Wilfredo Ramírez Terceros
Para la ciudadanía consciente del país la nacionalización de los hidrocarburos no ha significado un cambio estructural que permita a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos controlar y dirigir la dinámica productiva como empresa estatal de las características que el Gobierno ostenta con el DS 28.701 y la Ley 3.058, para hacer de YPFB una empresa dinamizadora de la economía nacional.

Lamentablemente las condiciones de desarrollo del sector petrolero nos hacen ver en términos de producción y exportación que no son de las mejores por la declinación en la producción de hidrocarburos líquidos y por la creciente demanda de combustibles que derivan irremediablemente en déficit, como ocurre con el diesel oíl, gasolina, GLP, etc., vale decir que a más de 4 años de la aprobación de las disposiciones legales en materia petrolera, para utilizar los hidrocarburos como factor de desarrollo nacional e integral de manera sostenible y sustentable, no se las ha efectivizado, no se ha cumplido con el mandato soberano del pueblo boliviano.

Expertos en materia petrolera coinciden en manifestar que: “No es cierto que YPFB tenga el control sobre la cadena productiva como afirma el Gobierno; el resultado está a la vista, sufrimos por la falta de producción, el incumplimiento de contratos, sufrimos por el déficit de combustibles y estamos obligados a importar, además la gerencia técnica se halla en manos de las empresas petroleras”, etc. Entonces el control estatal no ha pasado de ser una promesa o una simple ficción, pues las principales decisiones de inversión, que definen la dinámica productiva de los hidrocarburos, siguen en manos de las empresas petroleras transnacionales por su presencia dominante en el poder y preeminencia en la dinámica productiva del petróleo.

Por otra parte el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en uno de sus artículos dice: “La propiedad de los hidrocarburos corresponde a las empresas petroleras transnacionales a partir del Punto de Fiscalización, donde acaba la potestad del Estado, “vale decir que el Punto de Fiscalización de la Ley 3.058 es sinónimo de Boca de Pozo de la extinguida Ley 1.689 gonista”.

Pese a la compra festinatoria de millones de acciones a las empresas petroleras sin previa evaluación técnica, económica, financiera y sin considerar los resultados de las auditorías practicadas con cargos millonarios contra las empresas petroleras, YPFB no ha podido potenciar su capacidad productiva, lo que se refleja de manera inobjetable en el incumplimiento de los compromisos de venta de gas a la Argentina y Brasil y lo más preocupante es la vulnerabilidad a que ha sido sometida la provisión de carburantes en el mercado nacional.

Industrialización del gas

Lamentablemente la infraestructura petrolera del gobierno del MAS con su política energética de “gran salto industrial” está orientada fundamentalmente a la exportación de materias primas, como en las mejores épocas del colonialismo explotador y exportador de nuestras riquezas sin valor agregado. El plan de inversiones propuesto por YPFB ratifica la tendencia de priorizar sus actividades petroleras hacia el mercado externo y, lo que es peor, convertir a Bolivia en importador de petróleo crudo y combustibles pesados para su refinación y consumo interno respectivamente, por supuesto en detrimento de la economía nacional y frustración de la esperanza de mejores días para el pueblo boliviano.

La industrialización del gas, proclamada por el Gobierno nacional a través del DS 28.701 y la Ley 3.058 es apenas un enunciado teórico porque en la práctica, de llevarse a cabo, se convertiría en el pilar fundamental y motor principal para el desarrollo económico de la nación y permitiría además consolidar la estabilidad económica, política y social del país.

Técnicos petroleros patriotas en reiteradas oportunidades han expresado la factibilidad de instalar plantas industriales de conversión de gas a líquidos como diesel oíl, gasolinas, jet fuel, GLP y miles de productos derivados del gas, cuya financiación estaría asegurada con el aval del gas existente en el subsuelo boliviano.

Ventajas de la industrialización

1) Se crearía miles de fuentes de trabajo. 2) Mejores condiciones de vida en salud, educación y vivienda. 3) Se evitaría erogaciones millonarias por concepto de subvenciones. 4) Se suprimiría la importación de diesel oíl, gasolina, GLP, etc. 5) Se liquidaría la creciente deuda externa. 6) La vertebración caminera debidamente asfaltada sería un hecho, etc.

Finalmente el Gobierno nacional debe revestirse de patriotismo de valor y de voluntad política para romper definitivamente el actual modelo neoliberal causante de la alineación exportadora de materias primas, la improvisación técnica-administrativa y la corrupción asfixiante en YPFB para cumplir de esta manera con el mandato soberano del pueblo de Bolivia, expresado en octubre de 2003 y ratificado por el voto ciudadano de la nación.

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