ADITAL, 24 de Noviembre de 2010

Ecoceanos (*)

El Servicio Nacional de Pesca se creo en 1978, cuando Chile no era un país top en la producción y exportación de recursos pesqueros. Pasadas tres décadas, el Servicio ha ido asumiendo funciones complejas de fiscalización en áreas críticas del desembarque, producción y exportación, pero no ha sido reestructurado, ni se han inyectado recursos para cumplir con su misión.

Valparaíso/Magallanes, 23 de noviembre de 2010

Hace seis años varios cargamentos de salmón y otros productos marinos chilenos quedaron detenidos en aduanas nacionales y extranjeras. Esto porque no contaban con el certificado sanitario que entrega el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Esta situación ocurrió debido a la huelga de funcionarios de esta oficina estatal que protestaban por el rechazo del gobierno a realizar una reestructuración interna y a aumentar la cantidad de funcionarios contratados formalmente, o de planta.

El resultado de esta protesta no generó mejorías en el funcionamiento del Sernapesca, al contrario, en los últimos años la cantidad de funcionarios ha disminuido y la estrategia del anterior y actual gobierno continúa avanzando con el fin de externalizar y privatizar funciones claves en esta oficina fiscalizadora.

Esto en medio de una serie de crisis de tipo sanitaria y ambiental protagonizadas por la industria del salmón, que ha puesto en jaque la institucionalidad pesquera.

PRIVATIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL

El propio Jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaria de Pesca (Subpesca), médico veterinario José Miguel Burgos, quien consultado por los temores que existen en Magallanes por la llegada masiva de centros de cultivo de salmones, indicó que la nueva legislación le da al Sernapesca la facultad de externalizar una serie de labores de fiscalización, en particular el seguimiento de los peces enfermos por medio de laboratorio. «Si bien éstos (servicios) van a ser contratados por Sernapesca, serán financiados por la propia empresa».

Estas preocupantes declaraciones surgen luego de la reunión que sostuvieron funcionarios de Subpesca, las autoridades regionales y la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de la Región de Magallanes, a principios de octubre en Punta Arenas.

Un mes después, se detectó el primer brote del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), en un centro salmonero de la empresa Acuimag, emplazado en Bahía Perales, Provincia de Última Esperanza.

Desde entonces, el rol jugado por las autoridades pesqueras en este episodio ha sido de blanqueo de una serie de irregularidades como la sobreproducción realizada por esta empresa, el uso irregular de un incinerador para los peces muertos y una entrega de información por «goteo» y con «tirabuzón».

SERNAPESCA: NUEVAS FUNCIONES, MENOS RECURSOS

Chile aspira a ser potencia alimentaria, ostentando el sexto lugar en el ranking exportador de productos pesqueros y segundo de salmones de cultivo, después de Noruega. Sin embargo, la institucionalidad sectorial continúa correspondiendo a la realidad de los años ‘70. Además sus fiscalizadores no cuentan con tal calificación dentro de la administración del Estado, situación que limita y complica sus funciones.

La realidad del sector pesquero en 1978 -año en que se creó Sernapesca-, es totalmente diferente a la que actualmente existe. El Servicio ha ido asumiendo funciones complejas de importancia, especialmente en la fiscalización en áreas críticas del desembarque, producción y exportaciones, pero no ha sido reestructurado, ni se han inyectado recursos para cumplir con su misión.

Actualmente el Sernapesca cuenta con sólo 54 funcionarios contratados de planta, 431 a contrata, y 270 a honorarios. La misión de este personal es controlar nada menos que el cumplimiento de la normativa pesquera, acuícola, en aspectos sanitarios en estas áreas, así como los acuerdos internacionales que regulan la actividad.

Además de ejecutar la política pesquera nacional y fiscalizar el cumplimiento de las leyes y normativas al respecto, le compete velar por la calidad sanitaria de los productos pesqueros destinados a mercados internacionales, proponer planes de desarrollo para la pesca deportiva, ejercer la tuición de parques y reservas marinas y proveer las estadísticas pesqueras oficiales.

