Ilich Paniagua

El 94% de las UPF son pequeñas y concentran tan solo 30% de la superficie agrícola sagtisfaciendo el 37% de la demanda nacional

Después de 10 años, el discurso es plurinacional y las acciones desarrollistas, una suerte de bipolaridad en quienes tienen es sus manos el control del Estado.

Hoy, tras varios años de trabajo y esfuerzos institucionales públicos y privados, primero, como alternativa a la generación de ingresos en familias pobres y hoy como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria, las Organizaciones Económicas Campesinas (OECA) se encuentran en un momento decisivo para su consolidación como actor económico dentro el modelo de economía plural planteado en el que deben vencer diferentes obstáculos y aprovechar un histórico marco normativo para su desarrollo.

De acuerdo al Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (Cioec), en el país existen reconocidas cerca de 1.300 OECA, de las cuales el 86 por ciento se dedica a actividades agropecuarias e involucran al 12 por ciento de las pequeñas unidades productivas familiares (100.000); sin mencionar un número oculto de éstas, que se encuentran difusas en las diferentes zonas rurales del país y cuya forma que fomenta la asociatividad entre productores se ha extendido en zonas rurales con la finalidad de reducir los costos de producción, incrementar la productividad y mejorar su poder negociación en un mercado dominado por empresas grandes, medianas y el contrabando.

En ese escenario, estas OECA –emergidas no sólo con un fin económico sino social, el más sensible, al margen de capitalizar sus reducidas inversiones y optimizar sus procesos productivos– buscan alternativas que garanticen por un lado mejores ingresos para sus socios que en la mayoría de los casos son productores primarios en el tema agropecuario y, por otro, generar y distribuir beneficios. Esta lógica se desenvuelve en un escenario que debe sortear obstáculos relacionados con la organización, planificación y gestión de sus emprendimientos, lo que hace más compleja su autogestión y sostenibilidad, más aún si la estructura de la mayoría de ellas considera un directorio que, apoyado en principios democráticos, debe ser renovado cada cierto tiempo deviniendo en muchos casos en problemas de continuidad.

Aun con esas dificultades existen experiencias que con el tiempo validan la importancia de las OECA, sobre todo en sectores consolidados y con un punto en debate: la producción enfocada al mercado externo, como la soya en el oriente y la quinua en occidente, dejando como reto la atención de la seguridad y soberanía alimentaria interna, que en la actualidad cuenta con una amplio marco normativo apoyado desde la CPE y diferentes leyes como la 144, 338 y 622, entre otras, que al margen de la crítica en su operatividad dejan abierta una opción para el beneficio compartido; por un lado garantizar  la alimentación adecuada de la población en su conjunto y por el otro dinamizar la economía campesina revertiendo esa pirámide desproporcionada donde el 94 por ciento de las UPF son pequeñas (ENA 2008) y concentran tan sólo 30 por ciento de la superficie agrícola satisfaciendo el 37 por ciento de la demanda nacional (Cedla, 2010).

El autor es ingeniero industrial de Cipca Cochabamba.

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