El sector privado insiste en conocer con qué sustentos técnicos el Gobierno fijó un incremento salarial del 3 por ciento al básico y 4 por ciento al mínimo. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló anteriormente que se hizo “análisis previos” para tomar la decisión, pero hasta el momento no brindó mayores detalles de éstos.

“¿Cuál ha sido la base del Gobierno para ofrecer primero 1,5 por ciento (de incremento)? ¿Con qué parámetro pasa del 1,5 al 3 y 4 por ciento? ¿Deberíamos entender que el 1,5 ofrecido correspondía a las condiciones de la economía del país y el otro 1,5 que llevó al 3 por ciento responde a criterios políticos?”, cuestionó la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) en un pronunciamiento.

“Si fuera así, sería muy grave; que las miles y miles de familias y empresas tengan que pagar los tratos políticos entre la COB y el Gobierno”, añadió.

El director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Javier Gómez, manifestó que “pude haber una base técnica por detrás”, pero que la decisión fue política.

El especialista añadió que no se evidencian parámetros técnicos para definir el alza salarial y que más bien se requiere una estrategia integral para abordar el problema de la precariedad laboral, bajos salarios y mínima productividad en el mercado nacional.

La Cainco añadió que el Gobierno evita responder los argumentos del sector privado y traslada la discusión al ámbito político. “Como ellos sólo piensan en la política, asumen que todos son como ellos.

Parece que les cuesta creer que hay instituciones que hacen propuestas simplemente para que Bolivia funcione mejor”.

Ven riesgo para crear más empleos

El analista económico Gabriel Espinoza señaló, en contacto con Unitel, que los decretos difundidos el domingo por el presidente Luis Arce implican una mayor carga para los empresarios y, por lo tanto, la disminución de nuevas fuentes de empleo.

El 1 de mayo, el Gobierno promulgó cuatro decretos para incremento salarial, licencias en ciertos casos, fraccionamiento de vacaciones y más permisos para dirigentes sindicales.