Get Adobe Flash player

La "nueva fase" del "Proceso de Cambio" reproduce el proyecto neoliberal de apoyo a la agroindustria - Boletín agrario Nº 1 - CEDLA

ShareThis

Presentamos a Uds. el primer número del boletín sobre Problemática Rural y Agraria Nº 1 (Abril de 2015) denominada: La "nueva fase" del "Proceso de Cambio" reproduce el proyecto neoliberal de apoyo a la agroindustria del CEDLA.

El documento sustenta el argumento de que a nombre de la soberanía alimentaria del país, se pretende favorecer la acumulación de capital de la burguesía agropecuaria y agroindustrial en un contexto de descenso en los precios de otros productos de exportación como los minerales y los hidrocarburos. Por tanto, estamos frente a un proyecto que busca la continuidad del modelo neoliberal de apoyo a la agroindustria.

PrevisualizarAdjuntoTamaño
abr_2015_boletin_agrario_cedla_1_final.pdf638.08 KB

Apropiación del excedente y costos recuperables

ShareThis

En este boletín del GPFD se presenta una mirada panorámica de los Costos Recuperables que YPFB reconoce a las empresas transnacionales del conjunto de campos hidrocarburíferos, plantea un análisis sobre la distribución, apropiación del valor total y el resultado neto de la “Nacionalización”, sus irregularidades, costos e ineficiencia que afectan al país. Tanto la magnitud y la evolución de los Costos Recuperables, ratifican la noción de que la política hidrocarburífera del actual gobierno —autodenominada de nacionalización—, garantiza por  encima del interés nacional el interés del capital transnacional.

 

 

 

PrevisualizarAdjuntoTamaño
cartilla_5 costos_recuperables c_arze.pdf310.41 KB

Una ley para “socios” y “aliados” - Alerta Laboral 74

Carlos Arze Vargas
El proyecto de ley de minería está orientado a fortalecer a las empresas transnacionales como actor protagónico de la minería y sostener la alianza política del gobierno con las cooperativas. Además, tiene un profundo carácter anti-indígena porque invalida el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios. En ese sentido, constituye la continuidad de los objetivos perseguidos por los anteriores gobiernos burgueses.

Una ley para “socios” y “aliados”

CONTINUIDAD DE LA HEGEMONÍA TRANSNACIONAL DURANTE EL “PROCESO DE CAMBIO”

En los 80 el neoliberalismo entregó a las transnacionales los recursos naturales, privatizó el patrimonio de Comibol y también la comercialización. Asimismo, excluyó a Comibol de las actividades productivas, levantó la reserva fiscal, dispuso el libre flujo de capitales y estableció un régimen tributario muy ventajoso para los capitalistas.

Como resultado, la estructura productiva cambió drásticamente. La minería estatal desapareció y se produjo la polarización entre la moderna minería privada —de producción masiva y tecnológicamente avanzada— y la cooperativa —producción precaria basada en la explotación de la fuerza de trabajo— que acogió la enorme masa de desocupados y desplazados de la minería y de otras ramas.

Al ascender al gobierno en 2006, Evo Morales prometió nacionalizar los sectores estratégicos y los recursos naturales, devolviéndole al Estado su papel rector a través de empresas públicas fortalecidas. Empero, al cabo de ocho años de gobierno esa medida no fue ejecutada y sólo se hizo cambios parciales al régimen tributario. Por ello, la estructura productiva y la situación de los ingresos fiscales no han variado sustancialmente (Cuadro 1).

Imagen
Como se observa, el Estado sigue teniendo una participación minoritaria. Contrariamente, las empresas privadas incrementaron la superficie de sus concesiones de 9.077 a 9.620 km2 y las cooperativas de 531 a 3.691 km2.

Muchas de las concesiones estatales con las mayores reservas permanecen bajo el control de operadores privados; contratos de asociación y riesgo compartido en Bolívar, Porco y San Vicente. Las cooperativas también operan en más de cien áreas estatales mediante arrendamientos en La Paz, Oruro y Potosí. Empero, muchas de ellas son operadas en realidad por transnacionales, como los parajes del Cerro Rico de Potosí por la empresa Manquiri, Poopó por Sinchi Wayra, Pulacayo por la ASC Bolivia y muchas otras en las regiones auríferas[1], permitiendo a la cooperativas apropiarse de manera privada de la renta estatal.    

La recuperación de Huanuni y Colquiri por la lucha de sus trabajadores, permitió únicamente que la participación estatal en la producción llegara al 3%. Contrariamente, las políticas gubernamentales favorecieron el crecimiento de la producción de las empresas transnacionales (Cuadro 2).

Imagen
Los cambios tributarios se limitaron a la creación de un impuesto adicional de 12,5% a las utilidades en situaciones de precios elevados, sin tocar las bajas alícuotas de las regalías. Sobre un valor de producción de 4.156 millones de dólares en 2012, las recaudaciones fueron apenas 347 millones de dólares, equivalentes al 8,3%. Las empresas privadas y la Comibol aportaron el 10,3% del valor de su producción y las cooperativas sólo el 2,9%.

NUEVA LEY MINERA DEBILITA AÚN MÁS A LA COMIBOL

El derecho de Comibol de realizar actividades mineras se limita a las áreas bajo su administración. Su atribución de dirigir la actividad minera se circunscribirá a las empresas bajo su dependencia directa —mineras Huanuni, Colquiri, Coro Coro, fundiciones de Vinto y Karachipampa, siderúrgica del Mutún y empresa productora de litio—, mientras otras empresas estatales podrán operar simultáneamente: la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) y otras entidades podrán crear sus propias filiales mineras.

El reconocimiento de derechos adquiridos y pre-constituidos de empresas privadas y cooperativas en áreas pertenecientes a Comibol bajo contratos de arrendamiento, riesgo compartido o asociación, reduce el dominio estatal. Más aún, bajo la nueva figura de Contrato Administrativo transfiere a las cooperativas sus áreas operadas bajo arrendamiento, inclusive las áreas nacionalizadas en 1952, perdiendo sus derechos y los ingresos por concepto de canon de arrendamiento[2].

Contradiciendo su discurso estatista-socialista, el gobierno considera a Comibol como cualquier otra empresa que debe competir en igualdad de condiciones con transnacionales y cooperativas (aunque, como veremos más adelante, éstas sí obtienen un trato especial). Esto significa que no tendrá atribuciones especiales, que operará bajo la misma lógica mercantil capitalista buscando incrementar los excedentes para el Estado y que está prohibida de recibir recursos del Estado a fondo perdido.

Otra disposición que le impide asumir un rol protagónico, se refiere a que sólo podrá financiarse con: i) ingresos propios provenientes de sus filiales —excedente de sus utilidades después de hacer previsiones de reinversión—, ii) ingresos provenientes de nuevos contratos de asociación, iii) créditos bancarios y otras fuentes. Por tanto, las transferencias de recursos de Comibol a sus filiales o subsidiarias estarán “sujetas a devolución obligatoria”, es decir serán préstamos. Las empresas dependientes de Comibol tampoco pueden transferirle sus deudas, aunque en caso de cierre deben transferirle sus activos y su patrimonio.

