Carmelo Ruiz Marrero *

Seguramente ningún mandatario boliviano ha sido tan célebre a nivel internacional como Evo Morales. Ha hecho mucha fama con sus pronunciamientos sobre la protección del ambiente y en contra del sistema capitalista. Su participación en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague en diciembre de 2009 fue clave en exponer al mundo la hipocresía e inercia de las grandes potencias contaminadoras en torno al calentamiento global.

Fue en respuesta al fiasco de Copenhague que Morales se tomó la iniciativa de organizar una cumbre alternativa de sociedad civil en la ciudad boliviana de Cochabamba el pasado mes de abril. El discurso que ofreció en la apertura de ese magno encuentro, llamado la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, fue el alegato más importante y acertado hecho por un jefe de estado en torno a la ecología y el cambio climático. A nivel internacional todas sus declaraciones y acciones le han ganado la estima de ecologistas y progresistas del mundo entero.

Pero Morales no parece poner en práctica en su propio país lo que predica en los foros internacionales. Al comenzar su gobierno en 2006 los hidrocarburos, o combustibles fósiles, eran la principal fuente de ingreso económico del país. Le seguía de cerca en segundo lugar la minería. Las actividades de ambos sectores son altamente contaminantes y depredadoras de la naturaleza, y los hidrocarburos son precisamente la causa primaria del calentamiento global. Si desde entonces ha cambiado algo es que Bolivia hoy día es más dependiente de las exportaciones de hidrocarburos y minería, según un reciente informe del Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Explica CEDLA que en 1988 los hidrocarburos y la minería eran responsables del 47% de las exportaciones del país y hoy constituyen el 80%. “Entre el 2004 y 2005, el crecimiento del sector de hidrocarburos explicó cerca de 25 por ciento del crecimiento económico del país, y en 2008 el crecimiento del sector minero explicó casi 40 por ciento del crecimiento económico.”

Dada la creciente importancia de las exportaciones de combustibles fósiles para la economía nacional boliviana, difícilmente se puede concebir que el gobierno de Evo Morales vaya a hacer una aportación útil para mover el mundo hacia una economía post carbono en el corto o mediano plazo.

Aparte del aspecto ambiental, la dependencia en la exportación de materias primas sentencia a los países de Latinoamérica y del resto del Sur global al subdesarrollo abyecto. Los escritos de pensadores como Raúl Prebisch, Celso Furtado y Eduardo Galeano, y los informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) han abundado extensamente sobre este asunto.

El gobierno de Morales se había comprometido a cambiar esta situación mediante la industrialización de los hidrocarburos, es decir crear industrias para fabricar productos de valor añadido. En el caso del petróleo, con éste se pueden hacer una variedad de productos derivados, como gasolina, kerosén, aceites lubricantes, pesticidas y plásticos. Y con el gas natural se puede hacer fertilizante o proveer energía a industrias de manufactura y metalurgia.

Pero hasta ahora la industrialización no ha despegado. Cito un artículo publicado en Plataforma Energética el pasado 10 de octubre: “El primero de octubre, el presidente Morales admitió: ‘Quiero ser muy sincero: lo que no estamos pudiendo arrancar es la industrialización del gas y la petroquímica’, dijo, responsabilizando de ello a la falta de ‘acompañamiento’ de los expertos en hidrocarburos bolivianos para impulsar ese proceso, ya que, apuntó, prefieren ganar miles de dólares mensuales trabajando para las transnacionales”.

En la primera semana de octubre organizaciones sociales y sindicales fundaron el Comité Nacional para el Desarrollo Regional y Nacional de Bolivia (CONADERENA) para impulsar la industrialización de los hidrocarburos. Las organizaciones fundoras de CONADERENA “coincidieron en afirmar que lastimosamente el gobierno de Evo Morales incumplió la ‘agenda de octubre’, cuyos principales postulados sobre la nacionalización e industrialización del gas natural y de todos nuestros recursos naturales, no se reflejan en las políticas y acciones emprendidas por la actual administración y por el contrario se continúa con las políticas neoliberales impuestas por Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar el gas, así como los minerales, como materia prima”.

