Reforma de la Ley de Hidrocarburos, marca el fin de la impostura reformista de la “Nacionalización”

En las últimas semanas, y más aún a raíz del anuncio gubernamental del supuesto “descubrimiento de reservas” en el campo Margarita, se ha hecho más frecuente la mención por parte de personeros de gobierno de la intención e incluso la ejecución de un plan de modificación de la Ley de Hidrocarburos 3058 de 2005. Ante la caída brutal de las reservas y de la propia producción -que pasó de 60 millones de metros cúbicos diarios para 2015, a sólo 45 millones en 2021-, que impide cumplir con el contrato de exportación a Argentina y amenaza con enormes multas al país, el gobierno de Luis Arce acelera la entrega de los recursos a las transnacionales que ya había iniciado Evo Morales. En esa dirección, se comenzaría por realizar modificaciones “urgentes” a la Ley 767 de incentivos de 2015, que estableció incentivos en favor de las empresas petroleras transnacionales que dominan la producción de hidrocarburos en el país.

La norma establecía un incentivo monetario a la producción de petróleo crudo y petróleo condensado, consistente en el pago de entre 30 y 55 dólares por barril producido en campos nuevos y hasta 30 dólares por barril de condensado adicional en campos en actual producción. Creado para “promocionar las inversiones que permitan incrementar las reservas y producción de hidrocarburos”, el incentivo debería ser pagado por el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), constituido con el 12% del IDH y duraría hasta 25 años para los campos nuevos y 10 años para los campos viejos. Con esta medida, una parte sustancial de la renta obtenida con la creación del IDH, volverías a manos de las transnacionales: en el caso del petróleo, prácticamente se invierte la relación entre ganancias de la transnacional y renta estatal, en favor de las primeras, revirtiendo el principal logro de la ley de hidrocarburos que se aprobó gracias a la “guerra del gas” de 2003.

A pesar de la generosa cantidad de recursos entregados a las transnacionales (en el período 2016-2020 se habría pagado 177 millones de dólares por este concepto), el resultado fue desastroso: no se incrementó la producción de petróleo y condensado, y menos aún las reservas. De tal manera que se puede concluir afirmando que éste fue el paso más importante en el retroceso de la “nacionalización” de los hidrocarburos del MAS, que, en sentido estricto, sólo consistió en el incremento de impuestos, pues no se expropió ni un dólar de los capitales extranjeros.

Pero, en la larga historia del gobierno de Evo Morales, no sólo se dispuso el pago de ese incentivo monetario para las petroleras transnacionales. A lo largo de década y media, las empresas extranjeras obtuvieron del gobierno una serie de beneficios, partiendo de la posibilidad de obtener un nuevo mercado de exportación y mejores precios que los que regían antes de su “nacionalización”: prolongando la política del neoliberalismo, se mantuvo la mentira acerca de que las reservas eran inagotables y, por tanto, lo que correspondía era exportar gas masivamente; se les concedió el control de los “costos recuperables”, cubiertos por una densa opacidad que les permite recuperar todo lo invertido y algo más; se dispuso la apertura de los parques nacionales y áreas protegidas para que ingresen a explorar en busca de más gas y petróleo; etc., etc. Pero, lo más importante, mantuvieron el control sobre la orientación de la política de hidrocarburos, definiendo qué, cuándo y cómo se hacía la explotación de las reservas, con lo que el Estado se convirtió en rehén de sus decisiones, lo que se tradujo, por ejemplo, en la imposición -fallida- del “gasolinazo” en 2010, ideado para recaudar fondos con los que se pagaría un incentivo perverso, a costa de los bolsillos de la población.

Con todo, ahora el golpe definitivo a la reforma sería la modificación del régimen de los impuestos: con toda seguridad, orientada a la reducción drástica de los mismos, como recurso desesperado para atraer inversiones extranjeras que eleven las reservas de gas y petróleo, que fueron la principal fuente de la enorme renta que recibió el gobierno para sus políticas populistas y pro-burguesas.

En este propósito, el gobierno masista, tan repudiado dientes para afuera por los sectores empresariales, tiene el apoyo de sus expertos, que hacen las veces de sus voceros. Las declaraciones del oficialismo, cuyos portavoces han llegado a afirmar que la ley de hidrocarburos se ha convertido en una soga que asfixia al sector, han provocado entusiastas expresiones de apoyo de parte de conocidos expertos de filiación neoliberal y conservadora, que han expresado su satisfacción por el anuncio, señalando que es hora de revertir su régimen de impuestos y regalías que “desalentaría” las inversiones extranjeras en el sector, particularmente las orientadas a la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos. De esa manera, se acabaría imponiendo la idea de que el fracaso del sector se debe a la imposición de impuestos “irracionales” a las pobres empresas transnacionales.

Lo que ninguna de las dos alas de la derecha pro-empresarial menciona, es que el descalabro del sector se debe a la gestión ineficiente y corrupta del MAS, que convirtió a YPFB en la fuente de los recursos para el dispendio gubernamental. Convencidos de su propia mentira, alentaron la explotación inmisericorde de las reservas probadas y fingieron, con ayuda de “socios” como Repsol, que, coincidiendo con cada certificación de reservas, se encontraban nuevos y magníficos yacimientos: en realidad, todo un “mar de gas”. Asimismo, el uso de una parte importante de la renta, fue a parar a manos de otras empresas extranjeras que recibieron el encargo de construir enormes “elefantes blancos” como muestra de la “industrialización”: plantas de separación de gas, que en la actualidad funcionan muy por debajo de su capacidad instalada, o la famosa planta de urea/amoníaco que tiene en su corta vida, más días de paralización que de operación.

Así, cuando se anuncia la revisión y cambio de toda esa política incoherente y extraviada denominada abusivamente “nacionalización” y resumida en la ley de hidrocarburos, se está ratificando el rotundo fracaso de la política reformista impuesta, tras el escamoteo de la victoria popular sobre Sánchez de Losada en 2003. La corta y azarosa vida de la “nacionalización”, expresa dramáticamente la limitación de la política de los gobiernos reformistas frente al dominio de las transnacionales; resulta una reiterada confirmación del fracaso de la burguesía como clase dominante, pues en nombre de ella y de sus intereses que gobernó y gobierna el MAS, disfrazando esa su naturaleza de clase, con el discurso impostor del “socialismo comunitario” o del “Vivir Bien”.

Por todo ello, lo que corresponde al movimiento obrero y popular, no es sólo impedir que se anulen o disminuyan los impuestos que deben pagar las empresas petroleras, sino, sobre la base del comprobado fracaso de la política masista, es exigir y luchar por una verdadera NACIONALIZACIÓN; buscar la expropiación sin indemnización de las empresas transnacionales que se han llevado una buena y creciente parte de la renta, sobre la base de la expoliación de las reservas de hidrocarburos. Se trata de recuperar esa consigna de la “guerra del gas” de convertir al gas natural en un factor del desarrollo nacional, mediante su utilización para mover el aparato productivo, para transformar el agro, para crear un verdadero mercado interno, para impulsar la industrialización y para mejorar las condiciones de vida de la población.

Carlos Arze Vargas es analista económico

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