Según parlamentarios oficialistas, el trato especial a las empresas estatales consistiría en el derecho preferente de Comibol para solicitar áreas liberadas de la reserva fiscal, así como en la exclusividad para explotar algunos minerales y los salares. Sin embargo, el ejercicio de esos derechos estará seriamente restringido por su escasa capacidad financiera.

Continuando la política de anteriores gobiernos desnacionalizadores que eliminaron el Banco Minero, la comercialización seguirá en manos privadas, dejando al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) sólo la tarea de registrar y controlar las ventas. En la misma dirección, las empresas estatales deberán remunerar los servicios técnicos de Sergeomin, entidad que también elaborará un portafolio de prospectos mineros “para promocionar el potencial minero” ante inversionistas extranjeros.
La consecuencia de esta política será que las empresas estatales recurrirán a la mayor explotación de la fuerza de trabajo para obtener ingresos fiscales, ejerciendo presiones para elevar la producción y prohibiendo la realización de huelgas y paros, como se ha impuesto en Colquiri mediante el DS 1775[3].

FOMENTO ESTATAL Y PRIVILEGIOS PARA EL CAPITAL PRIVADO

La ley no se propone modificar la situación privilegiada de los capitales privados. Por ello, reconoce ampliamente sus derechos adquiridos y pre-constituidos mediante la simple adecuación de sus concesiones a contratos administrativos mineros. También sus contratos de arrendamiento, riesgo compartido o asociación continuarán vigentes hasta su vencimiento o se adecuarán a nuevos contratos respetando sus condiciones iniciales. Por tanto, las empresas trans-nacionales tienen asegurada su permanencia por un largo tiempo explotando las principales minas en operación: San Cristóbal, Bolívar, Porco, San Vicente, etc. Este reconocimiento alcanza también a los derechos sobre áreas superficiales, incluyendo aquellas que posteriormente fueron declaradas Tierras Comunitarias de Origen.       .

El derecho de realizar actividades mineras o “interés económico y social”, está condicionado únicamente al inicio y continuidad de las actividades y al pago de la patente minera que, en el caso de proyectos de explotación, tiene valores que oscilan entre los 400 y 600 Bolivianos anuales por cuadrícula (25 hectáreas). Esta disposición revela, nuevamente, la liberalización de la minería, pues su realización no está sujeta a planificación o priorización estatal alguna.

Respecto a la propiedad de los recursos adopta la concepción neoliberal: la propiedad del pueblo boliviano sólo abarca a los minerales en su estado natural, como yacimientos ya sean del subsuelo o del suelo, mientras que como productos pertenecen al productor[4]. Los actores productivos no tienen “derechos propietarios ni posesorios sobre las Áreas Mineras”, pero sí detentan el “derecho de propiedad, libre disposición y gravamen” sobre la producción y los residuos[5]. Aunque están prohibidos de arrendar las áreas mineras, heredar e inscribir los recursos mineralógicos como propiedades suyas en mercados de valores, se les permite “utilizar la información cuantitativa o cualitativa, obtenida mediante estudios u otros medios, sobre los recursos o reservas minerales (…) en bolsas de valores autorizadas nacionales o extranjeras” con fines de financiamiento. En la práctica, se les faculta a realizar similares acciones especulativas.

Los actores privados tienen el derecho a la libre disposición de las utilidades, incluida su remisión al exterior, sólo a condición de cumplir con las obligaciones tributarias, contradiciendo no sólo su discurso sino el artículo 351 de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre la obligatoriedad de reinversión de las utilidades en el país. Sólo en los casos de contratos de asociación con empresas estatales, las empresas privadas deben cederles al menos el 55% de las utilidades[6].

Se establece que los actores mineros podrán disponer libre y gratuitamente de materiales, leña y agua existentes en el área minera; también podrán construir caminos y sendas afectando terrenos de otros propietarios. Así, se privilegia los intereses capitalistas negando los principios declarativos de la CPE sobre la no-mercantilización del agua, por ejemplo.

La ley no incluye cambios en el régimen de regalías: mantienen alícuotas de entre 1% y 7%, dependiendo del mineral y de su cotización internacional. Por otro lado, aunque la ley no incluye el régimen de impuestos, es muy probable que el mismo no cambie pues la ley tiene como principio la “competitividad tributaria y previsibilidad jurídica”, para facilitar la presencia de inversión extranjera.

Resumiendo, las transnacionales no enfrentan mayores obligaciones que las del actual Código Minero, exceptuando el caso de los contratos de asociación que podrían propagarse sólo si existiesen nuevos prospectos o yacimientos atractivos, cosa que no sucede actualmente.

MÁS APOYO ESTATAL DIRECTO A LAS COOPERATIVAS

Las cooperativas gozarán de las mismas prerrogativas otorgadas a las empresas privadas y algunas adicionales. En primer lugar, se beneficiarán con la transformación de las áreas arrendadas de Comibol —incluidas las nacionalizadas en 1952—, a Contratos Administrativos de duración indefinida, librándose del pago de cánones de alquiler.

Un segundo beneficio es el respeto a sus derechos adquiridos y pre-constituidos, que equivale a mantener vigentes sus contratos con empresas privadas, suscritos en el pasado y también con el consentimiento de este gobierno. La revisión del polémico artículo 151 sólo significa la prohibición de futuros contratos de asociación con empresas privadas y no afecta la continuidad de sus contratos con Manquiri, Sinchi Wayra o ASC.     .

En tercer lugar, aunque el nuevo artículo 151 les obliga a convertirse en empresas para firmar contratos de asociación con empresas estatales, obtuvieron en cambio la aprobación de una norma excepcional que permitirá a las cooperativas del Norte de Potosí suscribir contratos de asociación con Comibol para explotar las colas de la empresa estatal Catavi (18.000.000 de Tn. de estaño), con financiamiento estatal.

El bajo nivel de las alícuotas regalitarias constituye la cuarta ventaja. La única modificación de ese régimen, consistente en la creación de una alícuota de 1% para el oro explotado en “yacimientos marginales” es claramente provechosa para las cooperativas.

En quinto lugar, pese a que la ley no incluye el nuevo régimen tributario, se puede dar por descontado que no les perjudicará sino que ratificará la exención del pago del Impuesto a las Utilidades (IUE) y del impuesto adicional del que gozan. Esta presunción se basa, primero, en las reiteradas declaraciones de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) acerca del acuerdo arribado con el gobierno de consolidar todos los impuestos en un solo pago de 1% sobre el valor bruto y, segundo, en que al reconocerles su naturaleza “sin fines de lucro” están amparados por la nueva Ley de Cooperativas que considera que sus ganancias son únicamente “excedentes de participación” y no utilidades.

En sexto lugar, la ley garantiza que el Estado apoyará sus inversiones con recursos públicos mediante el otorgamiento de créditos de fomento. Para ello no sólo se asegura la continuidad del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim) —un fondo exclusivo para cooperativas—, sino que el mismo Presidente Evo Morales instruyó a los ministerios trabajar con las cooperativas para proveerles de nuevos créditos.

Finalmente, aunque no menos importante, es la ausencia de medidas para impedir la explotación de trabajadores asalariados, situación que se puede agravar con la autorización para contratar personal dependiente administrativo, técnico y de asesoramiento.

