Una mirada a la estructura económica de los departamentos de Bolivia deja en claro que casi todas las regiones del país están limitando sus escasas posibilidades de crecimiento y desarrollo a los estrechos márgenes que deja un modelo basado en la explotación de los recursos naturales y en la transferencia de recursos de parte del Estado, advierte un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo laboral y Agrario (CEDLA).

Profundizando las huellas del patrón de desarrollo primario exportador que se aplica en el ámbito nacional, en gran parte de las regiones hay un énfasis excesivo y peligroso en torno a la producción de materias primas para la exportación, lo que se traduce, además, en un deliberado abandono del mercado interno y de sus potencialidades para arrancar del atraso y la postergación a gruesos segmentos de la población.

En el eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) esta tendencia no difiere sustancialmente de la observada a nivel nacional, señala el informe.

En los últimos años, según el CEDLA, la ausencia de cambios sustanciales en la orientación de esta política extractivista está dejando sin solución los grandes problemas económicos y sociales, por lo que en casi todas las regiones se ha exacerbado el rentismo y la dependencia de los recursos y transferencias que vienen del Estado, especialmente de la renta de hidrocarburos.

“Desde el punto de vista fiscal, la extrema dependencia del dinero generado por la explotación de las materias primas, junto a su manejo ineficiente, perpetúan los viejos problemas y generan otros nuevos, como una ineficiente concentración de recursos monetarios a nivel subnacional (las regiones reciben más dinero que el Tesoro General de la Nación), una inequitativa distribución de la plata del gas (dos departamentos concentran la mayor parte de los ingresos) y menores resultados positivos en obras y proyectos de magnitud”, agrega.

NECESIDAD DE UN DEBATE NACIONAL

Según el CEDLA, la evidencia cuantitativa recogida en los estudios sobre esta temática, permiten advertir que la magnitud de la pobreza y el atraso productivo de gran parte de las regiones, obliga a un cambio radical en la asignación y uso de recursos. “De ahí la necesidad de un debate amplio e integral de toda la estructura de transferencias fiscales, lo que seguramente debiera llevar a un pacto fiscal”.

“Evidentemente, ello debe estar acompañado de otras políticas de Estado, que apunten a transformar las condiciones productivas de las regiones y las condiciones de vida de la población de estas regiones”.

“Estas políticas deberían promover un patrón de desarrollo distinto al actual, basado en sectores con mayor valor agregado, un rol productivo del Estado y rompiendo con la lógica neoliberal que aún se mantiene, con una participación efectiva de la sociedad civil y de sus organizaciones”, agrega.

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