Iván Bustillos Zamorano

Mentiroso, en realidad, es quien acostumbra mentir. Llamando de este modo a cuatro ONG, el Vicepresidente en los hechos ha abierto el debate sobre el pluralismo de la investigación en el Estado Plurinacional.

Desde el sábado 8, el vicepresidente Álvaro García Linera ha puesto abiertamente en el debate público la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a lo que se puede llamar ‘producción de conocimiento’. Su protesta se orientó hacia cuatro: las fundaciones Milenio y Tierra, el CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) y el Cedib (Centro de Documentación e Información Bolivia).

Al margen de las acusaciones, digamos, de imagen de tales instituciones (que Milenio depende de Gonzalo Sánchez de Lozada; que Tierra es dirigida por un exministro de Goni; o que tanto el CEDLA como el Cedib están bajo la dirección de “trotskistas verdes”), el Mandatario reclamó el hecho —dijo— de que estas instituciones no dicen la verdad y llevan adelante una actuación política encubierta: “¿Cuál es el problema? El problema es que mienten, que tergiversan, que hacen política partidaria”, señaló García Linera en un acto de entrega de títulos de propiedad en el municipio cruceño de Cotoca.

Para los directores de tres de las entidades aludidas, la acusación del Vicepresidente, aparte de injusta, pone en tela de juicio la actividad investigativa ‘no gubernamental’, independiente del Estado, socavando de este modo el pluralismo en la producción de información y conocimiento.

Para el Vicepresidente, dichas ONG defienden un “discurso imperial” vigente desde hace por lo menos 50 años, de control de la natalidad en los 70 y de “supuesta protección de la naturaleza” hoy día; en la lógica, esto último, de convertir a los países del sur en “guardabosques” para beneficio de los del norte. Para García Linera, es este discurso lo que en el fondo defienden dichas ONG, pero lo hacen con “mentiras, con datos erróneos, haciendo política partidaria”. De aquí que, entonces, remarca: “usted no tiene derecho a entrometerse en asuntos políticos de nuestro país; si se entromete, se va afuera”.

En una nueva conferencia de prensa el jueves 13, el Mandatario ciertamente dio un giro: aclaró que su reclamo específicamente se refería a ONG y gobiernos extranjeros que intervengan en el país con fines políticos; que no se va contra las ONG nacionales, “eso se respeta y garantiza; lo que no vamos a permitir es que ONG extranjeras, instituciones extranjeras, gobiernos extranjeros, financien actividad política partidaria en nuestro país”.

Todo esto, precisó luego, “por el principio de soberanía”, recordando como ejemplos del proceder estatal la expulsión del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, en septiembre de 2008, y la salida de la ONG IBIS, en diciembre de 2013.

Con respecto a las “ONG bolivianas”, el Mandatario afirmó “todo el respeto, toda la protección”. Aunque, nuevamente señaló que aquí el problema es la mentira: “en el caso de esas cuatro ONG, que yo las he criticado, y mantengo mi crítica, porque son mentirosas”. A tiempo de reconocer que se trata de instituciones de “mucha antigüedad”, introdujo el criterio más bien político-generacional: “lamentablemente la gente que convirtió a esas ONG en instituciones respetables, no están ya en esas ONG; eran izquierdistas que ya no están en esas ONG, han quedado puro derechistas y la mayor parte mentirosos; pero, son bolivianos, y tienen todo el derecho de hacer su actividad y tienen el derecho también para mentir, y respetamos su derecho para mentir”.

En lo relativo al rol o incidencia política de las ONG, especialmente las dedicadas a la producción de conocimiento, el director ejecutivo del CEDLA, Javier Gómez, apela al ineludible nexo entre la investigación y su efecto político: uno al investigar y hacer públicos sus resultados, naturalmente que puede influir en la percepción de los hechos públicos a que se refiere. Investigar y publicar “es una actividad del conocimiento que lógicamente es política, porque somos actores de la sociedad”.

Para el director de Tierra, Gonzalo Colque, “lo político”, que no lo político-partidario, se establece desde el momento en que el objeto de estudio es un hecho social: “si toca el interés público, tiene contenido político”; en general, afirma, es imposible “no hacer política”, o desentenderse del hecho de que “toda actividad humana es relación de poder, inducir, tener objetivos; imposible trabajar de manera apolítica; otra cosa es partidaria, de luchar por el poder”.