EL CARÁCTER ANTI-INDÍGENA DE LA LEY

El primer aspecto a destacar es que no se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho minero. Para ser actores mineros productivos deberían organizarse como empresa privada o cooperativa. Esto significa que el gobierno “indígena” desconoce la identidad de esos pueblos y los induce a asimilarse a lógicas mercantiles capitalistas.           

Conservando la orientación del actual Código Minero, determina la preminencia del derecho minero sobre otros, pues puede imponerse al derecho propietario de la tierra recurriéndose incluso a la expropiación. Esto contradice totalmente el discurso oficial sobre el derecho al territorio y la autodeterminación indígena.

Los indígenas gozarían únicamente de la participación en los beneficios de la explotación minera, a través de las regalías percibidas por las gobernaciones: en el presupuesto fiscal de las gobernaciones las regalías mineras se destinarían en 80% a cubrir “necesidades de las naciones y pueblos originarios campesinos… y necesidades, programas y proyectos del Gobierno Autónomo Departamental”. Adicionalmente, podrían obtener recursos de compensación determinados en procesos de consulta previa.

El otro ámbito en que se reconoce la participación de los pueblos indígenas es el relacionado con la Consulta Previa en Materia Minera[7] administrada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). La consulta previa no se aplica a proyectos de exploración y aunque los acuerdos tienen carácter vinculante y obligatorio, el Ministerio de Minería y Metalurgia sería la entidad que decide en última instancia la autorización de los proyectos mineros, en caso de no arribarse a un acuerdo entre las partes.

La consulta abarcaría a toda la población del área de influencia y no solamente a los pueblos indígenas propietarios del territorio, lo que llevaría a que sus intereses se diluyan. Se realizaría mediante tres (3) reuniones (se elimina la figura de las audiencias públicas), y la duración del procedimiento de consulta no excedería los cuatro (4) meses. A la conclusión de las reuniones —que darían lugar a una Resolución de AJAM— se establecería un proceso de “mediación y decisión” entre los representantes de los actores y la autoridad de la AJAM que duraría quince (15) días. Si en ese proceso de “mediación” no se llega a acuerdos definitivos, el Ministerio resolverá el caso en el plazo de quince (15) días y su resolución será “definitiva e inapelable”.

Al sustituir la audiencia pública por un procedimiento cerrado a los representantes podría desnaturalizarse la voluntad colectiva de los indígenas. Además, el Ministerio que lleva a cabo un papel de conciliador de intereses tiene sus propios intereses, resumidos en el objetivo “estratégico” de generar ingresos fiscales. Por tanto, la norma parece responder fielmente a la insistente demanda de empresarios y autoridades por acelerar los trámites legales en favor de la inversión derribando los escollos que pondrían las exigencias “exageradas” de los pueblos indígenas.


[1] El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó del descubrimiento de 42 contratos de cooperativas con empresas privadas nacionales y transnacionales (http://www.lapatriaenlinea.com/?t=concesiones-de-cooperativas-mineras-se... =178561).

[2] Con los nuevos contratos administrativos, las cooperativas pagarán sólo la patente, distribuible entre la AJAM y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sergeomin).

[3] El decreto condiciona el pago del sueldo 15 a la superación de las metas de producción y a la no realización de huelgas.

[4] Esta redacción recuerda el famoso Anexo D de los contratos petroleros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que entregaba la propiedad de los hidrocarburos en “boca
e pozo”.

[5] La minería ha dejado valiosísimos residuos que pueden recuperarse con las nuevas tecnologías: pallacos del Cerro Rico de Potosí —aprovechados por la minera San Bartolomé en asociación con cooperativas— y colas de Catavi, otorgados a los cooperativistas en 2013 por disposición directa de Evo Morales.

[6] La minera San Cristóbal, que en los últimos años produjo más del 55% de los principales concentrados, escaparía de esa obligación por tratarse de una concesión privada.

[7] En el proceso de elaboración del proyecto no se cumplió el artículo 30 de la CPE que determina que los pueblos indígenas deberían ser consultados cuando se “prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

El Plan Patujú beneficiará a los grandes ganaderos - Alerta Laboral 74

Nilton Ramírez Funes
Las soluciones al permanente “problema de las inundaciones” en el Beni siempre han sido coyunturales y tratado como una simple “emergencia” del momento. Las medidas de apoyo a los afectados de las inundaciones, riadas y desbordes de ríos acaecidos entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 no hacen más que ceñirse, en lo fundamental, a los  intereses de los agroindustriales. Este es el espíritu del Plan Patujú.

¿Cuándo llueve moja a todos?

El Plan Patujú beneficiará a los grandes ganaderos

Por la amplitud de  la problemática a tratar, conviene a nuestros fines realizar dos paralelos entre las inundaciones acaecidas en Bolivia en dos momentos  diferentes: 2006 y 2014, para destacar, por una parte, quiénes fueron y son los principales beneficiarios de las políticas agropecuarias implementadas en ese contexto, y, por otra parte, poner en cuestión si ésas políticas son la concreción del llamado paradigma del “desarrollo integral” rural en “armonía” con la naturaleza, tal cual pregona el discurso oficial.

Evo Morales, en un discurso en Trinidad, con motivo del anuncio de la ayuda a ganaderos del Beni, recordaba que el “problema de las inundaciones” ya estuvo al inicio de su primera gestión presidencial y señalaba que las inundaciones —en su entender, producto exclusivo del capitalismo— se habían extendido desde el 2006 hasta incluso el 2008, constituyéndose en su “primer opositor”, pues la escasez de alimentos  que podría acarrear fuertes presiones inflacionarias descontento y movilizaciones sociales, exigía mayores esfuerzos del gobierno. Es en procura de atacar la escasez de alimentos, que se instrumentó la primera medida ajustada a los intereses del sector agroindustrial: la aprobación de una “pausa en la verificación de la Función Económica y Social, FES” que ponía en espera momentánea —por unos cuantos años— el saneamiento de tierras en los predios afectados por las inundaciones. Esta medida  constituyó un incentivo —seguridad jurídica— para que los agroindustriales accediesen a mayores  créditos para sus  inversiones. Contraria-mente, los pueblos indígena originario campesinos que fueron quienes sufrieron los efectos de las crecientes importaciones de alimentos básicos de la canasta familiar, sea por vía legal o mediante el contrabando estuvieron ausentes de la atención de la política de seguridad alimentaria.

Según el presidente, durante los últimos tres o cuatro años se vivió una suerte “de descanso de las inundaciones” en el Beni, periodo que permitió instrumentar otras medidas de política agraria —autorización al uso de transgénicos, ampliación del plazo en la verificación de la FES, ley del perdonazo forestal, etc.— que en los hechos responden a las demandas del sector de la agroindustria capitalista asentada en el oriente del país.

Las medidas de apoyo a los afectados de las inundaciones, riadas y desbordes de ríos acaecidos entre diciembre de 2013 y marzo de 2014  no hacen más que ceñirse, en lo fundamental, a los  intereses de los agroindustriales.

En efecto, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) la cantidad de personas afectadas por las lluvias recientes alcanzó la cifra de 325.000 compuesto mayoritariamente por personas de origen indígena-campesino que tienen su residencia y lugar de trabajo en las peores tierras,  de difícil acceso por su ubicación en zonas ribereñas a los ríos. La magnitud del daño fue tal que se tradujo en pérdidas humanas, la destrucción de  viviendas, la pérdida de  cultivos y de toda la mísera infraestructura de producción agropecuaria con que contaban esos grupos sociales.