Con escasez de recursos, falta de personal, y sin embarcaciones propias, Sernapesca ha debido fiscalizar 1.200 concesiones salmoneras entregadas en las regiones de Los Lagos y Aysén, además del control de las otorgadas a la milicultura, las áreas de manejo de los pescadores artesanales, y toda actividad marina que genere recursos monetarios.

EXPANSIÓN SALMONERA

En Magallanes la situación es crítica. Sernapesca tiene solo 5 funcionarios de planta, 22 a contrata y 7 a honorarios, y la industria de salmón ha puesto los ojos en esta región para expandir su producción, con 1.600 nuevas concesiones acuicolas solicitadas y con el anuncio de aumento de sus producciones de 6.000 mil a 80.000 mil toneladas anuales en tan sólo diez años.

«La actividad pesquera y de la salmonicultura se ha desarrollado enormemente y lamentablemente los aparatos del Estado no han sido implementados de la misma manera», afirmó, Magdona Muñoz, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de Servicio Nacional de Pesca (AFUS).

En entrevista con Ecoceanos News, la dirigenta aseguró que Sernapesca, principal servicio de control sanitario de los productos pesqueros y acuícolas chilenos, «requiere de una reestructuración total, mayor financiamiento y de mejores condiciones laborales».

Según la presidenta de AFUS, «Sernapesca no ha sido reestructurado desde su creación en 1978, en términos de la planta de funcionarios acorde al desarrollo del ámbito pesquero en el país, excepto la creación de unidades porque la Ley no permite crear departamentos». Un servicio son 54 funcionarios de planta, «no se condice con la realidad de nuestro país, que pretende ser una potencia pesquera».

Para la dirigenta, ante los intentos de expansión de la industria salmonera hacia Magallanes, «Sernapesca deberá implementar una mayor dotación de funcionarios, con mejor implementación y condiciones de trabajo. No es atractivo para los funcionarios irse a esas regiones extremas, porque el alto costo de la vida que existe en esas regiones no es solventado en base a una asignación de zona para gente a honorarios».

Además, Magdona Muñoz denunció que «Sernapesca no cuenta con centros de monitoreo satelital en todas las regiones para fiscalizar las embarcaciones industriales que operan fuera de las 5 millas. Además, no tiene embarcaciones, y siempre se debe recurrir a la Armada para fiscalizar».

«El Estado se ha desarrollado menos en cuanto a inversión que la industria pesquera y acuícola. Las autoridades políticas del país no se han preocupado de adecuar el Estado al desarrollo que ha tenido la empresa privada. Es lo que ocurre con SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería) que tienen 16 funcionarios para fiscalizar la principal actividad productiva del país».

Según Magdona, «en las regiones todos los funcionarios tienen que fiscalizar. Por ejemplo, en Talcahuano tenemos un sistema que se contrata funcionarios por temporada de acuerdo a los desembarques, es decir temporeros del Estado».
Esta situación se contrasta con la importancia y los recursos que se manejan en el sector regulado. En el período enero-junio del año 2010 se generaron 1.755,4 millones de dólares por las exportaciones chilenas del sector pesquero. La salmonicultura en Chile se inicio en 1980, cuando se exportó salmón del Pacífico hacia Japón y los Estados Unidos, pero recién en 2006, se crea la Unidad de Acuicultura de Sernapesca.

CRECIENTE PRECARIEDAD LABORAL

La Presidenta de AFUS denunció que «el Gobierno aplicó una reducción de presupuesto de Sernapesca, lo que hasta ahora no ha significado despidos de funcionarios. El problema es con las horas extraordinarias. El estatuto administrativo establece que estas horas de trabajo primero se tienen que compensar y después cancelar. Como somos pocos funcionarios y tenemos mucha actividad de fiscalización, hay trabajadores que han sumado seis semanas para compensar. Al final se van acumulando las horas extras y no las pagan, situación que desmotiva a los funcionarios».

