FUERON PRESENTADOS TRES ANTEPROYECTOS NORMATIVOS SECTORIALES

Afirman que proyecto de ley no toca derechos de cooperativas
El CEDLA y un legislador aseguran que con sus derechos preconstituidos, las cooperativas mantienen el subarrendamiento de las concesiones que recibieron.

Lidia Mamani/ La Paz
El proyecto de Ley de Minería y Metalurgia  garantiza la continuidad de operaciones de las cooperativas mineras sobre las áreas que les fueron otorgadas y que las subarrendaron a otras  empresas,   según un análisis del  CEDLA y un diputado del MAS.
En consecuencia, el Estado deja de beneficiarse de ingresos por esas áreas mineras, aseguraron.
«Se respetan los derechos que los cooperativistas tienen reconocidos en las actuales autorizaciones transitorias especiales (ATE). En los contratos administrativos cooperativos, respetarán las condiciones y características de los contratos de arrendamiento  en concesiones pertenecientes a Comibol, sustituyendo el pago del canon por el derecho de vigencia”, observó el investigador del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arze.
El artículo 94 de derechos adquiridos  señala que el Estado  reconoce y respeta los derechos mineros preconstituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes, aunque éstos  deben  adecuarse  al régimen de contratos administrativos mineros.
El presidente del Comité de Minería de la Cámara de Diputados, Jaime Medrano, afirmó que el artículo 94 tiene relación con el inciso b) del artículo 130 o de «alcances de derechos preconstituidos”, que especifica que «los  contratos de arrendamiento suscritos por la Comibol con las cooperativas mineras con respecto de sus concesiones propias o las de la minería nacionalizada (…) respetarán las características propias de cada contrato de arrendamiento”.
«Con esta disposición (el artículo 130), a la Comibol se la despoja de los derechos adquiridos y esto causará un daño económico no sólo a  Comibol, porque en esas áreas de arrendamiento las cooperativas han subarrendado y eso es lo que justamente se quiere evitar”, explicó.
Medrano insistió que por ese motivo el proyecto de Ley de Minería debe ser enviado en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional o cuando sea revisado por el Senado se debe tener «mucho cuidado”, pues  siguen identificando falencias en la redacción.
El investigador Arze también dijo que la vigencia de los derechos de los contratos de subarrendamiento, que firmaron las cooperativas con empresas privadas, nacionales o extranjeras, y que autorizó Comibol en el pasado, ocasiona que el Estado  deje de participar en las ganancias obtenidas. Bajo este tipo de sociedad, las empresas no pagan varios impuestos.

Identifican ventajas para un solo sector

El director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas,  y el coordinador del Colectivo Casa, Emilio Madrid, coincidieron en afirmar que el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia otorga más ventajas a los cooperativistas.
Los beneficios van desde la asignación de áreas para explotación, transferencia de recursos y condonación de deudas, hasta la reducción de tasas impositivas, según la red ERBOL.
Gandarillas, por ejemplo, señaló que el artículo 42 de la futura norma establece que «las deudas que hoy tienen  las cooperativas mineras con Comibol pasarán al Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM); es decir, serán nacionalizadas”.
Madrid argumentó que, en términos generales,  el proyecto de ley  ha sido diseñado por ellos (los operadores mineros), con el fin de «obtener mayores beneficios”.

Fueron presentados tres anteproyectos de ley

Al menos  tres anteproyectos de Ley de Minería y Metalurgia fueron redactados y presentados en los últimos tres años. Operadores mineros afirman que los  conflictos sociales causaron demora.
El primer documento fue presentado por el exministro de Minería Luis Alberto Echazú, pero éste fue rechazado por los representantes de empresas  medianas, chicas y cooperativistas, que elaboraron sus propias propuestas.
Las sugerencias se fusionaron, coincidieron en afirmar los representantes de los trabajadores mineros, Francisco Montaño, y de la minería chica, Saturnino Ramos.
Sin embargo, en junio de 2012 la redacción fue interrumpida por los conflictos suscitados entre la Cooperativa 26 de Febrero y los trabajadores asalariados de Colquiri, lo cual impuso  una pausa de unos tres meses.
Luego, el otro problema social que causó una demora fue el paro indefinido de la COB, que reclamaba un incremento en su renta de jubilación.
El segundo documento fue presentado al Ministerio de Minería en julio de 2013.
Finalmente, el tercero fue entregado al presidente Evo Morales en marzo de este año, que luego fue remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.

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