En este escenario, la falta de atención oportuna a las más vitales necesidades —por disputas políticas en torno a la declaración de desastre nacional, inaccesibilidad de caminos, etc.— dio lugar a hechos como el traslado de  familias de pobladores Yuquis —que habitan en las provincias de Carrasco e Ichilo fueron trasladados a la Santa Cruz para refugiarse en ambientes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y ser atendidos en sus necesidades básicas.

A esto se agrega que debido a la debilidad de su organización matriz, la CIDOB, esta población se vio relegada sólo a demandar la denominada “ayuda humanitaria” —consistente en la entrega de alimentos, vituallas, asistencia médica— pues los temas relativos a la recuperación de la capacidad productiva a partir de las políticas de poblamiento y repoblamiento del hato ganadero, fue-ron acordados entre representantes empresariales de la Federación de Ganaderos de Beni y Pando (Fegabeni) y los ministros asignados por el gobierno.   .

En efecto, pocos días después de firmado el acuerdo donde el gobierno se comprometió a rehabilitar el aparato productivo del Beni, el presidente del Fegabeni expresó la necesidad de apurar la ejecución de las medidas que deberían beneficiar a una cifra aproximada de siete mil predios pertenecientes a grandes, medianos y pequeños ganaderos quienes habrían perdido cerca de 350 mil cabezas de ganado por las inundaciones.          

El cuadro que presentamos a continuación muestra que todo este a-cuerdo quedó plasmado en el denominado Plan “Patujú” con 11 acciones concretas respaldadas institucionalmente a través de nueve decretos supremos.

Es posible advertir que de los 1.419 millones de bolivianos a ser erogados en beneficio de todos los afectados, cerca del 50% de los mismos serán destinados a la rehabilitación y recuperación de la infraestructura de educación, salud, agua, saneamiento básico, deflectores y defensivos en las ciudades intermedias. Es decir, una inversión que a corto plazo no coadyuvará a recuperar la capacidad productiva perdida.

La otra mitad de los recursos, de manera inmediata y directa, busca recuperar la capacidad de producción de los sectores productivos. Del total de estos recursos aproximadamente el 62% irá a las manos del sector de los ganaderos, el 28% al sector de los pequeños productores indígena campesinos y el restante 10% a los castañeros. Es decir, una situación en la cual la fracción reducida de los ganaderos y muy vinculada al agro negocio y comercio de carne para abastecer tanto el mercado interno como la exportación, llega a concentrar el grueso de estos recursos, en tanto que miles de pequeños productores de subsistencia que producen la mayor parte de lo que consumen tendrán una ínfima parte de estos recursos.

Con esto queda demostrado que las políticas agropecuarias del gobierno de Morales están orientadas a favorecer al sector de la ganadería que tiene un marcado carácter capitalista, particularmente al sector de los grandes ganaderos. Es a raíz de estos hechos que cabe preguntarse ¿De qué desarrollo integral se habla cuando el sector de los pequeños productores de subsistencia contarán con escasísimos recursos para recuperar su producción?

Por último, debe añadirse que este tipo de política agropecuaria está promoviendo en definitiva, aún en el mundo indígena, un desarrollo de tipo capitalista, posibilitando la mayor ampliación de la frontera ganadera a costa de la forestal. El DS 1954 constituye precisamente un incentivo para incrementar en un 10% más, la deforestación en las lomas altas libres de inundación, nada menos que con la autorización de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).

 

Imagen

Agenda Laboral - Mayo 2014 - Alerta Laboral 74

Bruno Rojas Callejas
No obstante el control dominante de las organizaciones laborales por el gobierno del MAS con aquiescencia de las burocracias dirigenciales de varias entidades matrices, los sindicatos y trabajadores de base continúan luchando contra la afectación de sus derechos y la mejora de sus condiciones laborales y de vida, poniendo en evidencia que la defensa y conquista de derechos es fundamentalmente tarea de los propios trabajadores, mientras los dirigentes acuerdan pactos prebendales y electorales para propiciar la continuidad del régimen actual caracterizado por su orientación anti obrera.

AGENDA LABORAL ENERO - MARZO 2014

Las bases se movilizan, los dirigentes pactan

Imagen

Las burocracias sindicales avalan las acciones del MAS - Alerta Laboral 74

Bruno Rojas Callejas
Las dirigencias de la Central Obrera Boliviana (COB) y de organizaciones matrices nacionales de varios sectores laborales (maestros urbanos y rurales, fabriles, luz y fuerza, petroleros, mineros y otros) ya no representan los intereses de clase de los trabajadores del país por su subordinación a los intereses del gobierno de Evo Morales, que representa y defiende los intereses de los capitalistas.

Por sus frutos los conoceréis...

Las burocracias sindicales avalan las acciones del MAS

En el primer trimestre de 2014, igual que en períodos anteriores, las luchas de los trabajadores asalariados bolivianos continuaron cuestionando y resistiendo las políticas y acciones del gobierno de Morales, así como las conculcaciones de derechos por parte de los empresarios, frente a la inoperancia de las dirigencias nacionales por canalizar conquistas a tono con los intereses de los trabajadores asalariados por superar las condiciones de explotación y alta precariedad laboral reinante en la actualidad. Entre el 2011 y 2013, casi una quinta parte de los conflictos acaecidos en el país, correspondieron a las luchas de los trabajadores asalariados, esencialmente de aquellos vinculados a sindicatos de base de diversos sectores y regiones, como demostración que los trabajadores continúan luchando mientras los dirigentes transitan por el camino de la subordinación al régimen político vigente.

No debe olvidarse que en noviembre de 2013, las burocracias nacionales y dirigentes de organizaciones sociales afines al gobierno, promovieron que el ampliado nacional de los trabajadores resuelva aprobar la alianza COB-gobierno con el propósito de respaldar la candidatura de Evo Morales. A partir de entonces, los dirigentes de la COB y de otras entidades nacionales sindicales que intervinieron desde hace varios años para frenar el avance de las luchas de los trabajadores, actúan abiertamente como instrumentos preferidos para imponer muchas políticas gubernamentales repudiadas por los trabajadores de base.

La ruptura entre las dirigencias y las bases, observada en períodos anteriores, se agrandó en estos últimos años en desmedro de los derechos y reivindicaciones laborales de la clase trabajadora. Varias políticas y acciones propiciadas por el gobierno que fueron avaladas por los dirigentes nacionales y  por algunos sindicatos son una clara prueba de este estado de situación.

AVALANDO LA LEY DE PENSIONES 65

El proyecto de modificación de la ley de pensiones propuesto por el gobierno así como su aprobación e implementación posterior, fueron resistidos por la clase trabajadora que denunció su orientación neoliberal por mantener el aporte individual de los trabajadores como fuente principal de financiamiento de la jubilación, liberando a los empresarios y al Estado de su obligación, y por condenarlos a rentas miserables. Las demandas de cambio sustancial de esta medida estaban contenidas en la propuesta de modificación a la ley de pensiones elaborada tiempo atrás por la COB, la misma que fue abandonada por los dirigentes al interior de  la Comisión negociadora conformada por representantes del gobierno, de la COB, de las organizaciones nacionales de maestros urbanos, fabriles, maestros rurales, mineros y de otros sectores laborales.

