiada por el CIADI con un fallo a favor  que  fue objetado por la defensa de Bolivia. Sin embargo, a  fines de mayo pasado, el CIADI ratificó que el Estado debe indemnizar con 57 millones de dólares a la empresa chilena  por haber revertido sus concesiones en el Salar de Uyuni. Pero luego la Procuraduría y el Ministerio de Minería, junto con el representante de la firma chilena, acordaron un pago de $us 42,6 millones.
•  Cargo “Mi persona (Héctor Arce) renunció al cargo de Ministro de Defensa Legal del Estado el 7 de septiembre de 2009, para habilitarme como candidato a diputado”, respondió la ahora autoridad de Justicia en las respuestas que envió a este medio.

La respuesta del Ministerio de Justicia y Transparencia

¿Por qué en 2009 el ministro Arce dijo que iba a haber un ahorro de $us 40 millones para el Estado en el caso Quiborax?

Porque dentro del proceso de negociación que se llevó adelante entre 2006 y 2009, la empresa en algún momento indica que su pretensión en la negociación era de 40 millones de dólares.

¿En 2009, a cuánto ascendía el pago acordado con Quiborax y por qué no se cerró el trato?

Como es de conocimiento público, se llegó a un principio de acuerdo de tres millones de dólares el año 2008, empero de la revisión de documentos que hizo el Ministerio de Defensa Legal del Estado, aparecieron irregularidades y falsificaciones que impidieron materializar el acuerdo. Era imposible pagarle ni un  dólar si había información de documentación falsificada.

También se informó en 2009 que el caso iba a ser archivado, ¿por qué entonces el ministro Arce afirmó eso?

El 14 de agosto de 2009 se dictó la sentencia condenatoria contra David Moscoso por delitos de falsedad. Una semana después, el 21 de agosto, hubo una reunión de negociación en Washington, Estados Unidos, en la que con la mayor dignidad y actuando en defensa de los interés del Estado, se hizo conocer las irregularidades que dieron lugar al proceso penal, se les hizo conocer la sentencia condenatoria contra David Moscoso y se les planteó que desistan del arbitraje sin ninguna compensación.

Los demandantes mostraron buena predisposición ante la propuesta. Sin embargo, el 14 de septiembre de 2009 la empresa presenta su memorial de demanda ante el Tribunal Arbitral, solicitando además ordene paralizar los procesos penales.

 Fiscalía cita a declarar hoy a exsubprocuradora Carmiña Llorenti

El Ministerio Público convocó para hoy, en Sucre, a la   exsubprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado   Carmiña Llorenti para que declare sobre el caso Quiborax.

Fuentes allegadas a la Fiscalía confirmaron que la exfuncionaria de la Procuraduría General del Estado fue citada para hoy.

En 2017, la Procuraduría General del Estado dispuso iniciar un proceso  administrativo disciplinario  en contra de  Llorenti  por entregar información confidencial de la defensa boliviana a los abogados de NMM-Quiborax.

El informe,  que lleva por nombre RPAD/ASE/004/2018, emitido por la sumariante externa Ana Guevara Clavijo, detalla que la exfuncionaria, durante una reunión de negociación organizada en La Paz, en agosto de 2016, con los abogados de la compañía Quiborax y Non Metallic Minerals, prestó su computadora a uno de los abogados de las empresas demandantes.

El documento detalla que el error de Llorenti fue dejar abierto su correo personal e institucional, descuido que fue “aprovechado” por el representante de la firma chilena, Rodrigo Gil, quien reenvió desde esa dirección tres documentos de la defensa boliviana  a su equipo jurídico.

El diputado del MAS  Víctor Borda  demandó ayer a la Fiscalía iniciar acciones penales en contra de  Llorenti  por filtración de documentos del Estado.

La pasada semana, los diputados del oficialismo Édgar Montaño y David Ramos coincidieron al afirmar  que la actuación de la exsubprocuradora es un acto de “traición a la patria”, por lo que exigieron que sea sancionada por la vía penal.

La interpelación

Para hoy en la mañana, el pleno de  la Asamblea Legislativa está convocado para oír las respuestas de los ministros de Minería, César Navarro, y de Justicia, Héctor Arce, sobre el caso Quiborax.

Ambas autoridades responderán  un pliego de 12 preguntas hechas por los diputados del MAS  Betty Yañíquez y Víctor Borda.

Para Yaníquez  el  cuestionamiento que se hará en la interpelación a las autoridades es de aspecto meramente jurídico y  para conocer los errores que terminaron en el fallo que ordena pagar al Estado boliviano.

Para el diputado Borda  la interpelación  mostrará que el Gobierno no tiene responsabilidad en que se haya tenido que pagar 42,6 millones de dólares a la transnacional, según ANF.

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