Política de incremento salarial y costo de vida

Como sucede todos los años, las demandas de incremento porcentual  al salario mínimo nacional y al salario básico por parte de los trabajadores, son consideradas inviables, desproporcionadas y un desincentivo para la inversión, por los empresarios y el gobierno. Ambos piden a los trabajadores  preservar la estabilidad económica y no poner en riesgo las inversiones o la generación de empleos en el país, a la hora de negociar el alza salarial (El deber, 17/04/18).

En realidad, la política de incremento salarial debe tener como principal referente  la variación en el costo de los bienes y servicios que consumen los trabajadores y sus familias, de manera que los aumentos al salario mínimo y al básico sean suficientes para una mejora sustantiva de su capacidad adquisitiva.

Según la información oficial, uno de cada cuatro trabajadores  de las ciudades gana un monto inferior al salario mínimo  y cuatro de cada 10 tiene un ingreso que no alcanza para cubrir por lo menos el costo de alimentos de una familia, pese a que  sólo representa el  40% de los gastos de consumo de los hogares, según el  nuevo IPC (INE, 2017).

Por lo tanto, la discusión debe centrarse en  la desigual distribución del ingreso y en la necesidad de revisar los niveles salariales vigentes, no sólo en los  incrementos porcentuales.

En estos tiempos, la desigualdad en la distribución del ingreso nacional ya es ofensiva, la participación de los salarios disminuyó hasta el 25% y es la más baja de la región; en cambio la ganancia empresarial nunca baja del 50% y el resto queda en manos del Estado como impuestos.
Como el crecimiento económico es el más alto de la región, corresponde que se refleje también en una mejora salarial.
 

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