Esta comisión terminó por refrendar las modificaciones a la ley de pensiones planteadas por el gobierno, desatendiendo las voces de rechazo de los trabajadores. De esta manera, las  demandas de los trabajadores, como la revisión de algo más de 30 artículos de la ley, la jubilación con el 100%, aporte tripartito como fuente de financiamiento, el cálculo de la pensión referencial de jubilación sobre los últimos 12 salarios, la participación de representantes laborales en la nueva Gestora Pública, entre otras, quedaron atrás. La negociación se redujo al incremento parcial de las escalas de la pensión solidaria, sin afectar la orientación neoliberal de la norma (Ley 430, 06/11/13). En este proceso las voces y demandas de los trabajadores fueron minimizadas por los dirigentes nacionales, imponiéndose la política gubernamental. A propósito de este hecho, el Secretario Ejecutivo de la COB no tuvo el menor reparo en señalar “Esto es un avance significativo para seguir avanzando y seguir luchando y mejorando las condiciones económicas de nuestros compañeros trabajadores del país”, en señal de sujeción a las decisiones del gobierno del MAS.

LA LEY AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PÉREZ EN MARCHA

En diciembre de 2010, fue promulgada la Ley “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” como parte de las reformas sociales promovidas por el gobierno. Previamente, el anteproyecto de ley educativa fue cuestionado por varias organizaciones de maestros urbanos y rurales por el contenido de  las bases, finalidades y orientación de la educación en el país (descolonizadora, despatriarcalizadora, científica, integral, etc.) y, particularmente, por sus  implicaciones para las condiciones laborales de los trabajadores del magisterio y la calidad de la educación. En el proceso de elaboración de esta ley, los dirigentes de las confederaciones del sector asumieron una posición no sólo acrítica, sino de abierta legitimación de su orientación y contenidos, desconociendo los cuestionamientos de las organizaciones y trabajadores de base que veían en la norma el inicio de un proceso educativo y laboral regresivo e “involutivo” (Reporte OBESS 4 a 7/02/12).

Las recientes disposiciones gubernamentales dirigidas a la implementación de la nueva malla curricular, constituyen  atentados  a los derechos de los trabajadores y la calidad de la educación: la ampliación de la carga horaria sin una remuneración correspondiente y sin infraestructura  de trabajo adecuada, la fusión de cursos, el cierre de colegios con menos estudiantes suponen la reubicación de maestros o la pérdida de derechos adquiridos. En suma, se trata de medidas que confirman las críticas y preocupaciones iniciales de los trabajadores respecto a la ley y sobre el papel político que juegan sus dirigentes nacionales.

MAYOR PRODUCTIVIDAD SIN DERECHO A HUELGA

En octubre de 2013, el gobierno de Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 1775 que determinó el pago del incentivo a la productividad para los trabajadores de la estatal Empresa Minera Colquiri equivalente a un “sueldo mensual referencial” por año, siempre y cuando se supere la meta mensual programada de producción y los trabajadores no efectúen paros o huelgas declarados ilegales (Art. 1). Si bien la norma aclara que esta última determinación no implica la renuncia al derecho a la huelga, en la experiencia nacional, todas las huelgas acaban siendo declaradas ilegales. En consecuencia, condicionar el pago del incentivo salarial a la renuncia de los obreros a realizar huelgas, significa no sólo la tácita negación de este derecho colectivo, sino la intención de incrementar la explotación laboral para conseguir mayores ingresos fiscales. Lo lamentable de todo esto es que la medida fue respaldada por los dirigentes del sindicato de la empresa y consagrada en el reglamento de aplicación del  decreto. También resulta llamativo que sea una empresa estatal la que promueva una medida conculcadora de derechos, lo que no ocurrió ni siquiera en tiempos de la transnacional Sinchy Huayra.

ABANDONO DE LA DEMANDA DEL SALARIO MÍNIMO VITAL

En 2011, varios sectores laborales afiliados a la Central Obrera Boliviana retomaron la demanda de un Salario Mínimo Vital, acorde al costo de la canasta de consumo familiar, frente a los tradicionales planteamientos de incremento salarial referido a la inflación pasada, que sellan la continuidad de la política neoliberal de contención de salarios a favor de los beneficios empresa-riales. En esa ocasión, la COB estableció el costo de una canasta familiar en 8.309 bolivianos, poniendo en evidencia los míseros salarios de la mayoría de los trabajadores y colocó en la agenda laboral la necesidad de luchar por un salario que refleje el valor real de la fuerza de trabajo en el país. De hecho, en ese año y en los siguientes, la demanda del  Salario Mínimo Vital cobró relevancia entre los trabajadores, suscitando movilizaciones de alcance nacional.

Este año, esa reivindicación fue abandonada por la dirigencia de la COB y por otras entidades nacionales afines al gobierno. A esta situación habría contribuido la alianza electoral pactada por la entidad matriz y sus acuerdos con el régimen para garantizar estabilidad política a fin de lograr un buen resultado en las elecciones. El acuerdo COB-gobierno de incremento salarial para el 2014 resulta una prueba irrefutable del grado de subordinación de la burocracia sindical a los preceptos del régimen actual.

NUEVA LEY DE MINERÍA ACORDE A LOS INTERESES EMPRESARIALES

Un reciente hecho que ratifica el rol que juegan actualmente los dirigentes nacionales tiene relación con la promulgación de la nueva ley minera. La Comisión responsable de todo el proceso de discusión y elaboración de esta norma estuvo conformada por representantes del gobierno, de los empresarios mine-ros y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia que avalaron su contenido. Como se sabe, la ley aprobada no sólo puso en evidencia la violación de algunos artículos de la CPE, sino fundamentalmente, su orientación anti estatista y anti indígena. Como concluye una investigación del CEDLA, esta medida está destinada a impulsar  la privatización de la actividad minera a través de empresas y cooperativas, al consolidar la presencia de la Gran Minería garantizándole estabilidad de las condiciones tributarias, competitividad y protegiendo sus inversiones, y al priorizar a las cooperativas que liberan al Estado de su obligación de generar empleo en el país.  Por lo tanto, relega la presencia estatal y no prioriza la industrialización de los recursos mineros (Control Ciudadano, abril 2014). Por tanto, las consecuencias adversas de esta  norma  para los intereses del país y de los trabajadores, constituyen también responsabilidad de los dirigentes de la FSTMB.

¿Obreros o cooperativistas? El trabajo asalariado en las cooperativas mineras - Alerta Laboral 74

¿Obreros o cooperativistas?

EL TRABAJO ASALARIADO EN LAS COOPERATIVAS MINERAS[1]

Por Pablo Poveda

En una cooperativa debería existir igualdad de derechos entre los socios, control democrático en las decisiones y la distribución equitativa de los excedentes de acuerdo al aporte de trabajo, sin fines de lucro. Sin embargo, la mercantilización de la producción tiende a imponer relaciones capitalistas, convirtiendo a los socios cooperativistas en empresarios que explotan trabajo asalariado y acumulan riqueza. “Segundas manos”, contratistas y peones forman la fracción obrera que trabaja en condiciones que recuerdan a aquellas que primaban en la minería antes de 1952.
 

