Por: Huáscar Salazar

El 17 de abril pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un comunicado de prensa, anunció que había aprobado la «solicitud de asistencia financiera de emergencia» para Bolivia, por un monto aproximado de 327 millones de dólares. Éste es uno de los primeros créditos externos destinados a mitigar directamente los efectos de la pandemia.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) acaba de publicar un informe titulado: «Deuda Externa Pública. Crisis del COVID-19 y financiamiento público». En este documento se señala que «la llegada de la pandemia del COVID-19, pone nuevamente en debate el rol activo que debe asumir la política fiscal y las formas de financiamiento que debe utilizar».

Este escenario hace ineludible poner sobre la mesa de debate nacional el tema de la deuda externa y cómo el país debería asumirla. Bolivia, en los últimos años, acumuló la deuda externa más elevada de su historia y la actual crisis podría hundir al país en una catástrofe financiera.

Un virus que conlleva deuda

Un reciente editorial de la revista británica The Economist, señala que «a medida que la economía cae en ruinas, los gobiernos están emitiendo millones de cheques a hogares y empresas para ayudarlos a sobrevivir las cuarentenas. Al mismo tiempo, con las fábricas, tiendas y oficinas cerradas, los ingresos fiscales están colapsando. Mucho después de que las salas de tratamiento de Covid-19 se hayan vaciado, los países vivirán con las consecuencias».

Y las consecuencias a las que se hace referencia son, fundamentalmente, aquellas que se relacionan con el endeudamiento que esta crisis sanitaria está significando para la mayoría de los países.

Bolivia llegó a la pandemia en una situación extremadamente vulnerable, que vaticina un incremento considerable de su deuda externa en los próximos meses.

Por un lado, el país tuvo en el 2019 un déficit fiscal de 7,2% respecto al PIB (2.932 millones de dólares). Este es un indicador que demuestra la fragilidad de la economía, ya que gran parte del gasto público ⎼desde 2014⎼ se financia con deuda externa. Por otro lado, para ese mismo año Bolivia acumuló una deuda externa de más de 11.000 millones de dólares, la más grande de su historia.

El otro problema es que gran parte del gasto fiscal del Estado boliviano, en sus distintos niveles, se financia con renta petrolera, la cual caerá considerablemente en los siguientes meses debido al desplome de los precios internacionales de los commodities, entre ellos los hidrocarburos.

En este contexto, el Gobierno está implementando una política fiscal de contención de la pandemia con recursos que no cuenta. Así pues, los distintos tipos de bonos, el pago de servicios de los hogares, los créditos blandos que se otorgarán a empresas a través del sistema financiero y los gastos que serán necesarios para apuntalar el precario sistema de salud del país, se financiarán en buena medida con deuda externa.

Junto a ello se debe considerar que la presión aumentará debido a la caída sustancial de la recaudación tributaria. Solo en el mes de marzo esta cayó en más 1.700 millones de bolivianos.

Con todo, hace unas semanas el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, señaló que, aparte de la deuda ya contraída con el Fondo Monetario Internacional, se estarían negociando montos similares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esto indica que, desde ya, el país prevé incrementar su deuda externa en casi 1.000 millones de dólares en 2020. Aunque es bastante probable que en los próximos meses puedan gestionarse nuevos créditos para continuar haciendo frente a la crisis sanitaria o, en su defecto, para reactivar la economía.

Tres escenarios posibles para la gestión de la deuda

El documento del CEDLA sobre la deuda externa propone tres escenarios posibles desde los cuales Bolivia podría enfrentar la delicada situación de la deuda externa en este contexto: 1) la suspensión del pago de la deuda en la presente gestión. 2) La condonación de la deuda externa coordinada con organismos multilaterales. 3) Incrementar la deuda externa, pero en mejores condiciones.

En el primer caso: «la suspensión del pago de deuda otorgaría liquidez al Estado para sostener sus acciones contra el COVID-19. Según proyecciones del Banco Central de Bolivia (BCB), para el 2020 se proyectó cancelar a los acreedores la suma de 822 millones de dólares (…). La suspensión del pago de este monto podría fortalecer enormemente el gasto público», señala el informe.

Si bien existe una política promovida por el Club de París para que varios países pobres suspendan sus pagos de deuda externa mientras dure la pandemia, por el momento Bolivia no es un país beneficiario. Esta medida está destinada a los países más pobres que reciben financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento.

Sin embargo, es llamativo que la mayor parte de organismos financieros internacionales ⎼incluidos el Banco Mundial y el FMI⎼ están considerando la suspensión de la deuda para que los países pobres puedan hacer frente a la crisis. Por lo que podría esperarse que Bolivia pueda ser considerada en algún momento para esta opción.

