A 10 años de la denominada nacionalización de los hidrocarburos, dos especialistas coincidieron en que este proceso fue híbrido y a medias, y no le otorgó el control total al Estado sobre los recursos hidrocarburíferos. En cambio, el Gobierno destaca que en una década se logró multiplicar en casi ocho veces la renta petrolera que se consiguió en 20 años de neoliberalismo.

Para el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, nacionalizar es un paso hacia la socialización de los medios de producción; es la conversión y transformación de una propiedad privada de usufructo de las empresas transnacionales en una entidad manejada por el Estado para definir el curso de la política, además del curso de la explotación y producción.

“La nacionalización permite establecer qué cosas se produce y para qué propósitos, además de controlar el excedente económico que se genera en un sector”, señala en su análisis: “Nacionalización” de los hidrocarburos del Gobierno del MAS: balance y perspectivas”.

Según el investigador, la “nacionalización” del Gobierno del MAS, contenido en el Decreto Supremo 28701 del 1 de Mayo de 2006, no es una nacionalización en su total dimensión, pues el “El Estado boliviano a partir de las compras de acciones de las empresas Andina, Chaco, Transredes, no tiene el control del sector de los hidrocarburos, que está en manos de las empresas extranjeras”.

Nacionalizar no solamente es cambiar la ley, en criterio de Arze, porque aunque la ley dice que todos los hidrocarburos en la forma que estén son de los bolivianos, eso no sucede.

“Lo mismo decía el neoliberalismo cuando se afirmaba que el 50% de las empresas estatales era de los bolivianos y que las personas mayores de 21 años tenían una cuenta personal en las AFPs, pero ninguno de los bolivianos, que teníamos 21 años y más desde 1997, hemos visto un peso de esos dividendos. Es decir, la ley acepta todo, el papel aguanta todo”, señala.

Para Francesco Zaratti, investigador del proceso de la capitalización, fue bajo la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005), que mediante el Referéndum del Gas y la promulgación de una nueva Ley de Hidrocarburos, que se dio un primer paso hacia la concreción de las aspiraciones nacionalistas.

“Por un lado se fijaba la participación del Estado en la renta de los hidrocarburos en un 50% como mínimo, obligando a una renegociación de los contratos con las compañías privadas; por otro lado, se ponían las bases, por cierto confusas y contradictorias por intereses regionalistas y electoralistas, para la refundación de la empresa estatal YPFB, relegada por la capitalización a un papel subalterno a las empresas operadoras”, señala.

En análisis de Zaratti, el DS 28701 aprobado en el primer Gobierno del presidente Evo Morales definió tres medidas principales: la perentoriedad de firmar nuevos contratos acordes a la nueva política de Estado, la estatización de las acciones cedidas por la capitalización a los privados y la participación de YPFB en las utilidades de las empresas productoras en un porcentaje variable. Las tres medidas se han cumplido en plazos razonables e inclusive han afectado a otras empresas ajenas a la capitalización.

La medida híbrida de la “nacionalización” según Zaratti, ha permitido a Bolivia consolidar un crecimiento económico sostenido a lo largo de los últimos años y financiar programas y proyectos de modernización en infraestructura principalmente y de mitigación de la pobreza vía transferencia de recursos a gobiernos locales y bonos propobres. Sin embargo, faltó una visión de mediano y largo plazo, que asegure trabajo y bienestar de la población cuando se interrumpa el flujo excepcional de divisas por la exportación de recursos naturales.

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