Las relaciones entre capitalistas y asalariados o las de cooperación entre socios y trabajadores, se establecen a partir de una estructura productiva concreta, que comprenden el producto, los instrumentos de trabajo y los trabajadores. Ambas relaciones se diferencian polarmente, porque bajo las relaciones capitalistas los trabajadores no son dueños de los medios de producción ni sus los productos, el capitalista contrata trabajadores para explotarlos y obtener ganancias. En cambio, en el cooperativismo, según su doctrina, debería existir igualdad de derechos, control democrático, la inexistencia de lucro y la distribución de excedentes de acuerdo al aporte de trabajo. Sin embargo, en los hechos, parece que no es así, veamos.

En efecto,  en Bolivia, concebir al cooperativismo minero como un mundo homogéneo no corresponde a la realidad, dado que el desarrollo de las formas de producción revela claramente, primero, que existe una diferenciación económica entre cooperativitas, y segundo, una tendencia a la diferenciación social al interior de las cooperativas, con la formación de clases con rasgos diferentes y antagónicos: una fracción obrera bajo formas contractuales atípicas y otra empresarial que controla los yacimientos mineros y los medios de producción y, se apropia del excedente generado.

Precisamente, una investigación del CEDLA en 2009, evidenció que en el cooperativismo minero asentado en los departamentos de Potosí y Oruro, existen tres formas de producción: artesanal, manufactura y maquinizada. Bajo la forma artesanal la cooperación es mínima, el socio trabaja aislado en su parcela con uno o dos ayudantes; bajo la forma manufacturera de cuadrillas aisladas de hasta 15 trabajadores, trabajan  sólo entre socios, con asalariados donde los socios son pequeños patrones, y con asalariados donde el socio ya no trabaja;  bajo la forma maquinizada, el socio ya no trabajo, contrata para todas las operaciones a asalariados. La manufacturara es la predominante, con un porcentaje de 80% del total.

La propiedad de los yacimientos mineros

En términos generales pueden distinguirse dos tipos de cooperativas mineras en función de los yacimientos donde operan: las tradicionales, que producen estaño, zinc, plomo, wólfram, antimonio y plata y, las auríferas que producen oro.

El cooperativismo tradicional se constituyó sobre la base de los viejos yacimientos que dejó de producir la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), porque sus operaciones ya no eran rentables. Antes de 1985, ya se habían conformado cooperativas en los distritos mineros del Cerro Rico de Potosí, Kami, Poopó y Bolsa Negra. Pero fue con la relocalización de trabajadores mineros en 1986 que se intensificó el incremento de las cooperativas en propiedades de la COMIBOL, llegando a sumar 97 para el año 2005. En cambio, las cooperativas auríferas fueron conformadas en la región norte del departamento de La Paz, en las concesiones abandonadas por la empresa Aramayo luego de la nacionalización de las minas en 1952.

El segmento de cooperativas mineras que operan en los yacimientos de propiedad de COMIBOL, es el más beneficiado de todo el sector cooperativista minero, estableciendo una importante diferenciación económica respecto de las demás. En efecto, de las 778 cooperativas mineras registradas por INALCO en 2005, las 97 cooperativas con contratos de COMIBOL (12%), concentraban el 85% de la producción del sector (39.582 TMF). De esa producción, sólo doce cooperativas controlaban el 87% de la producción y el 64% de su valor.

La propiedad de los instrumentos de trabajo

Por una parte, están los núcleos de cooperativas privilegiadas que se beneficiaron de los instrumentos de trabajo y la infraestructura heredados de la COMIBOL y por otra, un segmento más amplio de cooperativas con tecnología más atrasada de tipo artesanal, que no cuentan con esta herencia. En ambos casos, los instrumentos de trabajo son el resabio de la tecnología minera que tuvo su auge a mediados del siglo pasado, donde la utilización de fuerza de trabajo fue intensiva.

Contrariamente, la tecnología moderna es intensiva en maquinaria, para la explotación de yacimientos de baja ley basada en procesos químicos de concentración del mineral. Una empresa de este tipo es Sumitomo en San Cristóbal, que con poco más o menos de 1500 trabajadores, produce alrededor de 40.000 mil toneladas diarias de concentrados, es decir, una productividad de 27 toneladas diarias, frente a una o dos que rinde un trabajador cooperativista promedio en un año de trabajo.

Esta diferenciación tecnológica entre una empresa de clase mundial, frente a la paupérrima y atrasada de las cooperativas, implica también una diferenciación en la capacidad de inversión. Es así que la empresa Sumitomo ya sobrepasa los 2.000 millones de dólares en inversiones, mientras, que en las cooperativas no existe la capacidad de acumulación para ese tipo de tecnología. Por esta razón, las cooperativas buscan establecer alianzas con capitales extranjeros a fin de obtener mayores beneficios en forma de rentas.

¿Cooperación o capitalismo?

Idealmente, el sistema cooperativista hace referencia a una producción basada en la cooperación donde no puede haber explotación de trabajo, pues sus trabajadores participan en iguales proporciones en los rendimientos de la producción. Sin embargo, en los hechos, esto no ocurre, ya que los socios cooperativistas sólo actúan en conjunto para acceder a un contrato para la explotación de un yacimiento, luego lo parcelan para que cada cooperativista, con su aislada cuadrilla de trabajadores, familiares o asalariados, explote la veta asignada. Es rara la organización del trabajo basada en relaciones de cooperación de un sistema de cuadrillas o de cooperación maquinizada.

El lento desarrollo de la forma de producción basado en la cooperación (la manufactura), se logra bajo relaciones de dependencia al interior de las cooperativas, donde el socio se va diferenciando de los trabajadores, hasta convertirse en capitalista que ya no trabaja. El privilegio de ser socio, motiva a obtener mayores ingresos, como ganancia y rentas, en un contexto donde los precios internacionales son altos.

Esta diferenciación entre socios y dependientes se evidencia nítidamente cuando se observan las estadísticas de registro de socios cooperativistas de Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO), que en el año 2010 alcanzaba a 46.367 socios, mientras que el Ministerio de Minería y Metalurgia registraba en ese mismo año a 65.606 trabajadores en el sector, denotando una diferencia del 29% de trabajadores que no eran socios.

Autores como Möller (1983), Madrid (2003) y el propio CEDLA (2009) lograron establecer la existencia de una marcada diferenciación social al interior de las cooperativas mineras. Justamente el segundo autor, mencionaba categóricamente la “Existencia de tres categorías de trabajadores mineros de distintos niveles jerárquicos: socios, segundas manos y dependientes (contratistas y peones). Para el Cerro Rico de un total de 6.904 mineros, el 29% corresponden a la categoría de socios, el 22% son socios pasivos, y un 49% son obreros (dependientes)” (Madrid, 2003).

Cooperativas mineras capitalistas

Por lo mencionado, no es propio hablar de cooperativismo minero, ni como organización de la producción, ni por el carácter de sus relaciones de producción. El carácter social que se le asigna,  de acogida de desempleados de las empresas en la época de crisis, se desvanece frente a una figura de carácter lucrativo bajo el carácter especial que le da la normativa vigente. En perspectiva, y bajo un escenario de precios altos, se espera el afianzamiento de las relaciones sociales de producción capitalistas condicionada al mercado mundial controlado por las empresas mineras transnacionales, tal como en el pasado ocurrió con la desaparecida clase de mineros medianos nacionales.

