Paradójicamente ninguna de las ONG vinculadas con USAID fueron citada por el Vicepresidente que acusó a bolivianas de «hacer política», «conspirar» y «mentir» en contra del gobierno.

La revista ?La Migraña? de la Vicepresidencia del Estado, en su décimo cuarto número publicado recientemente, identifica a organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas con la cooperación estadounidense que funcionan en Bolivia, a las que se acusa de haber instalado en el país un sistema de «colonialismo verde» que pretende dominar a los pueblos indígenas a través del manejo de sus recursos naturales.

La politóloga y economista, Loreta Tellería en su artículo «La hegemonía verde: control de los recursos naturales en Bolivia bajo el discurso medioambiental», señala que el gobierno estadounidense a través de USAID montó una estrategia en la década de los noventa, coincidentemente con el periodo neoliberal, en el que insertó conceptos como desarrollo sostenible, biodiversidad y cuidado medioambiental, como otra forma de dominio en América Latina, y que en el caso concreto de Bolivia, se articuló a través de las ONG, que además siguen en el país.

Bolivia no fue ajena a la corriente del «desarrollo sostenible» según la también directora de la fundación Observatorio Democracia y Seguridad, ya que al igual que otros países, durante la década de los noventa e inicios del nuevo siglo, fue «escenario propicio» para la creación de espacios territoriales resguardados de la devastación y explotación capitalista llamados Áreas Protegidas (AP) tomando diversos nombres: Parques Nacionales, Reservas Forestales, Áreas de Manejo Integrado Actualmente en el país existe 22 con categoría de AP.

La creación de las AP, según la investigadora, coincidió con el surgimiento de la corriente ecológica mundial denominada de manera integral «desarrollo sostenible» y por otro lado, con gobiernos de carácter neoliberal que priorizaron la privatización de los recursos naturales y su explotación con recursos capitalistas. Sin embargo, en el artículo también sale a la luz que debido a la intervención de esas ONG vinculadas a USAID, los pueblos indígenas lograron la titulación de sus Territorios Comunitarios de Origen (TCO), lograron capacitarse en manejo sustentable de sus recursos y gobernanza medioambiental, fueron asesorados técnica y jurídicamente en sus derechos y lograron que se aprobara leyes para preservar sus territorios en AP.

«Así ocurrió con gran parte de los proyectos de los ámbitos político, económico y de seguridad en Bolivia, el manejo y financiamiento del área de medioambiente también fue delegada a la cooperación externa, en este caso al gobierno de Estados Unidos a través de su agencia de cooperación USAID», señala el documento. Aunque el artículo de La Migraña no revela datos novedosos sobre la «ofensiva imperial», pues coincide con el discurso del vicepresidente Álvaro García Linera, a quien se lo cita en varias oportunidades, y también con la posición del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sobre su lectura de la injerencia de Estados Unidos sobre América Latina, desglosa los programas y proyectos que se desarrollaron bajo el paraguas de USAID y a las ONG que se beneficiaron del financiamiento estadounidense.

Paradójicamente, las ONG y fundaciones a las que menciona Tellería en su artículo, no coinciden con las citadas de manera recurrente por el Vicepresidente, quien las tildó de «hacer política», de «mentir en contra del gobierno» y de «velar» por intereses de gobiernos y empresas extranjeras con el propósito de convertir al país en un «guardabosques» del norte.

García Linera apuntó a las bolivianas Fundación TIERRA, al Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), a la Fundación Milenio y al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) de ser parte de las ONG que estarían en afanes «conspirativos» en contra del gobierno, lo cual fue desmentido por cada una de las instituciones aludidas, que en su mayoría llevan varias décadas de funcionamiento en el país, aportando con trabajos de investigación.

ONG en la lista «negra» Basándose en memorias institucionales, perfiles de proyectos y resultados de programas, Loreta Tellería cita al menos 15 ONG vinculadas a USAID, que en su criterio conforman un mapa de la existencia de proyectos y programas de naturaleza medioambiental, donde intervienen de manera directa USAID junto a otras muchas ONG -gran parte de ellas de origen norteamericano «que conforman una perfecta red de control territorial disfrazado de cooperación en desarrollo sostenible».

