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Un informe del CEDLA cuestiona la nacionalización hidrocarburífera

Repsol y Total tienen control de 85,2% de reservas de gas

El 85,2% de las reservas de gas y petróleo del país está bajo el control de las empresas Repsol y Total E&P, en tanto que el Estado, a través de las subsidiarias Andina y Chaco, tiene el resto de ellas, según una investigación publicada por el Centro de Estudios Laborales (CEDLA).

El documento señala que el porcentaje de participación de las empresas transnacionales subió de 83,4% reportado en 2005 a 85,2% en 2009, según la última certificación publicada en detalle por YPFB en 2005.

La investigación señala que pese al decreto de nacionalización de los hidrocarburos, emitido el 1 de mayo de 2006, las empresas extranjeras que operan en el país mantienen el control y el predominio real en la industria de los hidrocarburos en Bolivia.

“Esta situación de preeminencia de las empresas transnacionales en el control de la producción de hidrocarburos se constata cuando el grueso de la producción -cerca del 80%- continúa en manos de las operadoras extranjeras. El Estado, en cambio, sólo participa en la producción restante 20% mediante las empresas Andina y Chaco, en asociación con empresas extranjeras”, sostiene el documento.

El estudio también señala que “el control de la producción de las empresas transnacionales ha ido creciendo en los últimos años; en especial, es patente el incremento de la participación de Petrobras, que pasó del 47% en 2004 hasta el 63% en 2009”.

Sólo reforma

Según el diagnóstico del CEDLA, la nacionalización de los carburantes se limitó al disfrute de los resultados de la reforma tributaria de la Ley 3058 aprobada en 2005 y de la extraordinaria elevación de los precios de las materias primas en el mercado mundial, pero que no recuperó el control estatal sobre el sector.

Ese hecho, según esa institución, dio ligar a que YPFB se subordinara a la voluntad de las empresas extranjeras productoras de hidrocarburos.

El documento también añade que al no tener el control real del sector hidrocarburífero y mantener una presencia estatal secundaria a través de YPFB, el Gobierno optó por ofrecer mejores condiciones a las transnacionales para intentar superar por esta vía los grandes problemas del sector como la caída en la producción de líquidos y el virtual estancamiento de la producción de gas.

El informe también sostiene que la escasez relativa de combustibles para el consumo interno puede tener diversas causas. Entre las más importantes están el alza extraordinaria de la demanda, la declinación física de los reservorios petroleros, la ausencia de inversiones, la elevada ineficiencia en el uso de la energía y la expansión de actividades especulativas.

A esos factores, según el CEDLA, se suma la ausencia de inversiones en exploración y desarrollo de campos.

 

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