Diferenciación social en las cooperativas mineras de Potosí y Oruro

 

Forma de Producción

Oruro

Potosí

Artesanal

-Socio propietario y trabajador directo individual (artesano)

-Socio propietario trabajador directo con uno o dos ayudantes familiares o asalariados (pequeño patrón)

-Socio propietario y trabajador directo individual (artesano)

-Socio propietario y trabajador directo con uno o dos ayudantes familiares o asalariados (pequeño patrón)

Manufactura

-Cuadrilla de socios propietarios que trabajan directamente sin ayudantes que participan de los ingresos de forma igual (obrero)

-Cuadrilla de socios propietarios que trabajan directamente con ayudantes socios no propietarios que participan de los ingresos de forma desigual (pequeño patrón)

-Cuadrilla de socios propietarios que trabajan directamente con ayudantes socios no propietarios que se pagan a si mismos (pequeño patrón)

-Cuadrilla de socios propietarios que trabajan directamente sin ayudantes que participan de los ingresos de forma igual (obrero)

-Cuadrilla con uno o varios socios propietarios que trabajan directamente con ayudantes socios no propietarios que participan de los ingresos de forma desigual (pequeño patrón)

-Cuadrilla con uno o varios socios propietarios que trabajan directamente con ayudantes socios no propietarios que participan de los ingresos de forma desigual, y/o con asalariados (pequeño patrón)

-Cuadrilla con uno o varios socios propietarios que no trabajan directamente con ayudantes socios no propietarios que participan de los ingresos de forma desigual, y/o con asalariados (capitalista)

Maquinofactura

-Socios propietarios que no trabajan directamente con asalariados (capitalistas)

-Socios propietarios que trabajan directamente sin asalariados (obreros)

 

Fuente: Elaboración CEDLA con base en entrevistas a socios cooperativistas y obreros, 2009

 



[1]Todas las referencias de este artículo se basan en el estudio: Formas de producción en el cooperativismo minero de Bolivia. Poveda, Pablo. 2014. CEDLA. La Paz, Bolivia.

Mayor crecimiento con bajos salarios. Prolongación de la política de explotación laboral - Alerta Laboral 74

Silvia Escobar
Mayor crecimiento con bajos salarios

Prolongación de la política de explotación laboral

Durante el mes de abril el gobierno y la Central Obrera Boliviana se reunieron para negociar el aumento salarial. Dos millones de trabajadores asalariados del país (1.7 millones en las ciudades y 300.000 en el campo) siguieron el curso de los acontecimientos a través de los medios de comunicación, mientras sus principales dirigentes, sin consulta con las organizaciones de base, llegaban a un acuerdo con los representantes del órgano ejecutivo.

Continuando con un enfoque de contención de los costos laborales, la negociación salarial estuvo centrada en la pugna por el porcentaje de incremento anual con referencia a la inflación de la gestión pasada, dejando de lado cualquier consideración sobre el nivel de los salarios y su relación con el valor de la fuerza de trabajo, que no es otra cosa que el costo de los bienes y servicios necesarios para la reproducción material y social de la clase trabajadora en el país. Es decir, la lucha por la mejora de los salarios nuevamente quedó confinada a una sola cuestión: cuánto están dispuestos a perder los trabajadores en un escenario político adverso a sus intereses. Esta vez, mediante el a-cuerdo se estableció un incremento del 20% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y el 10% a la masa salarial de los sectores de salud, educación, policía y fuerzas armadas. El 10% es también un referente para el aumento salarial en el sector privado, cuya aplicación tiene carácter retroactivo a enero de 2014.

CORRELACIÓN DE FUERZAS A FAVOR DEL CAPITAL

De acuerdo con los datos oficiales, en 2013 la tasa de crecimiento económico fue de 6,8% con una proyección parecida para el 2014; el índice de inflación fue del 6,5% y se espera que se reduzca  este año, aunque el aumento de los precios de los alimentos sigue superando en más de cuatro puntos porcentuales al promedio registrado en el índice de precios al consumidor. Comparado con otros momentos, el escenario para la negociación salarial se mostraba más favorable para las demandas de los trabajadores, sin embargo, la correlación de fuerzas permanece del lado del capital.       .

Los últimos datos de las cuentas nacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que los beneficios o ganancias empresariales siguieron ganando terreno a los salarios en la distribución del ingreso nacional, con una tendencia imparable desde comienzos de los años 2000. Este es un indicador que expresa que el crecimiento económico no está beneficiando a la mayor parte de los trabajadores, sino que favorece a la acumulación capitalista en grandes medianas y pequeñas empresas creando una mayor desigualdad social de la que se nutre el empobrecimiento de un alto porcentaje de la población. Un número cada vez mayor de trabajadores recibe apenas el 25% del ingreso generado en la producción, mientras los empleadores se apropian del 52% El porcentaje restante se queda en manos del Estado bajo la forma de impuestos. Es decir, la política neoliberal de contención salarial a favor de la rentabilidad empresarial sigue vigente, expresando el triunfo indiscutible del capital sobre el trabajo y, por lo tanto, que el carácter de clase del Estado no ha cambiado.

Volviendo al resultado de la negociación salarial, si bien el alza del salario mínimo en el 20% mejora su poder adquisitivo, su nivel sigue siendo insuficiente como para considerarlo un salario mínimo vital puesto que apenas re-presenta el 17% del costo de la canasta básica familiar establecida por la COB en 8.300 bolivianos. Además, la influencia que se espera en el aumento de los salarios medios —tal como se señala desde las esferas empresariales— está sujeta a la  aplicación efectiva del incremento a través de la fiscalización estatal, una cuestión que no necesariamente se cumple para los ocupados en las pequeñas unidades económicas, subcontratistas de las grandes y medianas empresas que han proliferado en los últimos años, ni para los ocupados en los puestos menos calificados de los diferentes sectores del mercado laboral o en el servicio doméstico, quienes representan un elevado porcentaje de la fuerza laboral.

A pesar del incremento anunciado, Bolivia seguirá siendo el país con el salario mínimo más bajo de la región. El 2014 llegará nominalmente al equivalente a 207 dólares americanos, un monto inferior al de los países de la comunidad andina el año pasado (Cuadro 1). Con todo, de acuerdo con los datos oficiales, cerca del 40% de los trabajadores en las ciudades de Bolivia gana por debajo del salario mínimo o en torno al mismo (INE, EH, 2012). En estos términos, el efecto distributivo que se atribuye al salario mínimo seguirá siendo muy limitado en el país.

Imagen

Asimismo, el aumento del 10% a la masa salarial, aún en caso de cumplirse en todas las empresas, ni siquiera permitiría acercar su poder adquisitivo al registrado el año 2005. Datos para algunos paí-ses de América Latina muestran que hasta el 2012, en Bolivia y Venezuela el salario medio real (en términos de su poder de compra), seguía por debajo del salario medio registrado nueve años atrás. Si en todas las empresas se verificara el incremento del 8% definido el 2013 más el 10% acordado el 2014, algo que no siempre sucede, el salario medio en Bolivia recién habría recuperado la capacidad de compra que tenía el 2005, o en el mejor de los casos habría crecido en un cierto porcentaje, pero permaneciendo muy por debajo del costo de vida; esta no es más que la expresión del grado que alcanza la explotación laboral en el país como resultado de las políticas que favorecen el abaratamiento de costos laborales como mecanismo para mejorar la rentabilidad empresarial (Cuadro 2).

