Denunciante hace llegar su reclamo al Gobierno

El Dia – 23 de enero de 2016

Por el caso de la supuesta adulteración de documentos originales por parte de la empresa china Sinohydro en la adjudicación del pasado 29 de octubre 2015, del proyecto construcción de la doble vía El Sillar con una inversión de $us 426 millones, la profesional afectada por ese hecho, Ana Cristina Inclán Nafria, informó que hasta el momento no ha tenido respuestas concretas, a menos de haber logrado dar a conocer su denuncia ante diversas instancias de gobierno, como el Ministerio de Obras Públicas y la Administradora Boliviana de Carreteras.

Inclán informó que en contacto con Erick Jesús De las Heras Arce, gerente nacional técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), a quien vía teléfono desde España expuso sobre la irregularidad de dicha adjudicación, este le respondió que aún no conocía los pormenores de la supuesta irregularidad.

"Me dijo que esté tranquila porque todavía faltan varias fases para que finalmente se dé la orden de inicio. Creo que me quiso transmitir que si corrobora las irregularidades que le menciono, la obra no daría inicio", citó Inclán en contacto con El Día.

Sin embargo, reiteró que su persona fue objeto de utilización de su nombre, la adulteración de sus referencias profesionales como la hoja de vida, su firma, entre otros, por parte de la empresa Sinohydro, previa facilitación de Rodolfo Ernesto Canales Bernal, segundo ejecutivo de la española Acciona Ingeniería S. A. en Bolivia. En dicha adjudicación de la obra, considerada por autoridades del gobierno y la población boliviana como trascendental, estaría figurando Inclán, 'de manera inconsulta y sin su consentimiento', en la propuesta de Sinohydro en el formulario A-6 de la declaración jurada como parte del 'equipo de especialistas', cuando ella no tiene vinculación alguna ni con la empresa china ni con Acciona.

Hermetismo y silencio. Las autoridades de la ABC, incluido De Las Heras, ante la persistente denuncia hecha público a través de este medio, no han respondido sobre la veracidad de esos hechos.

Por su parte, Inclán, en las últimas horas, ha manifestado que mediante carta certificada ha hecho conocer la denuncia al Ministerio de Obras Pública, como máxima instancia del gobierno. En cambio, en días pasados a El Día, en referencia a este tema, Milton Claros, ministro de Obras Públicas, señaló desconocer la denuncia. "Si esa persona ha representado vía escrito su denuncia ya sea en la ABC o esta instancia, seguramente se va a procesar. De lo contrario no podemos decir nada, mientras no tengamos conocimiento", respondió.

Inclán al respecto señaló que en las últimas horas ya remitió su denuncia y preocupación personal sobre la supuesta irregularidad a las instancias del Ministerio de Obras Públicas. Además precisó que acceder al formulario A-6 es imposible porque la normativa, en procesos de licitación, establecen ciertos protocolos, lo que impide verificar el supuesto delito.

Más observaciones. Según Luis Gonzalo Maldona, presidente Emérito de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), señaló que de cualquier manera luego de conocida públicamente la denuncia, la ABC debería iniciar una investigación inmediata. "En caso de establecerse tal hecho, la ABC debería iniciar un proceso penal, por falsedad ideológica y material, y la ingeniera Inclán puede hacerlo, con una demanda vía legal en Bolivia", señaló. Además, el experto, por lo delicado del hecho, presume que la ABC optará por callar.

Más denuncias

La empresa Acciona Ingeniería S. A. fue observada en el Perú

Contexto. Mientras que en Bolivia la denuncia de la profesional especialista en caminos, canales y puentes involucra indirectamente a la empresa española Acciona Ingeniería S. A. en el Perú dicha compañía constructora fue suspendida de cualquier tipo de proceso de licitación por falsificar documentos.

Información. Según Ok Diario, medio digital del Perú, dicho gobierno ha impuesto una sanción a Acciona por la que inhabilita a la filial de la empresa española en el país para firmar contratos con el Estado durante un plazo de 37 meses, por haber falsificado documentación en una licitación pública.

http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=357&pla=3&id_articulo=190207

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