En la práctica, USAID a través de la creación de nuevas AP, según Tellería, fomentó la titulación y tenencia de tierras para los pueblos indígenas, la gestión sostenible de bosques, el ecoturismo, entre otros, dentro de una estrategia mayor, que ellos mismos denominan «la responsabilidad sobre la gobernanza ambiental», lo que en otras palabras significa: «la búsqueda del control y dominio de los recursos naturales del planeta con el fin de cumplir sus propios objetivos de seguridad nacional».

Del Proyecto Iniciativa para la conservación de la Amazonía Andina (ICAA-USAID), llamada en un inicio Iniciativa de Conservación de la Cuenca del Amazonas en la que se incluía a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con un financiamiento de 50 millones de dólares a ejecutarse entre 2006-2011, se identifica a 20 organizaciones socias repartidas en cuatro consorcios de trabajo de campo.

En el Programa de Desarrollo Integrado y Conservación de la Amazonía Boliviana (Ex Bolfor I -II) se identifican como socias y beneficiarias Fan Bolivia, WWF, The Nature Conservancy, Fundación PUMA, Chemonics, Bold Thinkers, Driving Real World Impacy. FCBC y Cadefor. Sin embargo, no tendría convenio para trabajar en Bolivia y estaría vinculado a la Oficina de Desarrollo Económico Sostenible y Medio Ambiente USAID-Bolivia.

Como instituciones asociadas figuran la Fundación José Manuel Pando, Cadefor, WWF. WCS, IBIF, CFV, FAN y FCBC, además de la Central Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) liderado por Jesús Leal y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) de Adolfo Chávez. Las áreas de intervención del programa serían Bolpebra y Filadelfia en Pando; Itenez, Mamoré, Baures, Huacaraje y Magdalena en Beni; Ixiamas, San Buenaventura, Rurrenabaque y Caranavi en La Paz; Urubiché, Ascención y El Puente en Guarayos, Santa Cruz, además de Roboré, San José de Chiquitos y Puerto Suárez en la Chiquitanía.

El Proyecto Multinacional: Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina (ICCA) se habría ejecutado a través de la fundación Herencia, Fundación Natura, Amazon, fundación Moore, MacArthur Fondation, CARE, ADRA Bolivia. Fue financiado por USAID por un monto de 50 millones de dólares en tres países de la región a través de su ejecutor principal Rainforest Alliance y para Bolivia el consorcio liderizado porWildlife Conservation Society (WCS) y Fundación PUMA (2006-2011).

El programa de Conservación de Paisajes con intervención en el Parque Nacional Madidi, Parque Nacional Amboró, Parque Nacional Carrasco habría contado con 15 millones de dólares para ocho componentes: a) promoción de las Áreas Protegidas Municipales (APM), b) fortalecimiento de Áreas Protegidas Nacionales (APN), c) gestión territorial, d) proyectos económicos sostenibles, e) ecoturismo, f) educación ambiental formal, g) cambio climático y servicios ambientales y h) educación ambiental no formal.

El proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria PISA, vinculado a la Oficina de Desarrollo Económico Sostenible y Medio Ambiente USAID, destinó15 millones de dólares a través de sus ejecutores ABT Associates Inc y Fundación VALLES, con áreas de intervención Sur de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro. La agencia de cooperación USAID, según sus propios postulados es un actor clave en la conservación de la biodiversidad de la región amazónica.

Por más de 20 años apoyó a creación de nuevas áreas protegidas que cuentan con novedosos mecanismos para compartir la responsabilidad sobre la gobernanza ambiental; generó una mayor capacidad local para conservar y minimizar el daño a los recursos naturales; aseguró la titulación y tenencia de tierras de miles de hectáreas para los pueblos indígenas, y proporcionó alternativas económicas reales como la gestión sostenible de los bosques, el ecoturismo y la certificación de los productos de los bosques.

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