Imagen

En forma paralela a la contención salarial, siguen empeorando las condiciones laborales para la mayor parte de los trabajadores, entre los que se cuenta a los empleados administrativos, maestros, trabajadores de salud, obreros en general, trabajadores del comercio, del transporte la construcción y los servicios, especialmente los no calificados que llegan a cerca del 60% de la fuerza laboral. Aumentos en la contratación temporal o bajo modalidades que encubren la relación laboral para eludir el pago de beneficios complementarios al salario, prolongación de la jornada laboral, intensificación de los ritmos de trabajo, crecimiento de la parte variable del salario sujeta al cumplimiento de metas definidas por las empresas, trabajo en horas extraordinarias no remuneradas, falta de cobertura de la seguridad social y otros factores, son cada vez más parte de la vida cotidiana de los trabajadores.

En definitiva, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la pérdida de derechos laborales conquistados siguen siendo las vías a través de las cuales los empleadores logran mantener o ampliar sus ganancias, incluyendo los capitalistas emergentes que han encontrado en el uso flexible y desregulado de la fuerza de trabajo y el pago de bajos salarios una vía fácil y rápida para la acumulación de excedentes. A esto contribuye la falta de fiscalización estatal en el cumplimiento de las normas laborales y salariales que repercute en la expansión de relaciones capitalistas con características propias del siglo XIX, pero también la limitada capacidad de resistencia y de movilización de los trabajadores, más todavía cuando las dirigencias burocráticas de los sindicatos representados en la COB han privilegiado sus propios intereses afectando a toda la clase trabajadora del país.

ACUMULACIÓN DE RIQUEZA E INVERSIÓN PRODUCTIVA

El mantenimiento de bajos salarios en la economía ha favorecido el aumento de empleos, aunque en condiciones cada vez más precarias. Estas condiciones han sido ampliamente favorables para la generación de excedentes y la acumulación de riqueza en el país. Sin embargo, los mayores márgenes de beneficio de las empresas (especialmente de las grandes y medianas) no siempre se convierten en inversión productiva para promover un crecimiento sostenible con generación de empleos de calidad. En cambio, la reprimarización de la economía y su orientación exportadora basada en la explotación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo, no ha dejado mejor posicionado al país en el contexto latinoamericano. A pesar de haber alcanzado un ritmo de crecimiento superior al promedio por varios años consecutivos, Bolivia apenas participa con el 0,5% del PIB regional, sigue siendo la economía más abierta al exterior (85%) y la más desindustrializada, puesto que las exportaciones manufactureras del país representan menos del 5% de las ventas externas, marcando una gran distancia respecto al promedio latinoamericano donde la exportación de bienes con valor agregado llega al 44% (Cuadro 3).

Frente a la situación de precariedad salarial, laboral y social que tiende a perpetuarse en un contexto de escasa transformación productiva, la cuestión que se plantea es sí los trabajadores serán capaces de articular y movilizar a la mayoría social en torno a objetivos estratégicos que permitan abrir el camino hacia un nuevo escenario de cambios para avanzar hacia relaciones de producción basadas en la cooperación y la solidaridad, centrando la perspectiva en la satisfacción de las necesidades esenciales de la población, más allá
de la lógica mercantil capitalista.

Imagen

Ni socialista, ni estatista - Alerta Laboral 74

Editorial

EL MAS Y LOS TRABAJADORES

Del dicho al hecho hay mucho trecho. En el escenario actual el refrán popular permite, sencillamente, poner en cuestión la orientación real del actual gobierno.

Tanto el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia como varios voceros gubernamentales, no se cansaron de destacar la alianza política entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno en noviembre de 2013, calificándola de histórica y como una acción que fortalece el “proceso de cambio”. Fueron más allá al señalar que el gobierno actual siempre fue un aliado de los trabajadores por lo que la adhesión de la entidad matriz de los trabajadores era necesaria. En suma el gobierno del MAS habría fortalecido su carácter obrero. ¿Esto es así para los trabajadores?

Continúa fresca en la memoria, del pueblo, la represión de los compañeros indígenas del TIPNIS que develó la orientación anti indígena del MAS, cuando propios y extraños proclamaron, a los cuatro vientos, la existencia en el país del primer gobierno indígena y campesino.

De manera similar, la clase trabajadora movilizada ante la serie de conculcaciones de sus derechos y la profundización de la precariedad laboral, evidenció y evidencia una y otra vez la orientación anti obrera del régimen de Morales. No otra cosa significa la vigencia de un sistema de pensiones de corte neoliberal, la continuidad de prácticas de flexibilización laboral, la vigencia de una política de contención salarial, la criminalización de la huelga y de la protesta laboral y el permanente acecho gubernamental para controlar, cooptar y dividir a las organizaciones sindicales. Está muy claro que eso del “gobierno de los trabajadores” es un eslogan usado por las burocracias sindicales que aprovechan la oportunidad de proyectarse electoralmente y obtener logros sectoriales o personales.

El reciente acuerdo COB - gobierno de incremento salarial es una prueba más de lo mencionado, que no sólo ratifica la política de contención de salarios, sino fundamentalmente, ahonda la precaria situación económica de los trabajadores y de sus familias, tal como se destaca en esta nueva entrega del Alerta laboral.

Más claro aún es posible concluir, del análisis de la nueva ley de minería aprobada en días recientes, la verdadera orientación política del gobierno de Morales. Una ley que apunta a fortalecer a las empresas transnacionales como actores protagónicos en la minería y la alianza política del gobierno con las cooperativas mineras en busca de ampliar sus beneficios.

En este escenario adverso, los trabajadores y sectores populares del país tienen la palabra, considerando sus capacidades de articulación y movilización para transformar las condiciones económicas y sociales actuales.

Javier Gómez Aguilar

DIRECTOR EJECUTIVO

CEDLA

PrevisualizarAdjuntoTamaño
alerta_laboral_74.pdf2.29 MB

Control Ciudadano Nº 24 - Ley Minera del MAS privatista y anti-indígena - Abril de 2014

ShareThis

En pleno debate sobre el tema de la Ley de Minería, los conflictos con los cooperativistas y la intención del gobierno en aprobar la misma el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario presenta el documento “Naturaleza y orientación del proyecto de Ley Minera” escrito por el investigador Carlos Arze.

La investigación describe, entre otros puntos importantes, la posibilidad abierta para los cooperativistas en la realización de contratos con empresas extranjeras cuya inversión convierte la nacionalización, y sus beneficios, en otro fruto del cual no podremos comer.

La preminencia de los derechos mineros y la denominada utilidad pública sobrepasan los logros alcanzados por los pueblos indígenas en sus Tierras Comunitarias de Origen, sus recursos y aún su agua.

Le invitamos a leer atentamente el estudio sobre este tema.

PrevisualizarAdjuntoTamaño
Control_ciudadano 24.pdf865.84 KB

cedla.org en Facebook