Tras el fallido intento de tener una planta regasificadora, en el gobierno hay más dudas que certezas sobre seguir adelante con esa iniciativa.

El proyecto empezó complicado y terminó mal, con instancias judiciales entre empresas privadas involucradas en el mismo.

Esto es un repaso de los aspectos más cuestionados.

¿Adjudicación apurada?
El gobierno creó la empresa de derecho privado Gas Sayago —propiedad de UTE y Ancap— para que hiciera el llamado para contar con una regasificadora con capacidad de almacenamiento de 300.000 metros cúbicos (de gas en estado líquido) y de convertir a 10 millones de metros cúbicos de gas por día.

Al llamado se presentaron cuatro ofertas en abril de 2013: GDF-Suez (Francia), Enagas-FCC (España), Hoegh-Belfi (Noruega-Chile) y Samsung-Korea Gas (Corea). Tras un análisis de una comisión de 20 técnicos, Gas Sayago adjudicó el 14 de mayo de 2013 a GDF-Suez la construcción y operación de la planta por 15 años.

Sin embargo, un informe fechado el 13 de mayo de 2013, que elaboró la consultora italiana RINA Group —contratada por el Estado— con análisis de las ofertas de Hoegh y GDF-Suez aconsejaba pedir más información. Según el documento —al que accedió El País en su momento— «ambas parecen no adaptarse a las especificaciones» que había requerido Gas Sayago y por eso «RINA sugiere solicitar a los proveedores un paso en las propuestas a fin de demostrar que las plantas son aptas para la finalidad específica solicitada por Gas Sayago y con el fin de comparar la oferta técnica con la económica».

Además para realizar una «comparación consistente y detallada de las dos ofertas», se debería solicitar a GDF-Suez y Hoegh información adicional sobre «rendimientos operativos y limitaciones en los proyectos». Todo eso no fue tenido en cuenta e igual se adjudicó la obra a GDF-Suez.

Según el informe de adjudicación de Gas Sayago, «en virtud de la viabilidad técnica de las ofertas recibidas y aclaradas hasta la fecha (mayo de 2013), solo la de Suez está en condiciones de ser adjudicada». No coincidió con el informe de RINA.

El canon solicitado por GDF-Suez era el más alto, ya que el solicitado por Enagas era de US$ 13.351.150 por mes, el de Hoegh US$ 14.649.873 y el inicial presentado por GDF-Suez era de US$ 15.498.794. Tras una negociación, finalmente el gobierno lo bajó a US$ 14.298.539 mensuales.

¿Respaldo de la matriz?
A la licitación, GDF-Suez se presentó como GDF Suez Energy Latin America Participacoes, sin embargo el contrato lo firmó la empresa constituida en Uruguay, GNL Montevideo S.A. calificada como «filial indirecta» de la primera. Luego apareció una tercera: GNLS S.A. —inicialmente era Riklur S.A.—, que surgió tras la asociación de GDF-Suez con la firma japonesa Marubeni para el proyecto.

Una carta decía: «GDF Suez confirma que GNL Montevideo S.A. es una sociedad miembro del grupo GDF Suez». Pero, nunca estuvo claro el respaldo de la casa matriz.

Una obra sin proyecto.
El 1° de octubre de 2013 se firmó el contrato entre la filial indirecta de GDF-Suez y el Estado. Días después, GDF contrató a la constructora brasileña OAS que se encargaría de la ejecución de las obras y de la elaboración del «Proyecto Ejecutivo» de las mismas. Además del barco regasificador, se iban a construir una escollera y dos muelles. OAS encomendó ese proyecto a EGT, una de las tres empresas que había elaborado para GNLS el anteproyecto con el que ganó la licitación.

El 20 de diciembre de 2013, OAS subcontrató a la firma uruguaya Costa Fortuna para realizar una parte de la obra. A raíz de una denuncia que presentó esta última contra ejecutivos de OAS y GNLS por estafa, se conocieron detalles de los problemas del proyecto.

Al 1° de abril de 2014, OAS debía entregar a Costa Fortuna el «Proyecto Ejecutivo» de la obra, lo que no ocurrió.

El 19 de noviembre de 2014 —un año después de firmado el contrato entre el Estado y GDF— la regasificadora seguía sin «Proyecto Ejecutivo» de obra. A tal punto que ese día, se le entregó a Costa Fortuna —según la denuncia de esta— un nuevo plano preliminar «que tampoco nunca se convirtió en Proyecto Ejecutivo» y que «cambió sustancialmente» los preliminares.

Ese plano fue elaborado, ya no por EGT sino por Tractebel «una prima hermana de GNLS», denunció Costa Fortuna.

El 17 de marzo de 2015, GNLS le rescindió el contrato a OAS, le ejecutó una garantía de US$ 116 millones y no le pagó el último certificado de avance de obra de US$ 15 millones. Se estimba que a esa altura, el proyecto tenía un sobrecosto de US$ 400 millones. A todo eso, seguía sin haber «Proyecto Ejecutivo.

