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¿Por qué fracasamos con la Jindal?

La salida de Jindal

La Razón / 29 de julio de 2012 / Héctor Córdova E.

La experiencia boliviana en negociación con contrapartes asiáticas es escasa y, por tanto, no sirve de base para juzgar lo que llegó a ser el contrato con Jindal. Cuatro presidentes de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), varias autoridades procesadas, dirigentes cívicos en pie de guerra, población impaciente por la incertidumbre y todo el pueblo esperando un desenlace positivo, son algunos de los aspectos que encuadran la relación de Jindal con el Estado.

¿El contrato es bueno? Bueno o malo, fue el primer contrato de esa magnitud que firmaba el Estado boliviano y, por tanto, sin experiencia. Varios ministros intervinieron en su elaboración y firma; a pesar de ello, quedaron cabos sueltos que permitieron a la Jindal un margen de maniobra más allá de lo esperado.

La oferta de Jindal fue atractiva, casi dos millones de toneladas anuales de acero como principal producto despertaron expectativas en todo el país. El yacimiento es gigantesco. La Jindal sólo debía explotar el 2,5% durante 40 años. No es un yacimiento de explotación sencilla ni barata.

¿Qué es lo que dificulta el proceso extractivo en el Mutún? Dos factores determinantes: su ubicación geográfica y la composición del mineral. En el primer caso, llevar los insumos y transportar los productos en los volúmenes programados exige una logística que la región no tiene; se pensó en trenes, hidrovías, carreteras y otras alternativas que no están todavía disponibles. En el segundo, la presencia de fósforo, más allá de límites, tecnológicamente hablando, aceptables, encarece o dificulta seriamente la obtención del acero con la calidad requerida por el mercado.

A estas dos dificultades serias se debe añadir otras superables, pero complicadas. La transferencia de las tierras y la provisión de energía. El contrato condiciona los plazos a la entrega de todos los terrenos saneados. El Código Minero permite expropiar tierras por aprovechamiento de los recursos minerales. Sobre esta base se trabajó para completar la entrega de toda el área ofrecida.

Las autoridades buscaron salidas rápidas y legales para cumplir las cláusulas contractuales, pero tropezaron con extraordinarias dificultades que terminaron enredados en procesos judiciales de los que no pueden salir todavía. Se intercambiaron áreas del sur al norte para no afectar a comunidades, se escuchó el argumento de los indios que afirmaban que su toma de agua debía estar instalada en una determinada orientación del terreno para cumplir ciertas normativas religiosas, se expropió terrenos y se pagó las compensaciones estipuladas. Los indios aceptaron fechas de entrega de las tierras para comenzar el conteo de los plazos; sin embargo, de varias actas y documentos firmados, la empresa siempre adujo que no se cumplió esa cláusula del contrato.

En cuanto a la energía, la demanda india fue variable y la oferta del Estado, también. Diez, seis, dos y medio millones de metros cúbicos son montos que circularon en las negociaciones. ¿Cuál era la cantidad real, necesaria para encarar el proceso industrial? De haber un proyecto a diseño final de la siderúrgica del Mutún no se tendría que especular sobre este punto. Lamentablemente, sólo después de un estudio que realizó una empresa española para la Jindal se supo de los volúmenes más cercanos a la demanda tecnológica del proceso y de la producción. Finalmente, los indios afirmaron que el Estado no les aseguraba la cantidad de gas que se precisaba para encarar la empresa de la magnitud contratada.

Puerto Suárez se apropió del proyecto con ciertas dudas. Inicialmente buscó la continuidad de la empresa brasileña y sólo después de una labor de convencimiento aceptó a los indios. Una vez dado ese paso, la Jindal se convirtió en su empresa y defenderla para que no tenga obstáculos en el camino fue la norma de conducta que tenía un solo fin: hacer realidad el sueño de muchos años.

Bolivia nunca tuvo una industria del acero a partir del mineral. La disponibilidad de recursos humanos calificados es escasa. Sin exagerar, se podría contar con los dedos a los ingenieros especializados y con experiencia en este rubro. Esta debilidad debía ser subsanada con la contratación del 95% de personal boliviano y que sería capacitado a costa de la empresa. Poco se avanzó en este sentido y, ahora, cinco años después seguimos como al comienzo, con una fuerte debilidad en personal calificado que nos hace vulnerables ante los planteamientos de las empresas extranjeras.