Otra crítica que se le hace a la política energética de Morales es que su empeño en convertir a su país en un gran exportador de energía ha resultado en el descuido del mercado doméstico. Con tal de suplir mercados en Brasil, Argentina y más recientemente Paraguay, la economía boliviana se está quedando sin abasto de gas. Esto ha dado lugar a situaciones embarazosas como la que se dio en septiembre, cuando la escasez energética obligó a Bolivia a importar 20 mil toneladas de cemento, aún cuando el país está en condiciones para fabricarlo.

Según varios expertos que participaron en el reciente Segundo Foro de la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas, organizado por CEDLA y realizado en Bolivia, las divisas generadas por los hidrocarburos no han sido puestas a buen uso. “Nuestros países… se han acostumbrado a vivir de la renta de la naturaleza, a exportar materias primas y a perder en el comercio internacional”, denunció Alberto Acosta, quien fue ministro de minas y energía del gobierno del actual presidente ecuatoriano Rafael Correa, y presidente de la Asamblea Constituyente que en 2007 redactó una nueva constitución para Ecuador.

Acosta, un economista de izquierda estrechamente relacionado con el movimiento ecologista, sostiene que aunque los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa escriben y hablan mucho del “buen vivir” y de una relación armónica con la naturaleza, todos sus planes de “desarrollo” y “crecimiento” económico se sustentan en un creciente “neoextractivismo” de recursos naturales no renovables con impactos ambientales cada vez más agudos.

Recalcó que “Hemos extraído mucho petróleo y hemos recibido mucho dinero y grandes créditos, pero el resultado ha sido muy pobre: no hay desarrollo, hay pobreza masiva y los impactos ambientales son alarmantes, hay contaminación ambiental, deforestación masiva, daños a la salud y enfermedades”.

También se planteó en el foro que el capital generado por esta actividad extractivista se ha gastado en programas sociales que si bien gozan de gran popularidad, son también de naturaleza asistencialista y clientelista. Según Acosta, esto ha llevado a la creación de la una “bonocracia clientelar”.

En el foro, la especialista mexicana Rocío Moreno lamentó que “no hay una discusión seria y profunda en nuestros países sobre lo que queremos hacer con la renta petrolera (…) En los últimos años, el dinero se utilizó en gasto corriente, en pagar burocracia, no está orientado a cerrar brechas de desarrollo, a mejorar la igualdad”.

Acosta señala que la salida de esta situación es la transición hacia una economía post-extractivista. Los mandatarios de Bolivia y Ecuador no pueden alegar desconocimiento de esta propuesta pues se encuentra precisamente en las constituciones de ambos países. Reconoce que no se pueden cerrar los pozos petroleros de la noche a la mañana, pero sostiene que debido al cénit del petróleo y el cambio climático la transición no se puede postergar.

Aclaró Acosta que post extractivismo no significa rechazar la explotación de recursos naturales sino de “establecer los límites biofísicos de la explotación, llegar a la sostenibilidad, eliminar la pobreza y su causa que es la opulencia”, y avanzar hacia un economía post-petrolera. “El petróleo se está agotando y dadas las crecientes tasas de consumo no podremos seguir siendo países exportadores de petróleo”.

El economista ecuatoriano expresó esperanza en que la Iniciativa Yasuní-ITT se convierta en un precedente para llevar a América Latina hacia un futuro post extractivista y post petrolero. Esta aclamada iniciativa consiste en el compromiso del gobierno de Ecuador de no explotar petróleo del biodiverso parque nacional Yasuní, y a cambio de esto recibir una compensación suministrada por la comunidad internacional la cual será administrada por un fideicomiso establecido por las Naciones Unidas.

En conclusión:

“Los expositores II Foro de industrias extractivas coincidieron en que la construcción de una nueva economía post capitalista no depende solamente de reformas tributarias o del desarrollo de energías alternativas, sino básicamente de la participación ciudadana en la administración de los crecientes ingresos petroleros y mineros estatales.

Por eso es clave y urgente que los pueblos de la región desarrollen mecanismos de control social efectivo, e impugnen las decisiones unilaterales e improvisadas de sus gobiernos.”

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