LA POLÍTICA DE HIDROCARBUROS DEL MAS: CONTINUIDAD DE LA LOGICA NEOLIBERAL

Carlos Arze Vargas

Investigador CEDLA

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del MAS, lanzado el año 2006, realiza una crítica frontal a los resultados de la aplicación del denominado “modelo neoliberal” y postula como objetivo general la construcción de un nuevo Patrón de Desarrollo en sustitución del Patrón Primario Exportador.

El medio fundamental para llevar adelante la construcción de este nuevo patrón de desarrollo es el Estado descolonizado, entendiéndose por ello un Estado que representa un nuevo “bloque de poder” constituido por los grupos sociales excluidos históricamente. Para ello, se diseñaría una nueva Matriz productiva, orientada a cerrar la brecha de desarrollo entre la ciudad y el campo, a través de la distribución equitativa de los recursos. El Estado controlaría el excedente económico asumiendo un rol productor y distribuidor de la riqueza, recuperando funciones en los campos de la producción, de la provisión de infraestructuras, de la comercialización y del financiamiento “que el neoliberalismo le cercenó”. Los excedentes producidos en el sector estratégico de los recursos naturales y la energía serían dirigidos, a través del cumplimiento de las funciones estatales, a los sectores generadores de empleo e ingresos.

De manera más específica, en el caso de los sectores extractivos, considerados “estratégicos”, sostiene que “la ejecución de las estrategias y programas del sector entre 2007 y 2015 permitirán una inversión de 25.000 millones de dólares y la obtención de mayores ingresos con divisas producto de la exportación de gas, crudo y sus derivados, así como la generación de nuevas fuentes de empleo, directas e indirectas. Por otro lado, el desarrollo previsto del sector contribuirá al fortalecimiento de la estructura productiva, expandiendo y desarrollando nuevos encadenamientos entre la extracción de materias primas y procesos de adición de valor agregado.”

En otras palabras, las políticas sectoriales de hidrocarburos estarían orientadas a promover la industrialización sobre la base de la obtención de excedentes mediante la exportación de materias primas. Para llevar a cabo estos objetivos sectoriales, el PND se propone reestablecer el rol estatal y de los diferentes actores, a través de: i) la recuperación e industrialización de los hidrocarburos y ii) una nueva política de mercados.

Cada una de estas políticas cuenta con sus respectivas estrategias, aunque las más importantes son las relativas a: a) la recuperación de la propiedad real de los hidrocarburos de manos de las empresas transnacionales, b) generación de mayores excedentes, c) la refundación de YPFB y d) el cambio de la matriz energética (en oposición a la orientación exportadora del neoliberalismo).

La evaluación de estas políticas y estrategias, pasados más de 18 meses de gestión, nos dan una idea del alcance de los resultados y de sus perspectivas, es decir, de las posibilidades de, en un futuro desarrollo pleno de las políticas, pueda alcanzarse el objetivo general enunciado.

La nacionalización no recupera las reservas ni el negocio

La “nacionalización” de los hidrocarburos se refleja en la aplicación del DS 28701 y de la firma de los nuevos contratos. En el primer caso, se debe concluir que, siendo una medida transitoria o excepcional (su duración no iba más allá de los 180 días) el decreto logró presionar a las empresas extranjeras a la migración de contratos, bajo el riesgo de prolongar el pago del 32% extraordinario a favor de YPFB.

Empero, en la recuperación efectiva de los hidrocarburos, se debe señalar que sólo se logró –mediante la reversión de las acciones de los ciudadanos bolivianos a favor de las 2 empresa capitalizadas del sector, Andina y Chaco- el control del 12% de las reservas de Gas Natural y el 10% de las reservas de Petróleo.

Asimismo, permitió que el gobierno negociase con Petrobrás la re-compra de las refinerías en manos de su filial EBR, aunque a un costo elevado: 112 millones de dólares en efectivo y la pérdida para el Estado de 276 millones de dólares que tenían el carácter de pasivos de las refinerías y que constituían obligaciones con la Aduana Nacional y con Sustancias Controladas. Con todo, la recuperación de estas plantas, que según información oficial reportan utilidades anuales de 80 millones de dólares, puede considerarse un logro positivo en la perspectiva de restituir el monopolio estatal en la comercialización de derivados.

La falsa ecuación 82:18 de los nuevos contratos

La larga negociación de los nuevos contratos -rodeada de denuncias sobre corrupción e ineficiencia-, contrariamente a la propaganda oficial, no reportó mayores beneficios para el Estado, en especial para YPFB. En efecto, haciendo un ejercicio sobre los ingresos adicionales que se sumarían al 50% de impuestos y regalías determinados por la Ley 3058 aprobada durante el gobierno de Carlos Mesa, tenemos que las utilidades que la empresa estatal obtendría actualmente, no llegaría más que a un 3,8% adicional, en el mejor de los casos.