La Jindal ha demostrado improvisación en la gestión del contrato. Sin un proyecto definido, ha buscado, como se dice vulgarmente, tres pies al gato. El tema de las tierras fue ideal para no ejecutar lo planificado. Cuando se le pidió la presentación de un plan de inversiones, entregó una página con cifras y fechas en la que resultaba evidente la improvisación. Uno de los directores del contrato manifestó que fue el directorio el que acabó elaborando ese plan en una reunión. Cuando presentó las boletas de garantía, la ESM las observó porque deberían ser entregadas sin condiciones.

Las boletas fueron ejecutadas no por incumplimiento de las inversiones, sino por incumplimiento de otra cláusula del contrato que exige la renovación de las boletas 30 días antes de su vencimiento. El descuido de Jindal sobre este punto no es subsanable y ha provocado una crisis de la que no se pudo salir. La ejecución de las segundas boletas fue parecida a la primera. Que una empresa permita la ejecución de 36 millones de dólares, por descuido, muestra una imagen, por lo menos extraña.

En una ocasión, uno de los representantes de la empresa manifestó que Jindal había ganado mucho dinero con la firma del contrato, pues sus acciones habían subido de manera extraordinaria. El capital así levantado, debía servir para financiar toda la operación, pero buscaba recursos y pretendía solventar los costos con la venta de los primeros productos. Para ello, extrajo el mineral de la corteza y obtuvo autorización para su comercialización. El contrato estipula que sólo el 30% del mineral explotado debía provenir de la corteza y 70% del trabajo en la roca misma, y prevé límites para la comercialización de concentrados. En varias ocasiones Jindal intentó cambiar estas cláusulas del contrato.

De acá en adelante, el Estado debe acelerar el tema logístico y energético para evitar argumentos de cualquier contraparte, pensar en la formación de recursos humanos y organizar el desarrollo de la región de manera integral para que los vacíos que deje el Estado no se llenen con acciones improvisadas.

El fugaz sueño del salto industrial

Carlos Arze Vargas

Desde el año 2006, en que presentó el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno viene proclamando que la superación de la economía primaria exportadora sería alcanzada mediante la industrialización. Hasta el vicepresidente Álvaro García Linera intentó acuñar el término de “salto industrial” para resumir la máxima meta del Gobierno “revolucionario”. Los resultados de la industrialización, empero, hasta hoy son como un paño frío para tanto entusiasmo y corroboran la crítica de que la industrialización no ha sido ni es una preocupación gubernamental, debido a su sometimiento a los intereses de las empresas transnacionales, consideradas sus “socias” y protagonistas centrales de la “economía plural”.

En efecto, la revisión de lo obrado en términos de creación de empresas industriales desde 2006 revela magros resultados. En el caso de la manufactura, sólo tres de las nueve empresas anunciadas desde 2007 están en funcionamiento actualmente. Asimismo, de siete proyectos incluidos en la Estrategia Nacional de Hidrocarburos y el Plan de Inversiones de YPFB ninguno ha empezado a operar, pese a que cinco de ellos debían hacerlo hasta el presente año; el único proyecto en funcionamiento es una planta de fabricación de tapones y accesorios con insumos importados que no figuraba en los planes. En minería sucede algo similar: de ocho plantas que define el Ministerio de Minería como proyectos de industrialización sólo dos estarían funcionando a la fecha, con el añadido de que una no fue construida sino sólo rehabilitada. Conociendo esta situación y algunos pormenores de la historia de ese proyecto, difícilmente podía sorprendernos el fracaso del proyecto minero siderúrgico del Mutún.