Luego GNLS buscó incorporar a la uruguaya Saceem para seguir con las obras. Sin embargo, según dijo el presidente Tabaré Vázquez el 10 de mayo de 2015 tras haberse reunido con ejecutivos de GNLS, estos «pretendían cambiar el contrato» y agregó que «como les había ido mal pretendían US$ 20 millones por mes por 20 años», en vez de US$ 14,3 millones por 15 años. El director general de GNLS, Fernando Tovar dijo en entrevista con El País el 5 de octubre que «jamás se habló de US$ 20 millones». Según Tovar, Gas Sayago «quería que GNLS considerara tomar parte de lo que ellos eran responsables y ahí ya no llegamos a un acuerdo. Se tomó la determinación de no continuar». Lo que dejó trunco al proyecto hasta el momento.

La salida de OAS.
La rescisión de GNLS a OAS fue poco clara. OAS afirmó el pasado 19 de octubre en un remitido que el 9 de marzo intimó a GNLS «a que definiera el proyecto ejecutivo de las obras, entre otros incumplimientos y que el 17 de marzo «GNLS rescindió intempestivamente y unilateralmente el vínculo con OAS». También acusó a GNLS de «una injerencia desmedida e impropia en este tipo de contratos, controvirtió sistemáticamente el proyecto ejecutivo de OAS y jamás definió uno alternativo».

Según Tovar de GNLS, «se llegó a un punto donde era obvio que seguir adelante con OAS era poner en grave peligro la terminación del proyecto a tiempo».

¿Gas Sayago controló?
Otro aspecto cuestionado es si Gas Sayago controló en algún momento el proceso. El 21 de abril de 2015, una delegación de Gas Sayago compareció ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. Allí, la gerente general de Gas Sayago, Marta Jara dijo que «no es totalmente transparente cómo llevan adelante la construcción» y que «lo cierto es que estamos limitados en cuanto a la intervención en la contratación (de personal) y en todos los aspectos de gestión del proyecto y sus riesgos».

La demanda que hace ruido.
En la demanda que la subcontratada Costa Fortuna inició contra ejecutivos de GNLS y OAS, se incluyó una consulta con el catedrático en derecho penal, Gonzalo Fernández. En el documento, Fernández expresa que cuando GNLS rescinde el contrato a OAS parece «un proceso meticulosamente planificado para que GNLS de buenas a primeras se embolsara más de US$ 140 millones» de los que US$ 126 millones (finalmente fueron US$ 116 millones) fueron porque ejecutó la garantía que había constituido OAS y US$ 15 millones por el no pago del último certificado de avance de obra. Como luego GNLS abonó US$ 100 millones al Estado (por la rescisión del contrato), le quedan «US$ 40 millones» de «suculenta y apetecible ganancia». GNLS dice que perdió más de US$ 400 millones.

Astori: «El plazo para tomar una decisión es marzo» de 2016.
El ministro de Economía, Danilo Astori, señaló ayer que durante la gira oficial a Japón aprovechó la oportunidad para reunirse con directivos de la empresa Mitsui, que construye el barco regasificador.

Señaló que hubo acuerdo con la compañía en que «las condiciones actuales no son las mismas que cuando comenzó a ponerse en práctica la idea y por lo tanto seguir adelante con el mismo modelo que existía, pero con condiciones distintas no sería lo adecuado».

«Cuando hablo de cambio de condiciones me refiero fundamentalmente a cambios en la demanda; Uruguay debería vender gas porque va a producir más de lo que necesita», añadió.

Por ese motivo, informó, se concordó con Mitsui en buscar, conjuntamente, alternativas para que el proyecto sea viable. Pero arribar a esa definición tiene un plazo. «Hay una fecha para la cual deberíamos tener una decisión tomada. No estoy hablando de la puesta en práctica esencialmente, sino tiempo de decisión y esa fecha es el mes de marzo del año que viene», informó Astori.

Días atrás, la consultora energética SEG Ingeniería realizó un informe sobre la regasificadora y allí sostuvo que el escenario actual da poca viabilidad al proyecto.

El documento concluyó que el ahorro por contar con la planta alcanzaría los US$ 30 millones de dólares al año, con un barril de petróleo (WTI) a US$ 55 el barril, un crecimiento medio de la demanda y sin contar con Aratirí.

«Este es el motivo por el cual se duda actualmente de la viabilidad de la regasificadora, ya que hoy en día se vislumbra un petróleo más barato y se observa con menor probabilidad un incremento tan fuerte de la demanda, en cuyo caso, un ahorro de US$ 30 millones al año resulta una cifra relativamente baja de beneficios comparada con los US$ 168 millones de dólares al año de canon a pagar», afirmó SEG.