YPFB no puede frenar la escasez de Gas Licuado

Persiste el desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el país, pese a los esfuerzos realizados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para aumentar los volúmenes de este producto de primera necesidad.

Largas filas, bloqueos de vías e incluso amagues de enfrentamiento entre ciudadanos ante la presencia de un camión repartidor, se pudo apreciar durante este fin de semana en La Paz, El Alto y otras ciudades del país.

Si bien el precio oficial al consumidor es de Bs 22.50, algunos propietarios de tiendas de abarrotes aprovecharon para vender garrafas hasta en 27 y 30 bolivianos, incurriendo en agio y especulación, según constató este medio de comunicación.

Tanto el sábado como el domingo fue aprovechado por los ciudadanos para intentar conseguir una garrafa de gas, mejor suerte tuvieron quienes contaban con un vehículo particular para este propósito.

La situación no solo fue notoria en zonas rurales o barrios periurbanos, ya que en el mismo centro de la ciudad de La Paz y también en El Alto, el desabastecimiento es incuestionable y evidente. Medios de comunicación de todo el país informaron que la situación es similar en las capitales, ciudades intermedias, poblaciones alejadas y fronterizas.

Según un análisis efectuado por el coordinador de la “Plataforma Energética” del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Juan Carlos Guzmán, titulado: “Crisis de abastecimiento de GLP en Santa Cruz”, paradójicamente el problema de abastecimiento se produjo poco después de haberse inaugurado la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande (10/05/2013).

“Vayamos al tema de fondo: ¿es este, simplemente, un problema de ausencia de planificación y de improvisación en la gestión de la cadena de hidrocarburos para el mercado interno? Creemos que no. Pensamos que esto va más allá de la sola improvisación para atender el mercado interno y que debemos fijar nuestra atención también en otros fenómenos”, explicó.

REFORMA LIBERAL

La reforma liberal de 1996, que privatizó la cadena de hidrocarburos, estableció como punto de medición y control de la comercialización a las plantas de almacenamiento y envasado de GLP; a partir de este punto el combustible es distribuido al por menor a través de camiones repartidores que recorren las calles vendiéndolo. La teoría de la reforma liberal decía que esta distribución sería regulada por la superintendencia para que, en precio y peso, los clientes vean satisfechas sus necesidades.

Guzmán agrega que debemos estar conscientes de que la definición de ese punto de comercialización en planta de almacenamiento no fue casual. En sujeción a su definición doctrinal, la reforma asumía que el mercado privilegiaría la demanda solvente bajo el supuesto que el poder de compra se distribuye de la misma forma que la densidad poblacional de los consumidores y, con ayuda de la regulación, el funcionamiento del mercado sería casi perfecto. Bajo estas definiciones desaparecieron las “agencias de gas” que vendían el producto al precio oficial y a la que todos debíamos acudir portando nuestra garrafa.

DEMANDA EXTERNA Y CONTRABANDO

“Ahora bien, ¿cómo esperaban nuestras autoridades que funcione el mecanismo de atención de la demanda solvente, cuando el precio en el mercado interno es 22,50 Bs/garrafa y el precio internacional es mucho mayor? ¿Estaban esperando ingenuamente que los distribuidores de GLP ignoren estos precios y en estricto cumplimiento de su misión lleguen hasta el último rincón del país, aún a costa de sus utilidades? Peor aún, ¿será que confían plenamente en la efectividad de la regulación de la actual Agencia Nacional de Hidrocarburos, antes Superintendencia de Hidrocarburos?”, cuestionó el analista.

CENTRALIZACIÓN Y POCA INFORMACIÓN

“El hermetismo y la centralización de la gestión también colabora a incrementar los problemas. ¿Están informadas, por ejemplo, las juntas vecinales, subalcaldías urbanas o alcaldías rurales de qué cantidad de GLP está destinado a su zona? ¿Qué medidas se tomaron para controlar la distribución que no sea aquella penosa iniciativa de obligar a los funcionarios de la antigua Superintendencia a subirse a los camiones repartidores?”, añade el investigador del Cedla.

Han pasado 8 años de la promulgación de la Ley 3058 y nos encontramos con que los problemas de atención a los consumidores, particularmente rurales, son tan parecidos a la etapa liberal, y aunque la propaganda sobre la “nacionalización” sea insistente, las amas de casa, que en mayoría son quienes sufren la inclemencia de los repartidores, deben seguir atentas a las bocinas de los camiones distribuidores para correr a la esquina portando un botellón de 12 kg de peso.

RESTABLECIMIENTO DE AGENCIAS

“La situación de los usuarios y de los planificadores podría cambiar sustancialmente si nuestras autoridades se atrevieran a hacer frente a las definiciones de la reforma liberal y tomar control de la cadena de distribución hasta el restablecimiento de las agencias zonales de distribución de GLP”, añade Guzmán.