Recordando que Tierra nació hace 25 años, en el contexto del debate sobre la Ley de Tierras de 1996, bajo el contexto de la investigación para debate coyuntural, ahora la labor se orienta más, asegura, hacia las políticas de Estado (ya no solo de gobierno), es decir, investigaciones de largo aliento, “más cercanas a los cambios estructurales”. Por esto, el investigador no se hace problema en manifestar que, en general, la intención de su institución es incidir en dichas políticas públicas, como es derecho, por lo demás, de cualquier ciudadano: “Claro que nos interesa influir en programas de desarrollo, en políticas públicas; proponer dónde deben ir los recursos públicos, mostrar cuáles son las áreas más débiles, entre otras cosas”.

Por su parte, el director del Cedib, Marco Gandarilla, introduce el criterio de la “utilidad social” de toda investigación. “Descubrir, por ejemplo, que se están vertiendo 35 toneladas de mercurio en los ríos amazónicos, tiene que llevar a un gran debate público en Bolivia; no discutir eso públicamente (que es lo que nos está diciendo el Vicepresidente: ‘ustedes señores no hablen de asuntos comunes’) no es correcto, porque la política son los asuntos comunes, lo que nos importa a todos; ese no es un asunto privativo de los políticos, ese es un derecho de todos”.

En lo relativo al debate propuesto por García Linera acerca de la mentira en el trabajo de las cuatro ONG objeto de su crítica, el primero en reclamar lo injusto y hasta ilógico de la acusación vicepresidencial es Gandarillas, del Cedib:

“Extraña que nos llamen mentirosos, cuando el propio Estado y Gobierno están usando el servicio del Cedib. Concretamente, la comisión del Senado que estudió la capitalización tuvo que recurrir a nosotros, para fundamentar su informe; segundo, la Procuraduría del Estado, que tiene una demanda de la transnacional Sout American Silver, que tenía el yacimiento en Mallku Kota, nos ha pedido igual nuestra información, nuestros estudios, porque son vitales para la defensa que tiene que hacer ante esta transnacional”.

En 2014, relata Gandarillas, cuando se debatió la ley minera, el propio Estado tuvo que reconocer que los estudios del Cedib sobre cooperativas y empresas transnacionales eran “clave” para identificar el interés de cada sector con respecto a dicha norma. En la investigación social, se sabe, el primer problema es de enfoque, del punto de vista que construye el investigador; a esto parece apuntar el Vicepresidente cuando expresa su desconfianza de las cuatro ONG con su convicción de que se trataría de estudiosos “de derecha”.

Para Colque, de Fundación Tierra, si bien es innegable que en el diseño de la investigación existen diferentes enfoques para llevarla a cabo, lo que de alguna manera incidirá en los resultados que se obtengan, esto no da para reducir todo a mentiras sí, mentiras no, o que uno expresamente investigue para mentir.

“En los temas económicos y sociales, no existen ni mentiras ni verdades, no hay una realidad absoluta; lo que hay son distintas interpretaciones, metodologías y enfoques que se aplican para llegar a una determinada conclusión. Lo válido en este trabajo es la argumentación, las evidencias que presentas para respaldar una conclusión, y cuanto mejor metodología de investigación utilices, mejor la calidad de la conclusión”.

Desde el punto de vista del efecto que tienen las investigaciones que llevan adelante las ONG, el director del CEDLA, Javier Gómez, advierte de cómo la sola descalificación del contrincante en el debate público a lo único que conduce es a desmejorar la democracia. El ritual de descalificar al rival antes que debatir con él, lo que hace es “oscurecer” el debate público; con ello, señala Gómez, “se reducen los espacios democráticos; nosotros pretendemos aumentar la capacidad de deliberación, para que haya más democracia”. En rigor, en la investigación, en la seria, a lo sumo lo que puede haber es equívocos, errores, mala interpretación, a lo que necesariamente debe corresponder la rectificación.

“Nosotros criticamos la política pública, y ahí tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos la obligación de pedir disculpas públicas si nos equivocamos. Pero nadie nos responde de parte del Gobierno sobre nuestras investigaciones; no discuten el gasolinazo, la industrialización; solo nos responden con adjetivos”, lamenta Gómez.

¿Pero a qué mentira puede referirse el Vicepresidente? En el discurso de García Linera el sábado 8 en Cotoca, al dar cifras de la distribución de la tierra en los nueve años del “proceso de cambio”, el Mandatario afirma que prácticamente se ha dado la vuelta a la tortilla; si antes la relación era: grandes hacendados, 39 millones de hectáreas, contra 13 millones “la gente humilde”; hoy es: indígenas e interculturales, 42 millones de hectáreas frente a 6 millones los grandes hacendados. Ante ello, afirma García Linera, las ONG “ocultan estos datos, engañan a la gente, dicen que el gobierno del presidente Evo no está cambiando la estructura agraria”. Al respecto, solo como una aproximación a este complejo tema, el director de Tierra, Gonzalo Colque, señala que otra entrada también legítima para analizar el tema es ver dónde está la superficie cultivada en el país, o sea, la tierra efectivamente útil. “Más o menos son tres millones de hectáreas; dos millones están en Santa Cruz, y un millón en el resto, en ocho departamentos del país; y el 80% de los campesinos, de la población rural está fuera de Santa Cruz”.