La historia iniciada con una proyectada licitación onerosa y entreguista durante el gobierno de Carlos Mesa continuó en 2006 con la licitación internacional y en 2007 con la firma del contrato de riesgo compartido con Jindal Steel & Power. Aunque el contrato establecía que en siete años —es decir alrededor de 2014— se estaría produciendo acero, el inicio de la producción de materia prima —mineral de hierro— recién se verificó en 2010 debido a una seguidilla inacabable de problemas como la falta de provisión de tierras saneadas —en medio de las infaltables denuncias de corrupción de funcionarios gubernamentales— o el incumplimiento de Jindal en la entrega de planes en detalle que debió presentarlos a los 90 días de la protocolización del contrato. Pero el hecho que llevó de las desavenencias a la ruptura fue el anuncio de YPFB de que no podría proveer el volumen de gas natural demandado por Jindal (que inexplicablemente bajaba de los 6 millones de metros cúbicos diarios a sólo 4 millones sin afectar las metas de producción) sino sólo 2,5 millones —sumando inclusive volúmenes de GLP (gas licuado de petróleo)—, ni construir un gasoducto por falta de recursos.

Pero en medio de este vía crucis se dieron también algunos hechos curiosos. La Jindal —acusada constantemente de incumplir las inversiones— estableció la compañía Gas To Liquids International SA (GTLI) en sociedad con la boliviana GTL y en 2009 anunció el descubrimiento de gas y petróleo en el campo Palmar. La noticia fue apoyada con entusiasmo por el Gobierno (el mismo Evo Morales asistió a la inauguración de la perforación de uno de los pozos), aunque poco después, en enero de 2010, la GTLI anunció que declinaba en su intención de producir por el escaso volumen de hidrocarburos existentes en dicho campo. Sin embargo, esa fugaz experiencia le permitió después acceder a contratos de estudio, primero, y en 2011 a contratos de exploración en cuatro bloques que suman 1,25 millones de hectáreas en áreas reservadas de YPFB. Así, la empresa que no puede garantizar inversiones en el Mutún ingresó, con la anuencia gubernamental, al negocio hidrocarburífero prometiendo, como anunció en una ocasión el ministro Wálter Coca, una inversión de hasta 800 millones de dólares en exploración.

A esta altura se puede afirmar que, en realidad, el proyecto no fue producto de una decisión meditada, sino que se desenvolvió a tientas porque respondía a otro propósito (de ahí la reacción de un par de ministros que declararon a la prensa su deseo de “echar” a la Jindal porque fue la “peor decisión que tomaron”). La decisión gubernamental fue resultado de un cálculo puramente político: la necesidad de debilitar la oposición de los grupos de poder de Santa Cruz en 2006 ofreciendo la promesa de un futuro industrial, necesidad política que con el tiempo se fue haciendo mayor ante la ausencia de resultados en la industrialización que pudiesen mostrarse al pueblo, en especial a sus electores. Por ello, el Gobierno se tornó cada vez más obsecuente con la Jindal, ofreciéndole el oro y el moro para que se quede en el país, consciente de que era incapaz de cumplir con la principal condición para alcanzar la siderurgia: la provisión suficiente de gas natural.

Por su parte, Jindal actuó como lo haría cualquier transnacional: especular con la titularidad de las concesiones del segundo yacimiento más grande de hierro del continente y de las áreas de exploración hidrocarburífera, sin la intención de promover la industrialización; a lo sumo se dedicaría a producir y exportar mineral de hierro, posibilidad que el propio contrato había dejado abierta al permitir la exportación de concentrados en los primeros seis años previos a la producción de acero. La seriedad de sus planes parece haber sido puesta en duda por sus propios ejecutivos, como lo sugirió la renuncia de un connotado profesional y las denuncias de otro gerente sobre ganancias especulativas en bolsas del exterior.

Así, el fracaso del proyecto revela no sólo la ineficiente gestión gubernamental, sino la demagogia del discurso oficial que proclama la industrialización en base a la asociación con las transnacionales. Y ello, porque esa tarea no interesa a los capitalistas extranjeros, porque sus intereses chocan con la necesidad nacional: el Gobierno no puede garantizar la provisión de gas, pues quienes en realidad definen la producción y el destino de los hidrocarburos siguen siendo las transnacionales interesadas en monetizar aceleradamente las disminuidas reservas de gas a través de la exportación. En resumen, es la confirmación de la imposibilidad del desarrollo y la coexistencia armónica de los intereses de las transnacionales con los del pueblo boliviano, como sueñan los teóricos del “socialismo comunitario” y el “vivir bien”.

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