A modo de ejemplo, Muñoz señaló que «una funcionaria a honorarios fue a fiscalizar una planta a la ciudad de Quintero y una grúa en operación la alcanzó y perdió los dedos de su pie. Nuestro servicio implementa con zapatos de seguridad a los funcionarios que realizan labores de terreno, pero compran el más económico que no es el más adecuado, porque no es más resistente. Afortunadamente la trabajadora había comprado otros zapatos o si no pierde la pierna completa. Esta funcionaria a honorarios no tiene derecho a acogerse a la ley de accidentes del trabajo. Ha gastado más de 10 millones de pesos en operaciones. La deuda la tiene que solventar ella. Estamos viendo como apoyarla».

SIN RECURSOS NI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Según Magdona Muñoz, «en las modificaciones a la Ley de Pesca se aprobó una creación de la Subdirección de Acuicultura, lo que permitirá que en todas las oficinas regionales se cree un departamento del tema. Pero la ley no establece de donde se sacarán los recursos, ni menos el plazo de implementación».

Los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca no cuentan con la categoría administrativa de fiscalizadores dentro del Estado, que tienen por ejemplo los funcionarios de la Inspección del Trabajo, de Impuestos Internos (SII) o de Aduana.
«No contamos con la calidad de fiscalizadores, por lo que cuando cursamos una citación por transgresión a la normativa pesquera a una empresa, a un pescador o a un privado que realiza actividad pesquera, debemos presentar las denuncias ante los tribunales y después ir a declarar. A veces los trámites judiciales son lentos, y debemos ir a declarar por infracciones que hemos cursado hace más de un año».

Muñoz agregó que «la parte más lamentable es que nos sentimos constantemente amenazados. Nuestros regulados son difíciles, y evidentemente nuestros funcionarios enfrentan situaciones de agresión. Por ejemplo hace dos años, en una caleta en Talcahuano quemaron una camioneta del Servicio. Hemos sido agredidos verbalmente, insultados, hasta golpeados por usuarios nuestros, y porque no tenemos la calidad de fiscalizadores, que tiene por ejemplo el SII».

«Los conflictos que tienen los pescadores, tripulantes con respecto a las vedas, cuotas son todos reclamos hechos en las oficinas de Sernapesca. Incluso han retenido a los funcionarios al interior de las oficinas. Se confunden los roles, no tenemos nada que ver con la normativa pesquera, pero como tenemos presencia en todo el país, nuestros usuarios nos confunden con la Subpesca. Al no tener la categoría de fiscalizadores es más fácil que nos falten el respeto».

AUTOFISCALIZACIÓN EN UNA INDUSTRIA CON VIRUS

En medio de la crisis sanitaria de la industria del salmón a raíz de la propagación del virus ISA, que se desató en 2007, SalmonChile responsabilizó al Estado de no tener la capacidad para controlar y fiscalizar a este sector exportador. Según AFUS, en Puerto Montt Sernapesca cuenta con 76 funcionarios entre planta y contrata, y 66 a honorarios.

Al menos en el discurso público, la patronal llamó a fortalecer el control y fiscalización que debía tener el Sernapesca. Durante la discusión de las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura en el Congreso, que terminó por privatizar el mar chileno, se planteó la urgencia de entregarle no solo mayores recursos al servicio, sino que además fortalecer sus facultades administrativas y sancionatorias.

Pero la dirigenta denunció que «el problema con la industria salmonera se produjo con la aparición del virus Isa. Las empresas sentían que Sernapesca no tenía que fiscalizar la enfermedad de los peces. Al final fueron las mismas empresas quienes vieron ese tema, y se desarrollo un virus que no se le puso atajo a tiempo. Esto generó el gran declive de la industria del salmón, y en gran parte de la Región de Los Lagos desaparecieron los centros de cultivo».

«Empiezan los problemas dentro de la administración pública respecto a quien les corresponde hacer esa labor, porque el SAG tiene que ver con el medicamentos para los animales. Los empresarios salmoneros pensaron que ellos lo podían resolver, no lo resolvieron y tuvimos que entrar nosotros. Es lo mismo que ocurre con la minería, el empresario tiene la responsabilidad de la seguridad de la mina, pero después los responsables son los fiscalizadores. Cuando ocurren accidentes, o pérdidas de inversión millonarias como es el caso del virus ISA ahí la responsabilidad es del aparto público», reclamó la dirigente de los trabajadores del Sernapesca.

(*) Centro Ecoceanos