En el segundo escenario se considera que el Gobierno incrementará su deuda externa para reforzar su capacidad de gasto. Pero, junto a ello, también deberá desplegar una estrategia de «alivio de la deuda» para lograr su condonación en el mediano plazo.

«La condonación de deuda es una opción que debería ser asumida en la actual crisis por el Estado boliviano sobre la base del consenso social, ingresando, a la brevedad posible, en un diálogo con los organismos multilaterales y bilaterales», señala el documento del CEDLA.

Una postura similar es la que ha sido presentada por la ONG internacional OXFAM, la cual señala que «la deuda externa pública (…) debe cancelarse de forma permanente, y no acumularse para su pago en el futuro. La cancelación de los pagos de deuda es la manera más rápida de que el dinero se quede en esos países (…) para abordar la urgente crisis de salud, social y económica provocada por esta pandemia global».

De darse, éste llegaría a ser el escenario óptimo, sin embargo, no parece ser la opción que en primera instancia haya sido considerada por los organismos internacionales, ni por países acreedores de deuda bilateral y menos por acreedores privados.

El tercer escenario corresponde a la política que actualmente está llevando a cabo el Gobierno. «Mientras no se opte por mecanismos como el alivio de deuda o la suspensión de pago de la deuda externa, el Estado tendría en el corto plazo el camino de buscar apoyo internacional bajo la figura de donaciones o acceder a nuevo endeudamiento externo».

Sin embargo, en el caso de contratación de nueva deuda, se señala que ésta debería ser de mejor calidad y obtenida bajo ciertos criterios. Se debe: 1) priorizar los préstamos concesionales ⎼es decir con mejores condiciones que las que ofrece el mercado financiero⎼, 2) transparentar los documentos de endeudamiento y 3) fiscalizar el destino de la deuda externa.

Las políticas «sui géneris» de los organismos multilaterales

La magnitud de la crisis ha descolocado incluso a las grandes instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, otrora identificados por su tendencia a promover economías de mercado con intervención mínima del Estado. Lo que en la mayoría de los casos se logró a través de condicionamientos mediante deuda externa.

Sin embargo, los recientes informes, documentos, comunicados y artículos que estos organismos han publicado, modifican sustancialmente su postura de corto plazo. Contradiciendo sus tradicionales recetas de política económica, vienen promoviendo la intervención activa del Estado y la implementación de políticas fiscales para enfrentar la crisis.

Por ejemplo, el FMI recalca que «mientras la economía esté paralizada, las autoridades tendrán que garantizar que la gente pueda cubrir sus necesidades y que las empresas puedan reactivarse una vez que hayan pasado las fases agudas de la pandemia».

Sin embargo, las diferencias terminan ahí. Ya que en sus mismos informes se conmina a los Estados a que garanticen que, una vez concluida la pandemia, se retorne los más antes posible a la «normalidad», devolviendo la centralidad a la economía de mercado.

La deuda externa más grande de nuestra historia

«Debemos recordar que Bolivia en 2006 adeudaba la cifra de 3.248 millones de dólares, diez años después ésa cifra ascendió a 7.267 millones de dólares (2016), más del doble y para el 2019 nuestra deuda es de 11.267 millones de dólares», señala el informe de CEDLA.

Este acumulado de deuda, que el año 2018 sobrepasó por primera vez la barrera de los 10 mil millones de dólares, es la mayor cifra de deuda externa que el país ha llegado a tener en toda su historia.

Esto ha sucedido pese a que en los años 2006 y 2007 se llevó adelante la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (MDRI), por medio de la cual más de la mitad de la deuda externa boliviana fue condonada por organismos multilaterales.

Así, el gobierno del Movimiento Al Socialismo inició su gestión con la deuda externa más baja desde 1976 (2,3 mil millones de dólares), pero 12 años después esta se quintuplicó.

Si bien en ese tiempo el Producto Interno Bruto también creció, debe señalarse que el indicador de solvencia (saldo deuda/PIB) empeoró significativamente, pasando de 16,3% en 2010 a 27,1% en 2017.

Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), el 66% de la deuda externa ha sido contraída de organismos multilaterales. En concreto, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Mundial son acreedores de poco más del 90% de este tipo de deuda.

En el caso de la deuda bilateral, ésta representa el 13,2% del total de la deuda externa y tiene como principales acreedores a China, con el 70,1% y a Francia con el 19,9%. Otro componente importante de la deuda externa boliviana son los denominados «Bonos Soberanos», que representan poco más de 2.000 millones de dólares.

Fuente: https://elpais.bo/covid-19-y-el-problema-de-la-deuda-externa-boliviana/