García Linera en el mismo discurso de Cotoca advirtió: “llamo la atención a que mis hermanos estén muy atentos con esas dos ONG (Tierra y Cedib)”. Para Javier Gómez, aquí hay una actitud “despectiva” del Vicepresidente hacia la gente: “porque cree que nosotros (las ONG) les podemos engatusar, engañar. Respetemos la madurez de la sociedad boliviana para saber qué es verdad y qué no es, a partir de la realidad que vive”. Por lo mismo, Marco Gandarillas deplora este “acto de incitación de la sociedad hacia nosotros, llamando a sectores sociales contra nosotros; cuando el Estado es el que tiene que garantizar los derechos de todos”.

Intelectuales: García tiene un gesto de intolerancia

En el sitio web de la Agencia de Noticias Fides, el jueves 13, se informa que intelectuales del mundo calificaron los dichos del vicepresidente Álvaro García Linera sobre las ONG  como “un gesto de intolerancia”. Se trata de una carta que 28 intelectuales de América Latina, Norteamérica y Europa enviaron al Vicepresidente del país. En la misiva, describe ANF, los firmantes expresan su preocupación “por las acusaciones y amenazas de expulsión” lanzadas por García  Linera contra Milenio, Tierra, el CEDLA y el Cedib. “Dichas acusaciones y amenazas constituyen un gesto de autoritarismo e intolerancia de su parte”, afirma la carta.

Aparte del expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador Alberto Acosta, destacan como firmantes de la carta el intelectual portugués Boaventura de Sousa Santos y la matemática mexicana Raquel Gutiérrez Aguilar, quien fuera compañera del vicepresidente García Linera en la década de los ‘90, cuando ambos militaban en el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK).

“Como bien sabe el Vicepresidente, la disidencia o la crítica intelectual no se combate a fuerza de censura y efecto de amenazas y descalificaciones, sino con más debate, más apertura a la discusión política e intelectual; esto es, con más democracia”, advierten los 28 intelectuales, según ANF.

“Lamentamos, además, que quien levanta estas acusaciones y amenazas sea un prestigioso intelectual y sociólogo, autor de tantos e importantes trabajos e investigaciones sobre Bolivia, con proyección latinoamericana. En virtud de ello, en nombre del pensamiento crítico que usted mismo dice representar, quisiéramos hacer un llamado a la reflexión”, firman dichos intelectuales.

Además de los citados, entre los firmantes de la carta abogando por las ONG, están: Pierre Salama (Universidad de París), Eduardo Gudynas (investigador ambiental, Uruguay), Raúl Zibechi (ensayista, Uruguay), Maristella Svampa (socióloga, Argentina), Pablo Ospina (Ecuador).

Es cuestión de defensa de la soberanía: Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia

Se trata de un tema de defensa de nuestra soberanía; las ONG bolivianas y el personal boliviano tienen todo el derecho de hacer su actividad como vean conveniente y el Estado les protege; es más, hay muchas ONG que colaboran al país, hacen una gran actividad social; pero ninguna persona jurídica (ni gobierno ni ONG) puede financiar actividad política en Bolivia.

Hay poca información sobre el saneamiento: Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra

En los últimos años, seis o siete, no hay un informe oficial anual sobre el estado del saneamiento y titulación de la propiedad agraria; lo que hay a veces es pequeños pawerpoints, que no tienen firma institucional. Tampoco existe información desagregada. El censo agropecuario ha sido en 2013; hasta hoy, 2015, aún no se han presentado sus resultados.

Se atenta contra la libertad de expresión: Javier Gómez, director del CEDLA

Las declaraciones del Vicepresidente no se dirigen solo contra las ONG; en muchos casos se han dirigido a organizaciones sociales que en cierto momento se han opuesto a alguna acción o política gubernamental. El contexto es la reducción del derecho de la libre asociación y de la libre expresión. Esto lo ha denunciado el propio Defensor del Pueblo.

El Estado es uno de nuestros usuarios: Marco Gandarillas, director del Cedib

En el Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib) hay varias líneas de estudio; nuestra experiencia en recursos naturales es al menos 20 años. El Estado es uno de nuestros principales usuarios, de nuestro fondo documental, pero también de nuestras investigaciones. Y hablamos a nivel de municipios, de gobernaciones, el propio Gobierno, el Parlamento.

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