YPFB: nace una empresa subordinada y sin recursos

Dadas estas condiciones, la refundación de YPFB se hace más insostenible como propósito real de la política del actual gobierno.

La empresa estatal reasume sus funciones en la comercialización de carburantes sólo como intermediaria entre los productores y los consumidores, obteniendo ganancias de la transformación de los derivados para el mercado interno, pero manteniendo su posición subordinada en el caso del gas natural, principalmente negociado en mercados externos, situación en la cual hace el papel de “agregador” negociando los “cupos” que le corresponden a las empresas transnacionales productoras de gas en el llenado del gasoducto respectivo y obteniendo un porcentaje como “comisión” por sus servicios.

Los ingresos que tenía antes, correspondientes al 6% del valor de los hidrocarburos, fueron destinados a favor del TGN por la Ley 3058, dejando a la empresa sin ninguna fuente de recursos. Además, YPFB se enfrenta a la obligación de garantizar el pago del Bonosol son las pocas utilidades que generan las empresas capitalizadas que retornarían en 51% a manos estatales: Chaco y Andina.

Finalmente, la decisión de dividirla en varias gerencias regionales, debilita notablemente su capacidad para ejercer políticas coherentes y eficientes, sometiéndola, en cambio, a las presiones de los grupos de poder de cada región.

Exportación de materia prima vs. Consumo interno e industrialización

Con todo, el problema más importante que surge de la orientación de las políticas asumidas por el actual gobierno, es el relacionado a la modificación de la matriz energética. Esta situación deriva principalmente de la contradicción existente entre este propósito declarado y las acciones reales de las instancias gubernamentales, que no hacen otra cosa que continuar con el principal cometido que tenía el neoliberalismo en el pasado inmediato: garantizar la acelerada monetización de las reservas hidrocarburíferas por parte de las empresas transnacionales a través de la exportación de materia prima.

La revisión de los datos relativos a la provisión de energía en el país demuestra que no hay verdaderos esfuerzos por modificar la matriz energética a favor de una utilización masiva de gas natural por los bolivianos, llámense hogares o industrias. En efecto, sólo un 4.6% de los hogares urbanos, que constituyen sólo una parte de los hogares bolivianos, poseen de una conexión domiciliaria y sólo 12% del parque automotor utiliza gas natural comprimido, debido principalmente a la inexistencia de infraestructura de provisión para el mercado interno: el gasoducto al altiplano que provee a las ciudades de La Paz y El Alto sólo tienen una capacidad de 2,1MM de metros cúbico diarios, frente a los gasoductos de exportación (GSA, Cuiabá, YABOG, etc.) que transportan cerca de 35MM de metros cúbicos hacia mercados de países vecinos.

Frente a esta situación, la política oficial ha continuado por la vía de fomentar las exportaciones masivas de gas natural y la construcción de ductos para el mismo propósito, desentendiéndose de la atención de los consumidores locales. Prueba de esto son la inexistencia de instrumentos coercitivos sobre las empresas productoras y transportadoras para que dispongan las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y, principalmente, para aumentar la capacidad productiva.

Contrariamente, es el mismo gobierno que alienta las exportaciones, asumiendo el rol de intermediario de los intereses de las transnacionales al firmar un nuevo acuerdo con Argentina para exportar 27.7 MM de m3/día, o comprometerse a incrementar los volúmenes para Cuiabá y Comgas con el objeto de mejorar levemente los precios de exportación. Más aún, con el objeto de garantizar la presencia de la transnacional Jindal en la explotación del gigante Mutún por 40 años, ha dispuesto la subvención de 8MM de m3/d.

A este paso, los 19.3 Tcf de reservas probadas de gas natural aparecen comprometidas en proyectos de exportación, es decir en la provisión a empresas transnacionales que obtienen grandes ganancias por el aprovechamiento de recursos naturales no-renovables, gracias a que siguen controlando los canales de realización de la plusvalía incorporada en los precios monopólicos que aumentan día a día en los mercados internacionales. Así, el consumo interno y, menos aún, la industrialización son objetivos reales de la política del MAS.

Es necesario señalar también, que las condiciones establecidas por los nuevos contratos no incluyen la obligatoriedad de las empresas de restituir las reservas consumidas; peor aún, al aceptar que se devuelva las inversiones pasadas y presentes bajo el denominativo de “costos recuperables”, pagados con los ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos de los pozos que tienen producción rentable, ha dejado para YPFB la obligación –y el riesgo más alto de la cadena- de explorar nuevos territorios, liberando de la misma a las transnacionales y alentándolas a agotar las reservas existentes lo más rápidamente posible.

No podría haber mejor evidencia de que la política actual continúa por la ruta trazada por el neoliberalismo en este campo.

Cuadro N° 1

Ingresos estatales provenientes de los nuevos contratos petroleros

Fuente: elaboración Cedla con base en nuevos contratos de hidrocarburos

Nota: cuatro campos productores de gas natural más grandes