Catler acepta la nulidad del contrato con Yacimientos

La Razón

En un memorial presentado a la Corte Suprema de Justicia, el consorcio Catler-Uniservice manifestó “estar de acuerdo” con la nulidad del contrato suscrito con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), dijo el titular de la estatal petrolera, Carlos Villegas.
Agregó que la empresa también envió una carta a la Cámara Nacional de Comercio “en la que levanta la demanda de arbitraje”, iniciada en abril para la resolución del cuestionado contrato.

El 28 de ese mes, Villegas demandó ante el órgano judicial la nulidad del documento. Previamente, el directorio de la estatal aprobó la anulación del proceso de contratación del consorcio.

La Razón intentó conocer la versión de la empresa, pero la firma de abogados que la representaba legalmente dejó de hacerlo hace 10 días, afirmó Iván Alemán, uno de sus miembros. “No conozco absolutamente nada (del tema)”.

El convenio fue firmado el 14 de julio del 2008 por un monto de 86,3 millones de dólares. Para ello, el Gobierno creó un fideicomiso por 45 millones de dólares.

Sin embargo, las presuntas irregularidades en torno al documento salieron a la luz, tras el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach —uno de los representantes del consorcio— el 27 de enero de este año.

Sus victimadores le arrebataron 450.000 dólares, dinero destinado para presuntamente pagar una comisión ilegal al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, por la adjudicación de la obra. El ex ejecutivo guarda detención preventiva en el penal de San Pedro.

“Estamos a la espera de un dictamen por parte de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que sea a favor de la nulidad del contrato”, dijo Villegas.

En cuanto al futuro del proyecto gasífero de Río Grande, indicó que el equipo técnico de YPFB concluyó la auditoría iniciada en mayo a la estadounidense Gulsby, subcontratada por Catler-Uniservice para construir gran parte de la planta.

Aseguró que está a la espera del informe correspondiente que se elabora en La Paz y que definirá si Gulsby asume la conclusión de la obra.

La auditoría consistió en una inspección ocular a las oficinas de la empresa en Houston (Estados Unidos) y visitas a 12 ciudades de ese país en las que se construyen las partes sustantivas de la planta.

La relación con las otras subcontratadas del consorcio, las boliviano-argentinas Lito Gonella y Sica, está pendiente, dijo Villegas.